POLÍTICA
Un Congreso a la ofensiva: estos son los proyectos y debates que se avecinan
Reformas a la justicia, a la política y al Código Electoral marcarán la agenda del segundo semestre. El Gobierno buscará que la coalición dé resultados, y la oposición exigirá sesiones presenciales para los debates de control político.
A partir del 20 de julio el Congreso escribirá un nuevo capítulo de su historia. Más allá de si habrá sesiones virtuales, presenciales o mixtas, el presidente Iván Duque tiene listos algunos de los proyectos que piensa radicar en la nueva legislatura, que coincidirá con el arranque de su tercer año en la Casa de Nariño. La oposición, por su parte, se prepara para hacer oír su voz con más fuerza, luego de un primer semestre en el que la pandemia afectó la influencia del Poder Legislativo.
La agenda estará dominada principalmente por el trámite de reformas a la justicia, a la política y al Código Electoral. Además, el Gobierno piensa radicar un proyecto para regular el trabajo en casa, teniendo en cuenta que el pico epidemiológico del coronavirus aún no ha llegado y es preferible que millones de colombianos, en la medida de lo posible, sigan cumpliendo sus obligaciones laborales a distancia.
En el segundo semestre, el Congreso promete tener una actividad intensa porque la plenaria del Senado escogerá al próximo procurador y la Cámara elegirá al nuevo defensor del pueblo.
Igualmente, la oposición tratará de lograr las sesiones al menos semipresenciales, pues la virtualidad les restó peso a los debates de control político.
Duque ha descartado por ahora presentar una reforma pensional o laboral. Para eso tiene en cuenta, entre otras razones, que por la pandemia no hay condiciones para lograr una concertación, lo que implica mesas de trabajo con sindicatos y organizaciones sociales.
Si todo sale como está previsto, en dos semanas la presidencia del Senado quedará en manos de Arturo Char (Cambio Radical) y la de la Cámara en las del conservador Germán Blanco. Ambos deberán organizar las comisiones y plenarias y recoger las experiencias, buenas y malas, vividas en la legislatura pasada, cuando trabajaron mayoritariamente en plataformas virtuales.
La elección de Arturo Char en la presidencia del Senado es casi un hecho, pues la mayoría de los partidos cerraron filas detrás de su nombre. Queda pendiente su investigación en la Corte Suprema de Justicia.
En el tema de la reforma política, el senador Roy Barreras dice que debe traer cambios de fondo, como listas cerradas, financiación estatal de las campañas y una autoridad electoral completamente autónoma. “El sistema clientelar colombiano hay que arrancarlo de raíz, a través de la reforma anticorrupción más importante, que es la reforma política”, señala Barreras, uno de los principales líderes de la oposición a Duque.
Para que tenga validez en las próximas elecciones, la reforma política tiene su última oportunidad en esta legislatura. Otros congresistas, como el representante a la Cámara José Daniel López, piden también listas paritarias en términos de género.
En los últimos días, el liberalismo ha venido acercándose cada vez más al Gobierno por medio del expresidente César Gaviria. El partido pretende ser uno de los grandes impulsores de la modernización de la política, de la que todo el mundo viene hablando desde hace años sin que nada pase.
El senador Luis Fernando Velasco señala que además de las listas cerradas, la financiación estatal y el órgano electoral independiente, hay que permitir el transfuguismo. Esto para que haya “un reordenamiento total del espectro político en el país”.
En esta materia, el uribismo, por ejemplo, quiere impulsar un acto legislativo para promover las listas cerradas. Lo hará por intermedio del representante a la Cámara Edward Rodríguez, del Centro Democrático.
En cuanto a la reforma a la justicia, el Gobierno piensa presentar un proyecto que facilite más la vida a los ciudadanos y no tanto una cirugía de fondo al funcionamiento de las altas cortes. “El Gobierno busca que se incluya el expediente digital, que responda a una justicia más pronta, sencilla y eficaz”, afirma Rodríguez.
Sin embargo, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, considera radicar no solamente una nueva reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sino también un proyecto que unifique las cortes, una idea que ha defendido el expresidente Álvaro Uribe en el pasado y que polariza a la opinión pública.
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Será un hecho que el tercer intento del uribismo de tocar la JEP va a generar una dura controversia nacional y va a someter a Duque a un desgaste innecesario. Así ya se vio en los últimos dos intentos fallidos para reformar la jurisdicción encargada de castigar los crímenes cometidos por las Farc.
En esta legislatura, Duque quiere que el Congreso reglamente la cadena perpetua para violadores de niños, una ley aprobada hace unas semanas que deberá pasar por la mirada de la Corte Constitucional. En materia de reglamentación también está lista la del Sistema General de Regalías, que prácticamente va a duplicar las transferencias a los municipios productores.
Otra de las grandes reformas con ambiente favorable es la del Código Electoral. Este proyecto de la Registraduría, fundamentalmente, busca abrirle espacio al voto electrónico o mixto, y flexibilizar las disposiciones para que las personas puedan votar desde cualquier parte del país sin necesidad de desplazarse. Pero ante todo, el proyecto quiere brindar garantías de transparencia para que no haya manto de duda alguno en futuras elecciones.
Frente a la pandemia, un grupo de 154 congresistas presentará de nuevo el proyecto de renta básica universal. Consiste en el giro de un salario mínimo mensual durante tres meses, prorrogables, dirigido a unos nueve millones de hogares vulnerables. El senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, uno de sus impulsores, señala que esta renta es necesaria porque “hay una población muy grande que no tiene ingresos ni ahorros, es decir, los que viven de la informalidad, que son cerca del 60 por ciento de los trabajadores del país”.
Este proyecto, por falta de debate, naufragó en la legislatura pasada y ahora será radicado con una novedad. Además de los tres meses de salario mínimo, plantea transferir medio salario mínimo por dos meses adicionales.
La renta básica universal será uno de los proyectos que más discusión suscitará en el Congreso. La iniciativa tiene amplio respaldo político, pero hay dudas sobre su viabilidad fiscal.
Duque también se la jugará por un proyecto contra la minería ilegal y por una especie de impuesto verde para combatir la contaminación. En la agenda, además, hay otra iniciativa relacionada con el mercado de valores.
Los primeros debates tendrán que ver con los decretos que ha expedido Duque en medio de la emergencia económica, social y sanitaria de la pandemia. Entre ellos hay 22 en la mira de los congresistas, como el que establece el Fondo Nacional de Garantías y el que habilita al mandatario a comprar y vender empresas que cotizan en bolsa, entre ellas Ecopetrol.
La casi segura elección de Arturo Char, dado su respaldo por las fuerzas políticas, tendrá la espada de Damocles de la investigación que abrió la Corte Suprema de Justicia por las declaraciones de la excongresista Aida Merlano en las que lo señala de participar en la compra de votos en las últimas elecciones al Congreso, en 2018.
La nueva mesa directiva tendrá la tarea principal de determinar cómo se instalará el Congreso el 20 de julio. Sería un hecho histórico hacerlo virtualmente, pero la decisión causará controversia. En efecto, congresistas de oposición, como el senador Jorge Robledo, exigen reuniones presenciales, pero otros, por precaución, prefieren seguir desde la plataforma Zoom.
Tanto el Gobierno como los congresistas quieren anotarse victorias a partir del 20 de julio. Por ahora, la pandemia le ha quitado influencia al Poder Legislativo y habrá que ver si la recupera en este segundo tiempo.