La Justicia a contra reloj en el Congreso

Esta semana en los pasillos del Congreso se vivió uno de los episodios más álgidos en tiempos recientes. El gobierno intentaba el martes, por segunda vez, tramitar el proyecto que reglamenta la Comisión de Aforados. Pero pasaban las horas y no llegaban los congresistas para formar quorum y comenzar la discusión. Lo mismo había sucedido un día antes. Como las manecillas del reloj aprietan cada vez más la congestionada agenda legislativa, entre los congresistas que sí asistieron había preocupación. La senadora Claudia López tomó la vocería de esos sentimientos y a la salida acusó a sus colegas del Centro Democrático y la Unidad Nacional de “robarse el sueldo” por no haber querido sesionar.

El video de la congresista se volvió viral en las redes. La polémica se enfocó en torno a la “resistencia civil” del expresidente Uribe (ver artículo), que fue la razón por la cual los cuatro senadores del Centro Democrático sí asistieron, pero no se registraron. El señalamiento generó el rechazo de esas toldas uribistas.

Pero un elemento político pasó inadvertido. Quienes más habían faltado no eran los uribistas sino los de la coalición del gobierno, que en teoría debían apoyar la iniciativa. “Poca gente ha caído en cuenta de que la que está en resistencia civil es la Unidad Nacional”, le dijo el senador Armando Benedetti a SEMANA. Varios congresistas reconocieron que el Centro Democrático no desbarataba el quorum pues sus integrantes son apenas cuatro parlamentarios en Senado y cinco en Cámara, de los 19 y 35 miembros que tienen cada una de esas comisiones. A las sesiones del lunes y martes no fueron tampoco los conservadores, que aseguran en privado estar muy molestos por la composición del gabinete, y solo unos pocos de La U y del liberalismo.

La senadora Claudia López tenía razón en encender las alarmas. Si el ausentismo continúa, las más importantes reformas del Estado podrían quedar en el limbo. La suma de la resistencia civil de Uribe y la Unidad Nacional menguada amenaza tres vitales proyectos de ley para la justicia: la reglamentación de la Comisión de Aforados, la Ley Estatutaria de Justicia y la Ley de Detención Preventiva. Y eso, sin contar con dos iniciativas también estructurales como el Acto Legislativo para la Paz que se convertirá en una prioridad desde el anuncio de La Habana la semana pasada y el Código de Policía, que van más adelantadas, pero también están en fila.

Los proyectos de justicia deben ser aprobados antes del 20 de junio, cuando termine la legislatura. De lo contrario, su trámite tendría que comenzar de cero después del 7 de agosto. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, es optimista y asegura que “hay tiempo para sacarlos todos”. Por la importancia del tema, el gobierno le ha metido el acelerador a esa agenda. Incluso para la Comisión de Aforados envió un mensaje de urgencia al Congreso, lo que permitirá que el proyecto se discuta en sesiones conjuntas y sea aprobado pronto.

La Comisión de Aforados

El año pasado, una discusión se tomó casi la totalidad de la agenda legislativa: la Comisión de Aforados. La propuesta estaba incluida en la reforma de equilibrio de poderes y encendió el más enconado debate entre las tres ramas del poder. La opinión pública, hastiada de la impunidad que había gozado la cúpula de la Rama Judicial, recibía bien la idea de acabar con la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara. Sin embargo, el rechazo de las altas cortes y del entonces fiscal Eduardo Montealegre fue tajante. Juntos se opusieron ferozmente durante el trámite del acto legislativo.

El Congreso dio un año para enterrar ese organismo. Se supone que en ese tiempo, la Comisión de Acusaciones debía decidir qué procesos adelantaba, qué archivaba y qué enviaba a una Comisión de Aforados que una ley tendría que crear. Esta nueva entidad ya no hará parte del Congreso y estará conformada por tres miembros elegidos por el Legislativo en pleno. Esa ley era la que se estaba debatiendo el pasado martes. Aunque los tiempos aún son amplios pues al ser debatida en comisiones conjuntas podría pasar, en la teoría, en dos semanas, hay algunos elementos que podrían alargar la discusión. Además del ausentismo se sabe que en el Congreso existe cierto temor, pues muchos tienen procesos en su contra en las altas cortes y por eso podrían declararse impedidos. En la audiencia que hizo la Corte Constitucional sobre el tema, la presidenta de la Corte Suprema, Margarita Cabello, dijo que a su juicio esas personas tenían un conflicto de interés que les impedía votar en esa reforma. La senadora Viviane Morales ha insistido en que en la reforma quedó consagrada una especie de inviolabilidad para los magistrados, lo cual impediría que fueran investigados en el futuro por prevaricato.Por eso, la discusión podría tomar algún tiempo.

La megaley de la justicia

La reforma al equilibrio de poderes tampoco puede entrar a operar plenamente sin la Ley Estatutaria de Justicia. Como ese acto legislativo modificó la estructura de la Rama Judicial y, por ejemplo, eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, se necesita una ley que reglamente cómo será el nuevo organismo y detalle sus funciones. El proyecto es menos polémico, pero es muy complejo. En cerca de 200 páginas modifica más de 100 artículos de la más técnica filigrana judicial. En el último mes también sufrió por la falta de quorum, pero hace dos semanas pasó a tercer debate.

La nueva ley tendrá que distinguir claramente las funciones del nuevo Consejo de Gobierno Judicial que reemplazará a la Sala Administrativa de la Judicatura. Este será un órgano no permanente con nueve miembros que se encargarán en especial de dos tareas: definir las políticas de la Rama Judicial y postular las listas y ternas de candidatos para magistrados. Tendrá también que regular los trámites judiciales, expedir el reglamento de la carrera judicial y presentar el presupuesto de la Rama Judicial. La reforma creó también el cargo de gerente de la rama, que había despertado suspicacias por el poder que llegaría a tener. Sin embargo, se cree que durante el trámite en el Congreso se limitarán sus competencias. Por otra parte, la sala disciplinaria de la Judicatura, que se encargaba de realizar los procesos contra los abogados, será reemplazada por una Comisión de Disciplina Judicial que tendrá siete magistrados. El exfiscal Montealegre también demandó esta nueva estructura ante la Corte Constitucional. Por otro lado, el Consejo de Estado ha dictado algunos fallos que han denunciado irregularidades en el proceso de conformación del Consejo de Gobierno Judicial y han impedido que este comience a sesionar. Por eso, la Judicatura sigue funcionando. Se cree que en el Palacio de Justicia están a la espera del fallo de la corte para continuar con el proceso de creación de los nuevos organismos.

Los presos que podrían salir

El año pasado, el ministro Yesid Reyes logró que el Congreso aprobara una reforma que le puso un tatequieto al excesivo uso de los carcelazos en Colombia. La ley buscaba atacar el problema que genera que casi la mitad de las personas detenidas en el país, cerca de 43.000, no hayan sido condenadas y esperen tras las rejas interminables procesos penales.

La ley estableció por primera vez un término máximo de detención durante el juicio. Y así quedó consagrado que ningún colombiano podrá estar privado de su libertad en esa etapa del proceso, más de un año en casos sencillos y dos en complejos. También decidió que los términos fuera del juicio comenzaban a contar cuando la Fiscalía presentaba el escrito de acusación, lo cual también redujo esos tiempos de espera. El Congreso le dio un año a la Fiscalía y a los jueces para evacuar esos procesos pendientes. Sin embargo, ese plazo está por cumplirse el próximo mes y no es mucho lo que ha avanzado. Ante la inminente salida de miles de presos de la cárcel, el ministerio volvió a presentar un proyecto de ley que pide ampliar un año más ese plazo. Se espera que esta semana se presente la ponencia para primer debate.