Confesiones, corrupción e irregularidades; la controversial sesión detrás de los pagos del Estado a las EPS por afiliados

Con toda la controversia que ha dejado esta semana las decisiones del Gobierno nacional sobre el sistema de salud, casualmente la Corte Constitucional citó a una sesión para hacerle seguimiento al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que anualmente le transfiere el Estado a las EPS por cada uno de los afiliados.

Pero el panorama que salió a flote fue el que ya habían alertado EPS como Sanitas, Compensar y Sura hace un año, con la insuficiencia de esos recursos para los años 2022 y 2023. Finalmente, el Gobierno confesó en plena diligencia que la UPC se debe revisar, porque el mayor porcentaje de ese presupuesto se lo están llevando los pacientes con enfermedades de alto costo y crónicas.

“Sí hay necesidad que se revise la UPC, pero por eso nosotros pretendemos que no exista UPC de régimen contributivo, porque desde ya las enfermedades de alto costo se están llevando casi el 20 % de los recursos, a pesar de que el esfuerzo de este gobierno se ha transferido al pago de la UPC”, admitió el ministro Guillermo Jaramillo.

Justo esa falta de recursos fue una de las causas principales de que el sistema de salud colapsará en los últimos días, y terminó en la intervención a Sanitas, a la Nueva EPS, y hasta pidiendo una solicitud voluntaria de liquidación de Compensar por la crisis financiera que atraviesa. Pero a pesar de que el Gobierno ya había sido alertado de esa situación hace un año, hasta ahora es que reconoce que el presupuesto que giraba no era suficiente.

De hecho, Acemi, el gremio de las EPS, advirtió hace pocos días que por lo menos desde hace tres años las Entidades Promotoras de Salud vienen gastando más de lo recibido por la Unidad de Pago por cada paciente, pero a la crisis también se suma la demora en los pagos de los presupuestos máximos.

Además de la desfinanciación en la que estarían las EPS por esa insuficiencia en el pago de cada afiliado, la Contraloría reveló otro hueco, pero de corrupción, por donde se estarían yendo billones de recursos destinados para la salud de los colombianos, y que terminan en pésimos manejos que se suman al “colapso del sistema de salud”, como lo afirmó el propio ministro Jaramillo.

El contralor Carlos Mario Zuluaga reveló que dentro de los hallazgos se ha detectado el pago de horarios que ni siquiera se han trabajado y hasta el pago de implementos que no se necesitan dentro de un plan de salud. “Los informes que presentamos hoy dan cuenta de que hemos proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de IPS, hemos tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud, específicamente de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”, aseguró Zuluaga.

Ante esa revelación salió la frustración del magistrado José Fernando Reyes, el presidente de la Corte Constitucional, quien le dio un fuerte regaño a la Fiscalía, a la Superintendencia de Salud y a la propia Contraloría por la falta de avances en las investigaciones por los graves casos de corrupción que están causando un grave detrimento patrimonial para el sistema de salud de todos los colombianos.

“Todo muestra que usted no investiga, no hay ni una sola persona imputada por corrupción en el sistema de salud (...) A mí me asombra y me asombra muchísimo las muy bajas, raquíticas, cifras de la Fiscalía. No hay un solo proceso que esté, siquiera en etapa de imputación, todas están en estado inactivo o en indagación, es decir no hay una persona sometida a un proceso, a mí me asombra”, aseveró el magistrado Reyes.

Las fuertes críticas del presidente de la Corte Constitucional se dieron después de que el fiscal delegado para Seguridad Territorial, Luis Pinilla, informó que desde el año 2020 se tiene apenas una investigación en la contratación del Hospital Universitario de Santander y 63 noticias criminales por el uso indebido de la UPC.

Esos pobres resultados fueron los que despertaron la indignación de la Corte, que se suma a la grave crisis que a traviesa el sector de la salud, tras la intervención del gobierno a Sanitas, a la Nueva EPS y la solicitud de Compensar para que se liquide de manera voluntaria frente a la difícil situación financiera.

Sin embargo, el Gobierno buscó una reunión con el presidente de Compensar para tratar de salvar a la entidad, y hasta la procuradora delegada para la Salud, Diana Ojeda, manifestó que espera que esa liquidación voluntaria no se dé, porque el gran interrogante sería a dónde van a parar los más de dos millones de afiliados de esa EPS.

La procuradora Ojeda, quien también estuvo en la Corte Constitucional, reiteró que tras la inspección a la SuperSalud para verificar el soporte que se tuvo para ordenar la intervención a Sanitas y a la Nueva EPS, no se encontró ninguna justificación para que se adelantará ese acto administrativo.

“A nuestro modo de ver, ninguno, porque en septiembre la certifican (a Sanitas) por cinco años más y a principio de abril la intervienen, y la Procuraduría, en el ejercicio de sus funciones, estuvo buscando las razones técnicas de esa intervención y no se encontraban a disposición de la Procuraduría”, dijo Ojeda.

Todo este complejo panorama se sumó a las graves advertencias que hizo durante la sesión el presidente de la Adres, Félix León Martínez, al indicar que los “presupuestos máximos” se están concentrando en atender a personas que pagan planes complementarios o medicinas prepagadas, mientras que la mala destinación de las UPC se han convertido en un “saqueo para el sistema de salud”.