Confesión de las FARC: dos teorías sobre el magnicidio de Gómez Hurtado que pierden peso

El magnicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado no logró ser esclarecido en los últimos 25 años. Todos los fiscales que tuvo el país desde entonces le dieron crédito a todo tipo de hipótesis, menos a la posibilidad de que detrás del crimen estuvieran las FARC.

Por esa razón, la confesión de la guerrilla de ser las autoras de dicho crimen patea por completo el tablero de todas las investigaciones realizadas hasta ahora y va a obligar a la JEP a esclarecer por completo lo que ocurrió el 2 de noviembre de 1995, cuando Gómez Hurtado fue asesinado al salir de dictar clase en la Universidad Sergio Arboleda en el norte de Bogotá.

Si las FARC revelan más detalles y logran comprobar que fueron efectivamente las autoras del magnicidio, se vienen bajo las principales hipótesis que manejaron la familia Gómez, la Fiscalía y el expresidente Samper. La gran duda ahora es saber si las FARC actuaron solas.

Tesis uno: la responsabilidad de Samper y Serpa en el crimen

La teoría de la familia Gómez Hurtado involucra a Samper y a su ministro del Interior, Horacio Serpa, con el crimen. Se dice que el fiscal Gabriel Jaimes ha sido uno de los promotores de esta tesis.

Antes de llegar a la Fiscalía, Jaimes fue la mano derecha de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría. En ese cargo tuvo contacto con Enrique Gómez Martínez, sobrino del líder asesinado, y le dio credibilidad a la versión de la familia. Según esta, Samper y Serpa utilizaron al cartel del Norte del Valle para silenciar la voz crítica de Álvaro Gómez durante el proceso 8.000. Esa teoría fue esbozada por el narcotraficante extraditado alias Rasguño en un testimonio considerado débil por inconsistencias.

Esta versión del crimen de Estado fue tomada por la familia Gómez de lo que decía en esa época Fernando Botero, el exministro de Defensa de Samper. Cuando el fiscal Gabriel Jaimes pasó de la Procuraduría a la Fiscalía, siguió dándole credibilidad a la teoría del crimen de Estado. El entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, pronto lo trasladó a un cargo menor en Fusagasugá, sin que se supiera por qué. Después, cuando llegó el nuevo fiscal Francisco Barbosa, no solo lo rescató, sino que lo volvió el tercer hombre más poderoso del búnker.

La teoría de la conexión Samper-Serpa-cartel del Norte del Valle es la que hasta ahora se había convertido en la hipótesis predominante dentro de la investigación. Como Samper tiene fuero, su juez natural es la Comisión de Acusación de la Cámara. El único investigado en la Fiscalía es Serpa, aunque la familia Gómez pretende que también lo sea el entonces director del DAS, Ramiro Bejarano, a quien señalan de hacer seguimientos a Gómez Hurtado. Las cosas estaban en eso cuando apareció Piedad Córdoba diciendo que ella sabe quién mató a Álvaro Gómez. Al principio, nadie le creyó y los Gómez lo interpretaron como una maniobra para salvar a Samper y Serpa.

Teoría dos: el golpe de Estado contra Samper

La confesión de Lozada también desbarata la tesis que venía promoviendo Samper. Él llevaba años sosteniendo que a Gómez Hurtado lo habían matado un grupo de militares golpistas por su negativa a participar en el intento de tumbarlo. La mitad de su teoría resultó verdad y la otra mitad falsa. Intento de golpe sí hubo, pero la muerte de Gómez no tuvo nada que ver con eso.

Sobre la conspiración para sacar a Samper de la Casa de Nariño, no hay duda. La principal fuente es el entonces embajador de Estados Unidos, Myles Frechette, quien contó en un libro del periodista Jorge Gómez Pinilla que fue abordado por unos conspiradores antisamperistas para ese propósito y rechazó de plano tal posibilidad. Asimismo, una persona de tanta credibilidad como el líder empresarial Hernán Echavarría dijo que conoció del plan golpista, pero se negó a participar.

Tal vez, la mayor la prueba al respecto es que en un allanamiento que se le hizo a Rommel Hurtado, quien había sido secretario privado de Álvaro Gómez, se encontró un manifiesto titulado ‘Acta del poder constituyente’ (ver aquí en semana.com). Se trataba de un documento de diez páginas en el que se enumeraban los pasos para el cambio de gobierno a través de una junta militar que convocaría a elecciones seis meses después.