Conflicto armado | Contraloría advierte que se necesitan 301 billones de pesos para reparar a las víctimas

Una fuerte advertencia hizo la Contraloría General de la República por las cifras de reparación a las víctimas del conflicto armado. Pese a que desde la puesta en marcha de la Ley de Víctima se había fijado un plazo, lo cierto es que por el momento es imposible cumplir con lo que se había prometido.

Según los cálculos dados a conocer este lunes, son necesarios 301 billones de pesos para cumplirle a todas las víctimas del país para el año 2031. El organismo de control fiscal señaló que existe una baja asignación de subsidios y entrega de viviendas a la población víctima de desplazamiento forzado, por poner un claro ejemplo.

Frente a esta situación, la Contraloría le pidió al Gobierno que realice un costeo detallado los recursos que serían necesarios para cumplirle a los pueblos indígenas, afrocolombianos y gitanos que han sido víctimas del conflicto armado interno, y así ejecutar cada una de las medidas contempladas en la Ley de Víctimas y los Decretos Leyes Étnicos.

“Los recursos ejecutados entre el 2012 y 2021, por 146 billones de pesos, los programados en el Conpes 4031 de 2021, por 142 billones de pesos, resultan insuficientes para la atención y reparación de las más de 9 millones de víctimas que hoy tenemos en Colombia”, explicó la vicecontralora general encargada, Lina María Aldana, luego de hacer esta advertencia en su intervención en la presentación, con la Procuraduría General y la Defensoría del Pueblo, de los informes de seguimiento y monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Decretos Leyes Étnicos.

En uno de los apartes del informe presentado se señala que para indemnización individual y colectiva son necesarios $ 74 billones, para vivienda: 53 billones de pesos, en generación de Ingresos cerca de $15 billones y a para todo lo relacionado con retornos y reubicaciones se requieren $13 billones.

El organismo señala que es insuficiente la oferta de vivienda para víctimas del desplazamiento. En el 2020, el indicador del goce efectivo de este derecho fue insuficiente, con 20% para un universo de 2.398.692 hogares urbanos, y 15% para 861.367 hogares rurales. En el CONPES 4031, de 2021 hasta 2031, se prevé la asignación de solo 121.000 subsidios de vivienda urbana y 49.929 de vivienda rural.

En la presentación del informe se manifiesta que existe una baja asignación de subsidios y entrega de viviendas a la población víctima de desplazamiento forzado: entre 2012 y 2021 se asignaron 109.464 subsidios para vivienda urbana y 35.265 para vivienda rural, de los cuales se presenta un rezago de viviendas por entregar del 13% en el área urbana y del 61% en el área rural. Se necesita una política de generación de ingresos para víctimas

Frente a la generación de ingresos para las víctimas, la Contraloría ve necesario implementar una política de generación de ingresos y empleabilidad para la población víctima. Más de 4 millones de víctimas están en situación de pobreza (Sisbén IV).

En 2021, se registraron tasas de pobreza monetaria y pobreza extrema superiores a la tasa nacional, en 11 y 6 puntos porcentuales, respectivamente, de acuerdo al DANE. Necesidades en Educación Superior En Educación superior, se encuentra que la demanda de más de 413 mil víctimas calculadas por la CGR para los próximos diez años, supera la capacidad y recursos asignados. La CGR estimó un esfuerzo fiscal requerido de $5,8 billones. Entre 2013 y el 2021, de 146.435 solicitudes de crédito realizadas al Fondo de Educación Superior para Víctimas, se aprobaron por disponibilidad de recursos solo 7 %.

Y entre 2019 y marzo de 2022, por el programa Generación E, 18.450 jóvenes víctimas fueron beneficiarios con una inversión de $ 74 mil millones. Rezago en reparación de pueblos étnicos Sobre los Decretos Leyes Étnicos, la Contraloría reiteró lo señalado en anteriores informes sobre la necesidad a ajustar el CONPES 4031 de 2021, dado que el mismo no incluyó la totalidad de las medidas para los pueblos étnicos ni consideró los universos que deben ser atendidos en los próximos 10 años.

Según cálculos de la Contraloría General de la República, para la implementación de las cuatro medidas esenciales para la reparación de los pueblos étnicos, se requerirían aproximadamente $ 3,4 billones, por lo que el organismo de control formuló un llamado al Gobierno nacional para que realice un costeo detallado los recursos que serían necesarios para cumplirle a los pueblos indígenas, afrocolombianos y gitanos que han sido víctimas del conflicto armado.

Entre 2018 y 2022 se ha indemnizado colectivamente al 9% de los Sujetos de Reparación afrocolombianos y al 12 % de los Sujetos de Reparación indígenas por un valor total de $ 19 mil millones, lo cual evidencia el rezago del Estado en el cumplimiento de esta obligación y la baja dinámica de los pagos.

Por ejemplo, en 2021 solo fue indemnizado un resguardo indígena y seis consejos comunitarios. El 98 % de los planes de retorno y reubicaciones étnicos se encuentra en actualización, debido a la expedición unilateral, por parte de la Unidad para las Víctimas, del protocolo de retornos y reubicaciones para comunidades étnicas. Según la Contraloría, esto ha significado una vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada, el estancamiento en el cumplimiento de los planes y la reversión de medidas que previamente se habían concertado con las comunidades afectadas.