Nación
Confirman condena contra coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por desaparecidos del Palacio de Justicia
La decisión fue proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Estos fueron los argumentos para confirmar el fallo de primera instancia.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena de 40 años de prisión que se había proferido en contra del excomandante de inteligencia del Ejército, el coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, por haber estado involucrado en la desaparición de varias personas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en Bogotá, en noviembre de 1985. Sánchez era investigado puntualmente por la desaparición forzada de varias personas como Carlos Augusto Rodríguez Vera, Irma Franco Pineda, y Bernardo Beltrán Hernández.
En 2016, el juez 52 penal del Circuito de Bogotá, condenó en primera instancia a 40 años de cárcel al coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano por su responsabilidad en la desaparición de civiles que tuvo lugar en esa época.
Justamente, el mismo monto de la pena se profirió contra el mayor (r) Óscar William Vásquez, quien, como Sánchez, había sido vinculado a la investigación por estos delitos desde el 2006. El coronel (r) fue hallado responsable de la desaparición del administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, y la de Bernardo Beltrán, quien por esa época trabajaba en ese mismo establecimiento.
El mayor (r) Vásquez también fue declarado responsable de la desaparición de estas dos personas y de la guerrillera Irma Franco. En la misma decisión fueron absueltos los sargentos (r) Ferney Causayá, Luis Fernando Nieto y Antonio Rubay Jiménez, quienes, al igual que sus dos excompañeros condenados, integraban el B-2 de la Brigada XIII del ejército.
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En este caso, señala el fallo conocido por SEMANA, sobre los desaparecidos que: “la conducción de estas personas a dichos lugares no fue informada en los registros de actividades entregados por Sánchez Rubiano, lo que denota un interés por ocultar lo sucedido con estos sobrevivientes, y además tal tesis explicaría que no haya existido guerrilleros judicializados o sobrevivientes, pues la agresividad y contundencia de la actuación de las Fuerzas Militares ante cualquier posible enemigo era clara”.
Y agrega que “se corroboró el traslado de Irma Franco a instalaciones militares, donde fue sometida a fuertes interrogatorios y torturas”.
Los cinco exuniformados estaban en el ojo del huracán investigación que adelantaba la Fiscalía desde hace casi una década. La entonces llamada ‘fiscal de hierro’, Ángela María Buitrago, los consideraba sospechosos de los actos de desaparición que se produjeron tras la toma del Palacio de Justicia, por ser ellos los responsables de cumplir labores de interrogatorio a las que habrían sido sometidas los empleados de la cafetería.
Señala el fallo además que: “Sánchez Rubiano y Vázquez Rodríguez participaron en tareas de inteligencia, identificación y manejo de liberados, así como en labores administrativas para otros efectivos, mientras que Nieto Velandia se encargó de identificarlos e interrogarlos puesto que era quien más tenía información del M-19, ya que este era su blanco”.
En su momento, cuando se conoció la decisión de primera instancia, se advirtió que según la información recolectada por la funcionaria, los responsables de tareas de inteligencia, como el B-2 y el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (Coici), eran lo encargados de verificar si entre los rehenes que eran trasladados al lugar donde funcionaba el centro de mando del operativo eran guerrilleros o probables colaborados de la insurgencia.
Hace varios años, los cinco procesados fueron vinculados al caso. Sin embargo, sólo a finales del 2008 empezaron a ser juzgados. Eso significa que el juicio tardó cerca de siete años.
Además, estuvo a cargo de tres despachos judiciales distintos El proceso se inició ante la juez 51 Penal del Circuito de Bogotá, Cristina Trejos, la misma que juzgó y condenó en primera instancia al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales y que absolvió al general (r) Iván Ramírez Quintero. Después de casi tres años de juicio, Trejos se vio obligada a marginarse del proceso. Lo hizo tras declararse impedida por haber juzgado al general (r) Arias.
