Congresistas uribistas instauran tutela por suspensión indefinida de revocatorias

La senadora Paola Holguín y el congresista Juan Espinal, ambos del Centro Democrático, instauraron una acción de tutela contra el Ministerio de Salud, el Mininterior y la Registraduría Nacional del Estado Civil por la suspensión indefinida de revocatorias de mandato contra alcaldes y gobernadores en el país como consecuencia de la pandemia por la covid-19, una decisión que tiene en espera a 58 comités promotores en las regiones.

La acción de tutela- informó Holguín a SEMANA - busca que la Registraduría Nacional reanude el trámite de las solicitudes de revocatorias de mandatos que están suspendidas desde el 1 de febrero de 2021 porque considera “se viola el derecho fundamental a la participación política”.

En la tutela, Holguín y Espinal argumentaron que la pandemia no puede ser utilizada como excusa para interrumpir sin autorización constitucional o legal, la participación de los ciudadanos en el mecanismo de control político.

La decisión de tutelar a las entidades del Gobierno surgió porque los congresistas elevaron una solicitud al Ministro de Salud desde el 10 de febrero pasado para que emitiera el concepto que solicitó el registrador Alexander Vega sobre las medidas que deberían adoptarse para la recolección de firmas. Como no hubo respuesta, se procedió a la tutela, precisó Holguín.

La Senadora le contó a SEMANA que no entiende por qué mientras en Colombia no se permite la recolección de firmas, la Registraduría sí realizó elecciones atípicas que concentraron a gran cantidad de ciudadanos en Roberto Payán, Nariño; Páez, Boyacá; Urrao, Antioquia, además de Caucasia, cuyos comicios se llevarán a cabo en junio de 2021 porque la elección del alcalde Leiderman Ortiz fue anulada por el Consejo de Estado.

El congelamiento de los procesos de revocatoria por parte de la Registraduría motivaron a que uno de los movimientos ciudadanos que pretendía derogarle el mandato a la Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decidiera tirar la toalla y retirarse del proceso democrático porque según su vocero, José Miguel Santamaría, los tiempos no dan.

Y es que, según sus cuentas, la recolección de 350.000 firmas se realizaría en seis meses, es decir, entre septiembre y octubre, de acuerdo con la fecha en que la Registraduría entregue los registros para recogerlas. Y esa misma entidad tardaría hasta diciembre o enero de 2022 en revisar los oficios. El año entrante, al menos durante el primer semestre, es electoral y en el segundo se adelantarían las derogatorias de mandato en las urnas. El problema –según él– es que a los gobernantes les quedaría año y medio para terminar sus mandatos.