Condenan al Estado colombiano por tortura psicológica y seguimientos a la periodista Claudia Julieta Duque

El Consejo de Estado condenó este miércoles a la Nación, tras hallarla responsable de la tortura psicológica, las amenazas, los exilios forzados, las interceptaciones ilegales y la persecución contra la periodista Claudia Julieta Duque y su familia, por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), en hechos ocurrido entre los años 2001 a 2010.

En uno de los apartes del fallo de 70 páginas del Consejo de Estado se indicó que: “es inadmisible y censurable la existencia de este tipo de actuaciones, que se extendieron sobre aquellas personas a las que consideraban opositoras al Gobierno nacional de la época y que marcaron la comisión de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y derecho internacional humanitario ―desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, masacres, etc.―”.

Vale destacar que Claudia Julieta Duque, periodista que trabaja como corresponsal de Radio Nizkor en Colombia, fue amenazada, torturada psicológicamente y víctima de otros delitos, teniendo en cuenta que realizó una investigación en el año 2000 sobre el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón Forero.

“Está probado en el proceso que la señora Claudia Julieta Duque Orrego y su hija fueron sometidas a amenazas, seguimientos, interceptaciones ilegales, torturas psicológica y labores de inteligencia entre 2001 y 2010 y que, como consecuencia de ello, sufrió estrés postraumático crónico con características agudas asociado a manifestaciones ansiosas, depresivas y psicosomáticas”, también se indicó en la decisión del Consejo de Estado.

Tras la decisión del alto tribunal, la periodista se pronunció a través de su cuenta en Twitter: “El Estado colombiano es responsable por la tortura psicológica, las amenazas, la persecución, los exilios y las interceptaciones ilegales a las que fuimos sometidos mi familia y yo”.

Exjefe de inteligencia del DAS deberá seguir compareciendo ante la JEP

El exdirector de inteligencia del DAS, Enrique Alberto Ariza Rivas, deberá seguir compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así lo estableció la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de ese tribunal, que no aceptó la solicitud de renuncia presentada por el exfuncionario.

Ariza Rivas, que tiene una condena vigente por su participación en el denominado escándalo de las chuzadas, había manifestado su interés de comparecer ante la JEP como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública. Sin embargo, poco después manifestó su intención de renunciar.

En el estudio del caso, la Sala de Definición rechazó la petición, poniéndole de presente que la misma JEP proscribe de plano la posibilidad de que los comparecientes y voluntarios tengan la facultad de elegir sustraerse de la competencia de dicha Jurisdicción.

El hecho de admitir la renuncia afectaría ―señala la JEP― de manera desproporcionada los derechos de las víctimas y comprometería la misión que la Constitución y las leyes le han asignado a la JEP. Debido a esto, la figura que utilizó Ariza está totalmente prohibida.

En abril de 2016 se confirmó la captura en los Estados Unidos del exdirector de Inteligencia del DAS, quien llevaba más de diez años prófugo de la justicia. Durante este tiempo fue juzgado como reo ausente y se emitió una condena de ocho años de prisión por su responsabilidad de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores y receptores por el escándalo de las “chuzadas”.

Según la investigación de la Fiscalía, Areiza coordinó el grupo G-3 del DAS, que fue creado de manera clandestina para adelantar seguimientos e interceptaciones ilegales a un grupo predeterminado de personas que fueron catalogadas como “objetivos” por parte de altos funciones de la Presidencia de la República y las directivas del DAS en el año 2007.

En abril de 2017 fue deportado a Colombia para que siguiera respondiendo en el proceso por tortura psicológica contra la periodista Claudia Julieta Duque. En el escrito de acusación por el delito de tortura agravada, que emitió la Fiscalía General en su contra, se advierte que desde el organismo de inteligencia se ejecutaron acciones en contra de la comunicadora.

Desde el 2001, la periodista empezó a ser víctima de seguimientos, amenazas telefónicas, sufragios y presiones por parte de agentes del DAS después que, en diferentes reportajes, los vinculara de participar en el plan para desviar la investigación por el asesinato del periodista y humorista político Jaime Garzón Forero, registrado el 13 de agosto de 1999.

En varias llamadas a su domicilio le informaban sus movimientos y los de su hija menor de edad, incluso le dieron detalles sobre la forma en cómo estaban vestidas y los lugares a los que habían asistido. Debido a esto se vio obligada a salir del país. Estas acciones afectaron gravemente su salud y calidad de vida.

Por estos hechos enfrentan un proceso el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez ―quien ya fue condenado por las chuzadas y el crimen de Jaime Garzón―, así como a los exdirectores de Inteligencia de ese organismo, Giancarlo Auqué de Silvestri, Enrique Ariza Rivas y Carlos Alberto Arzayúz Guerrero, quien además fungió como jefe de la Oficina de Control Interno que tuvo a su cargo las primeras investigaciones por el acoso a Claudia Julieta y decidió archivarlas.

El exdetective del G-3 Ronald Harbey Rivera Rodríguez y Édgar Rodríguez Ovallos aceptaron su participación en las llamadas intimidantes a la comunicadora.