Congresistas se declaran impedidos para congelar sus salarios

Este jueves, cuando la Comisión Primera de la Cámara se reunió para darle trámite al proyecto que pretende congelar el salario de los congresistas, la iniciativa, que hace parte del paquete de proyectos anticorrupción, tuvo un nuevo traspié.

De los 38 parlamentarios, 37 se declararon impedidos para votar el proyecto al manifestar un conflicto de interés directo. Como la iniciativa propone modificar el tope salarial de los actuales congresistas, provocaría un efecto a sus propios intereses.

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El hecho, en principio, podría interpretarse como una forma de los parlamentarios para evadir la votación de este proyecto, pues por lo general los conflictos de interés se manifiestan cuando hay iniciativas que podrían generar beneficios particulares. En este caso, en teoría, los perjudicaría.

La única que no se declaró impedida fue Juanita Goebertus, de la Alianza Verde, que hace parte del grupo de promotores de la consulta anticorrupción y quien apoya esta reforma. La congresista argumenta que como es una regla general, los parlamentarios no tienen conflictos de interés.

Sin embargo, los congresistas que se declararon impedidos señalan que esa reforma deriva en efecto particular por lo que podrían exponerse a demandas de perdida de investidura si no manifiestan el conflicto de interés.

“Votar no genera un beneficio (…) pero mañana seremos corruptos por no haberle dado trámite a este proyecto, o ante el Consejo de Estado por haber incurrido en un conflicto de intereses”, dijo John Jairo Hoyos (La U).

Lo cierto es que el trámite de los 38 impedimentos obstaculiza el trámite de la reforma que tendría que superar su primer debate a más tardar este viernes, para que pudiera ser aprobada en los 4 debates que necesita superar antes del 16 de diciembre.

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La situación ha obligado a la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, a ofrecer fórmulas para salvar este mandato de la consulta anticorrupción. Aunque le sugirieron desde la comisión retirar la iniciativa, dice que el presidente Iván Duque ha reiterado su compromiso con esta iniciativa y las demás que conforman el paquete de proyectos anticorrupción. Además, que no se puede retirar el proyecto porque ya se radicaron ponencias.

Aseguró que sería un mal mensaje del Congreso no darle trámite al proyecto, más aún cuando el gobierno ha presentado la ley de financiamiento que obligará a todos los colombianos a apretarse el cinturón. La fórmula que presentó la ministra es aplazar el trámite del proyecto de reducción de salarios para el año próximo.

También se consideraron otras propuestas, una de ellas fue la del representante de Cambio Radical José Daniel López que aseguró que no se encontraban ante “una leguleyada de última hora, sino ante una duda jurídica” y que por eso planteaba consultar a la Presidencia de la Cámara o a la Comisión de Ética para que emitan concepto para el viernes y así debatir el proyecto durante el fin de semana.

Ante el "berenjenal jurídico", como lo llamaron varios congresistas, la senadora Angélica Lozano -promotora de la consulta- decidió intervenir en el debate para decirles a los congresistas de la comisión que estarían impedidos para decidir sobre su salario si lo que quisieran es aumentarlo, pero que este argumento no era válido si lo que pretenden es bajarse el sueldo o congelarlo.