Congresista propone acabar con el ESMAD

No son los mejores días para la Policía. En las últimas horas su director nacional, el general Rodolfo Palomino, quedó envuelto en un escándalo por presunto acoso sexual y dejó en manos del presidente de la República su permanencia en el cargo. Ahora, en el Congreso de la República, denuncian presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de miembros del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD).

Alirio Uribe, representante a la Cámara del Polo, ha documentado los casos en los que se ha evidenciado extralimitación de funciones por parte de integrantes de este escuadrón a la hora de controlar paros y manifestaciones sociales, así como en las diligencias de desalojo de viviendas, en donde son utilizados con relativa frecuencia.

Por eso, el congresista le pide al Gobierno que desmonte el ESMAD y, en su lugar, conforme un cuerpo civil de mediación de conflictos, con presencia nacional, y la capacidad de mediar en las situaciones de protesta con un enfoque preventivo, pero desprovista de cualquier tipo de armamento. Tal petición la sustenta en los numerosos casos de presuntas arbitrariedades que se han registrado en el país.

Según el congresista, y a partir de las bases de datos del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre el 2002 y el 2014 se registraron 448 casos de agresiones donde presuntamente están involucrados miembros del ESMAD.

De ellos, 137 casos corresponden a personas heridas, 91 a detenciones arbitrarias, 107 a casos de amenazas colectivas e individuales, 13 de ejecuciones extrajudiciales, y dos de violencia sexual, además de afectaciones a bienes civiles.

De los 448 casos de agresiones el departamento que más casos reportó fue Boyacá, con 115 casos, seguido de Santander, con 71; Huila, con 52, y Bogotá, con 38 casos, lo que da como resultado que en tan solo estos cinco departamentos se concentraron 310 agresiones entre l 2002 y el 2014.

Según la base de datos consultada por Uribe, en estos 448 casos se reportaron en total 3.950 víctimas de agresiones como amenazas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, entre otros delitos, producto del presunto exceso de fuerza del ESMAD. El departamento que más registró víctimas fue Cauca, con 2.082 víctimas, seguido del Valle del Cauca, con 680, y Santander, con 335.

Uribe hace énfasis en el paro agrario del 2013, donde el ESMAD fue uno de los principales cuerpos desplegados para contener las manifestaciones sociales que se produjeron entre los meses de junio y septiembre de ese mismo año.

Durante el paro agrario, relata Uribe, 902 personas fueron víctimas de algún tipo de agresión. Quince fueron asesinadas; siete víctimas de algún tipo de acto cruel o tortura, entre ellos un abuso sexual; 315 personas fueron detenidas arbitrariamente; 40 víctimas de fuertes golpizas; 329 que a causa de los ataques, resultaron con algún tipo de lesión y/o herida; y cinco personas con heridas graves que les derivaron en incapacidad parcial o total.

Para el congresista del Polo, la Policía fue la institución con mayor nivel de responsabilidad en los hechos denunciados, con el 88,15 % del total: dividiéndose responsabilidad entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), el 52 %; la Seccional de Policía Judicial e Investigación (SIJIN), el 1,22 %, y la Fuerza Disponible el 35,48 %. Sin embargo, y a pesar de que en teoría las manifestaciones de la sociedad civil sólo deberían ser monitoreadas por la Policía, en el 1,55 % de los casos se logró identificar la responsabilidad del Ejército o en conjunto con el Ejército. Tanto así, que en el 8,54 % de los casos, las víctimas no lograron identificar qué tipo de institución era la agresora.

Asegura, según las denuncias de organizaciones sociales, que las víctimas del ESMAD fueron campesinos (248), menores de edad (94), mineros (50), estudiantes (35), periodistas (21), líderes sociales (17), obreros (15), comunidades (11) y conductores (8).

Sobre los hechos producidos durante el paro agrario en el 2013, la Procuraduría señaló que se registraron 22 bloqueos y 18 concentraciones que afectaron 31 municipios en 10 departamentos, y en los que se registraron 99 capturas, 36 procesos judiciales abiertos contra líderes, además de 56 particulares y 40 policías lesionados. Más de 8.300 policías para controlar el paro.

Pero sobre presuntas conductas de exceso de autoridad de la fuerza pública, la Procuraduría reportó la apertura de 30 investigaciones disciplinarias, de las cuales 24 están en indagación preliminar, dos fueron archivadas y en cinco se ha utilizado el poder preferente. Quiere decir que el 77 % de los procesos están en indagación y el 17 % fueron archivados. La Procuraduría señala un total de 55 miembros del ESMAD implicados en procesos disciplinarios por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

En respuesta a un derecho de petición, la Policía reporta que desde la creación del ESMAD en el año 1989, sólo tiene iniciadas 188 investigaciones disciplinarias, 29 de oficio y 131 a petición de la víctima. Sin embargo, se desconoce el estado actual de las investigaciones.

Alirio Uribe asegura que hay un subregistro de casos porque los ciudadanos no se atreven a denunciar. Y también que las estadísticas oficiales muestran que ha habido total impunidad en las “permanentes denuncias” por agresiones de estos uniformados.

Cuando se habla del ESMAD, uno de los casos emblemáticos es el del joven Nicolás Neira, de 15 años, quien murió tras una golpiza propinada por agentes durante las manifestaciones del día del Trabajo en el 2005. Aunque el Estado ya fue condenado por estos hechos, no se conocen decisiones contra los miembros comprometidos en este homicidio.

Por esa razón, Uribe considera que el ESMAD no es el instrumento idóneo para controlar la protesta y las manifestaciones sociales, menos en una etapa de posconflicto como la que se avecina en Colombia. Aunque probablemente estos escuadrones de escudo, bolillo y aparatosos uniformes no gocen de simpatía por muchos ciudadanos, la idea de suprimir este cuerpo de seguridad será muy controvertida.