Tiembla el Congreso virtual

Cuando al fin se creía superado el debate sobre cómo sesionar en el Congreso en tiempos de pandemia, una nueva tormenta podría torpedear el inicio de la próxima legislatura. La Corte Constitucional comenzó con ojo crítico a estudiar el decreto mediante el cual el presidente Iván Duque habilitó a las tres ramas del poder público para que deliberen y tomen decisiones sin reunión presencial. Dirigió la norma principalmente al Congreso de la República, que tras un mes de bloqueo pudo, sesionando remotamente, efectuar debates de control político y aprobar proyectos de ley y actos legislativos.

Esta primera legislatura en medio de la pandemia tuvo un balance árido: 22 proyectos de ley aprobados, dos actos legislativos y varios debates de control político que, a pesar del clima caldeado, no tuvieron mayor trascendencia. De hecho, brilla por su ausencia el control político de la primera declaratoria de emergencia social, a pesar de que el informe motivado del Gobierno está hace rato en el Capitolio. A media marcha, el Congreso consiguió levantar cabeza por Zoom y se ajustó a la disposición presidencial que, se creía, pasaría sin reparos en la corte. Pero no sucedió. Esta semana, el magistrado Luis Guillermo Guerrero presentó una ponencia que pide aprobar el decreto, aunque salieron varios peros que obligaron a aplazar el debate para el próximo miércoles.

Acerca del decreto, los magistrados se plantearon dos interrogantes principalmente: 1) ¿un decreto legislativo en la emergencia puede reformar la Ley 5 del Congreso, una ley orgánica? 2) ¿Los debates de control político y discusiones de proyectos de ley por Zoom cumplen las condiciones constitucionales, como el respeto a las minorías y a la oposición?

Evidentemente, esa plataforma restringió la dinámica del Congreso, en particular en los debates: no es posible abandonar el recinto, replicar ni dar pupitrazos. Los magistrados advierten que la nueva modalidad tecnológica impide discutir en condiciones de igualdad, por ejemplo, cuando le apagan el micrófono a quien habla o no le conceden el uso de la palabra. De hecho, tienen dudas de si en realidad garantiza reglas básicas como la participación, la publicidad de los actos, los derechos de las minorías y el cumplimiento del Estatuto de la Oposición. La corte considera primordial que, como dice la carta política, en las deliberaciones del Congreso haya plenas garantías. De lo contrario, los actos que apruebe podrían perder toda su validez.

En la Sala Plena del alto tribunal hay posturas organizadas alrededor de tres tendencias. Unos quieren aprobar la norma como viene. Otros piensan que podría configurar un vicio insalvable por el hecho de reformar una ley orgánica con un decreto ordinario expedido en el marco de la emergencia; de triunfar esta, el decreto se caería y el Congreso tendría que aplicar urgentemente una compleja logística para retomar las sesiones con presencia física, para que los legisladores puedan viajar semanalmente a Bogotá con condiciones de bioseguridad en el Capitolio.

Y, por último, están los magistrados que tienen una opinión intermedia. Quieren crear unas condiciones que las sesiones remotas tienen que cumplir con unos mínimos constitucionales, sobre todo, en el respeto de las minorías y a la oposición en las deliberaciones y a la hora de votar. Obviamente, se aplicarían tanto para las sesiones presenciales como para las no presenciales. Pero la corte podría estar marcando derroteros cruciales para futuras discusiones cuando tenga que revisar la constitucionalidad de lo que acaba de ser aprobado, como la cadena perpetua para violadores de niños.

Para cuando el presidente expidió el decreto, las altas cortes habían reformado su reglamento para sesionar virtualmente. No obstante, el Congreso no consiguió tramitar una ley orgánica que reformara sus propias reglas en plena pandemia. Actualmente, un proyecto busca reglamentar las sesiones y el voto virtual, pero le faltan dos de los cuatro debates necesarios y después pasar la revisión constitucional.

Algunos países pusieron en marcha fórmulas para sesionar, por ejemplo, solo con los voceros de los partidos de cuerpo presente. Otros crearon estrategias de participación mixta, y en otros más los miembros asisten al Congreso con estrictas normas de bioseguridad. En Colombia, el tema se enredó desde el comienzo, y los magistrados están incómodos porque consideran que en un estado de emergencia como el actual el país requiere más que nunca un Congreso que de verdad le haga contrapeso al Ejecutivo.