Confirman planes del ELN para asesinar a María Fernanda Cabal y al general (r) Zapateiro. Gobierno Petro tenía la información hace dos meses

El abogado Víctor Mosquera aseguró que, gracias a fuentes de inteligencia en el extranjero, se tiene la certeza de que existen planes de la guerrilla del ELN para asesinar a la senadora María Fernanda Cabal y al general (r) Enrique Zapateiro. Por esta razón, este viernes, Mosquera presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medida cautelar para que se les garantice su seguridad y la de sus familiares.

De acuerdo con la denuncia, el Gobierno nacional tenía conocimiento del plan criminal del ELN desde hace más de dos meses. El abogado Víctor Mosquera asegura que las fuentes de inteligencia extranjeras que confirmaron la planeación de los atentados le entregaron esta información directamente a la inteligencia del Ejército Nacional, sin que se adoptara medida alguna para evitarlo.

SEMANA conoció que la defensa de la senadora Cabal y del general (r) Zapateiro también sostuvo una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para darle a conocer estas denuncias. También se reunirá con miembros del partido Republicano en Washington.

Ante las amenazas contra su vida, la senadora María Fernanda Cabal y el general (r) Zapateiro se han visto obligados a restringir y modificar sus movimientos. Asimismo, sus familiares han tenido que huir al exterior. De acuerdo con esas mismas fuentes de inteligencia, al igual que en el atentado que se estaba planeando contra el fiscal general Francisco Barbosa, el ELN, a través de alias ‘el Rolo’, ya venía adelantando seguimientos en contra de los allegados y familiares, con el fin de ejecutar sus planes criminales.

Los planes del ELN para asesinar al fiscal general Francisco Barbosa

“El presidente de la República me informó que no sabía, y si el presidente no sabía, entonces quién”. De esta manera, el fiscal Francisco Barbosa explicó que tiene información del mal manejo que le habría dado el Ejecutivo al atentado en su contra, pese a que fue verificado por tres fuentes diferentes, una de ellas desde el mismo Ejército, de las intenciones del ELN de matarlo.

“Si él no sabe, significa que hay un descontrol en el manejo de la información en el Ejecutivo. Y con eso me parece que se está jugando con la vida mía, la de mi familia, la de los colombianos. Colombia debe ser una potencia mundial de la vida, pero aquí parece que la mía no la tuvieron en cuenta”, dijo el fiscal Barbosa, luego de un encuentro en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicitó medidas cautelares.

Adicionalmente, señala la Fiscalía, la campaña de criminalización en contra del fiscal Barbosa, materializada en más de 100 denuncias temerarias, entre otros hechos, por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Es importante recordar que fue el propio fiscal Barbosa quien se negó a levantar las órdenes de captura contra miembros de este grupo armado ilegal, por considerar que la solicitud elevada por el Gobierno nacional no se ajustaba a las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

En la solicitud de medidas cautelares, el jefe del ente investigador colombiano se reunió con la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi; la secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos, María Claudia Pulido, y el secretario ejecutivo adjunto para el Sistema de Peticiones, Casos y Soluciones Amistosas, Jorge Meza Flores. En los diferentes encuentros se abordaron temas de afectaciones a los Derechos Humanos.

La denuncia de Barbosa ante la CIDH

El fiscal general Francisco Barbosa no está dispuesto a dar su brazo a torcer ante las amenazas del ELN de atentar contra su vida. Además de hacer público este plan criminal y establecer una reunión de alto nivel con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y la cúpula militar, en la que se ventiló el caso y acordaron tomar medidas urgentes y extremas para proteger su vida y la de su familia, llevó su caso a escenarios internacionales.

Por eso, radicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares “a su favor y de su núcleo familiar, con el fin de que se le garanticen los derechos a la vida, honra, integridad personal y dignidad”.

La solicitud de medidas cautelares incluye la garantía de las condiciones de seguridad necesarias para continuar desarrollando con autonomía e independencia sus funciones como fiscal general de la nación hasta la terminación de su periodo, el próximo 12 de febrero 2024, sin ser objeto de actos de intimidación, hostigamiento o amenazas, así como cuando termine su ejercicio en el cargo.

Y es que el fiscal llegó a la CIDH con un grueso expediente con el que argumentó los riesgos para su vida y la de su familia. El primero, claramente, el plan criminal del ELN para asesinarlo. Pero no se guardó nada y aprovechó para poner sobre la mesa que, luego de hacer la denuncia y de que esta fuera corroborada por tres fuentes de inteligencia diferentes, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, desestimó la gravedad del plan de la guerrilla que está supuestamente negociando la paz con el Gobierno.

Además, Barbosa denunció lo que considera una “campaña de criminalización” que fue argumentada con 100 denuncias “temerarias” entre otros hechos por sedición, “traición a la patria”, abuso de autoridad, prevaricato, falsas alianzas con grupos paramilitares como las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo.

Pero en esta ocasión, el fiscal fue más allá y no solo planteó la gravedad de un intento de matarlo, también expuso la conflictiva relación que ha tenido con funcionarios del Estado y con el mismo presidente Gustavo Petro.

“Campañas de desprestigio en redes sociales en contra del fiscal general de la nación por parte de sectores sociales y políticos del Estado, que a través de cuestionamientos buscan obstaculizar e impedir el ejercicio autónomo e independiente del ente investigador y acusador. Estos hechos se han materializado en agresiones institucionales, como manifestaciones que terminan en actos de vandalismo contra los bienes públicos de la entidad”, señala la Fiscalía.

El interés del fiscal Barbosa no es otro que proteger su vida y la de su familia, así lo planteó en la reunión de alto nivel, en la que es necesario que “exista la suficiencia de medidas que garanticen la protección a sus derechos fundamentales y los de su grupo familiar”.

El plan criminal

El ELN planeó en Venezuela un atentado terrorista para asesinar al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Según tres fuentes distintas, una de ellas de inteligencia militar, la reunión se desarrolló en julio pasado en el vecino país y en ella participaron cinco altos mandos de esa organización criminal.

El encargado de organizar el atentado contra Barbosa es alias El Rolo, integrante de un frente urbano del ELN. SEMANA conoció, con fuentes de inteligencia, que el grupo terrorista estaría entrenando a varios hombres en manejo de drones y el ataque se realizaría con un francotirador.

Según las primeras pesquisas y averiguaciones de las autoridades, El Rolo presenta reportes sospechosos de transacciones superiores a los 3.000 millones de pesos, tal y como sucedió con los movimientos de dinero detectados tras el atentado terrorista contra la Escuela de Cadetes General Santander en 2019.

Otros involucrados en el plan macabro para matar al fiscal serían Jaime Galvis, alias Ariel, y alias Gonzalo Satélite, ambos del frente Luis Enrique León Guerra.

El fiscal Barbosa ha dado una férrea batalla para evitar que haya impunidad con narcotraficantes y otros criminales con la ‘paz total’ del Gobierno Petro.

SEMANA conoció que la información del plan terrorista para atentar contra Barbosa ya fue puesta en conocimiento de la Fiscalía.

Este martes, la Fiscalía emitió un comunicado confirmando la información:

El fiscal Francisco Barbosa da un no rotundo a la política antidrogas del Gobierno Petro: “No lucha contra el narcotráfico”

La posición de la Fiscalía de cara al Consejo de Política Criminal, en el que se expondrá la nueva política antidrogas del Gobierno nacional, es clara y sin dudas. El fiscal Francisco Barbosa advirtió que votará de forma negativa esa iniciativa del Gobierno, tras advertir que no dice nada sobre la lucha contra el narcotráfico.

De acuerdo con el jefe del ente acusador, es la primera vez, en 30 años, que la Fiscalía votará negativamente a la política antidrogas del Gobierno nacional, básicamente por considerar que le deja el camino libre a los narcotraficantes. Según el fiscal, la política que plantea el Gobierno es espuria en contenido y fuerza.

“Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que tiene que tener una política en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, señaló el fiscal.

Según el fiscal, la política que presentó el Gobierno nacional no incluye elementos de juicio y acción en la lucha contra el narcotráfico. Aunque dicha política advierte sobre el tratamiento con pequeños cultivadores, deja por fuera toda la cadena criminal del narcotráfico y sus principales protagonistas, algunos de los cuales buscan pista en la llamada ‘paz total’.

“Explica ampliamente que la lucha contra las drogas no debe tener una persecución a cultivadores y consumidores, [con] lo cual estamos de acuerdo, pero no desarrolla ninguna política, ni acción del Estado contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Hasta el último minuto de mi ejercicio como fiscal, seguiremos cumpliendo y ejerciendo las competencias en los diferentes campos”, anticipó el fiscal a la reunión con el Gobierno y otras autoridades.

Previamente, el fiscal también envió al Consejo Nacional de Estupefacientes su concepto negativo a la Política Antidrogas del Gobierno. Advirtió, en mayúsculas, su desaprobación a la propuesta del Gobierno para luchar contra los criminales dedicados al narcotráfico. En su criterio, esa política no satisface las necesidades de contrarrestar toda la cadena del tráfico de estupefacientes.

“Se evidencia que uno de los propósitos de la Política es el de debilitar a las organizaciones narcotraficantes”. Una de las ideas claves es que “las acciones represivas deben enfocarse en el debilitamiento de las capacidades de las organizaciones criminales asociadas al narcotráfico (...)”. En realidad, los ejes que componen la Política no contemplan objetivos, estrategias ni acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales”, señala el concepto negativo de la Fiscalía.

El Consejo de Política Criminal reúne al Gobierno con las autoridades encargadas de la seguridad y la investigación criminal del país; por ello, resulta determinante la posición de las entidades protagonistas; por ejemplo, en la lucha contra las organizaciones al margen de la ley, entre ellas, las dedicadas al narcotráfico. La reunión se realizará este lunes 17 de julio en Bogotá.

“En conclusión, se desaprueba la política propuesta, en tanto el documento corresponde a un plan social y ambiental, pero que dista de ser una política nacional que establezca lineamientos, estrategias y acciones claras que evidencien el compromiso del Estado en la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales que se lucran de ese fenómeno criminal y afectan la seguridad en los territorios”, finaliza el documento con la firma del fiscal.