Congreso aprueba ley que ataja una excarcelación masiva

Las demandas contra el Estado por privaciones injustas de la libertad se han convertido en un desangre para las arcas de la Nación. Las pretensiones del número de demandas falladas en contra el aparato judicial han superado 18 billones de pesos en las últimas dos décadas. La mayoría son personas que permanecieron varios años tras las rejas a la espera de que un juez resolviera su situación.

Ese fue uno de los principales argumentos que motivaron la Ley 1760 de 2015, promovida por el entonces ministro de Justicia, Yesid Reyes, y por el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, y aprobada por el Congreso hace un año. Esa ley buscaba modificar los criterios para aplicar las medidas de aseguramiento, con el argumento de que la privación de la libertad debería ser la excepción del sistema penal, lo extraordinario, no la regla. 

Para ello, quedó consagrado el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para que la Fiscalía y la justicia resolvieran la situación de las personas sindicadas con privación preventiva de la libertad. De no hacerlo, quienes siguieran detenidos en calidad de sindicados sin que se iniciara sus respectivos juicios podrían reclamar su libertad.

Como la ley entró en vigencia el 6 de julio del año pasado, el próximo 6 de julio cerca de 18.000 sindicados, según el Gobierno, estarían listos para salir a la calle. Sin embargo, en esa lista se podrían colar personas sindicadas por graves delitos, como agresores sexuales, narcotraficantes, y hasta miembros de bandas criminales que tras un año de detención aún no se les inicia el juicio. 

Ante la posible excarcelación masiva de presos, muchos de ellos de gran peligrosidad, el Gobierno convocó de urgencia al Congreso para expedir una ley que amplíe un año el plazo a la Fiscalía y la justicia para mantener las medidas de aseguramiento y resolver la situación jurídica, dentro de un plazo más razonable.

La petición del Gobierno fue acogida por el Congreso y el miércoles en la noche se aprobó en último debate por el Senado.

Para el ministro de Justicia, Jorge Londoño, de no aprobarse esta ley antes del próximo 20 de junio, no sólo podrían salir de la cárcel personas sindicadas de delitos sexuales, sino que se verían afectados procesos complejos que vinculan a bandas criminales, sindicados por corrupción o delitos administrativos.

Tras la aprobación, el ministro Londoño estimó que aproximadamente 10.811 sindicados, comprometidos con delitos menores, pero que se mantendrá  el cerrojo para los sindicados de procesos complejos.  El proyecto deberá ser conciliado antes del lunes, y luego pasar a sanción presidencial.