Pensiones, otra manzana de la discordia entre Santos y el Congreso

Muy lejanos en el tiempo parecen los días de luna de miel entre el presidente Juan Manuel Santos y el Congreso. Aquellos en los que el mandatario pedía a senadores y representantes determinada decisión, y estos, juiciosos, atendían su instrucción en el Capitolio.

Ahora, cuando a Santos le restan menos de ocho meses para terminar su administración en la Casa de Nariño, las cosas son a otro precio. Los parlamentarios, más pendientes de quién será el nuevo presidente y de reelegirse en sus curules, parece que les entra por un oído y les sale por el otro cualquier solicitud del jefe de Estado.

Independencia entre poderes, dirán algunos; avatares de la política, dirán otros. Lo cierto es que el desgaste de los ocho años de Gobierno no solo ha tenido repercusiones en la favorabilidad del mandatario, donde más se ha notado  es en Capitolio. Pues ya ni los congresistas de la Unidad Nacional están yendo a apoyar sus iniciativas.

Prueba de ello es la confrontación que el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, mantiene con el Gobierno por cuenta de las circunscripciones de paz. A pesar de que el senador es considerado el jefe de los conservadores santistas, se ha rehusado dos veces en remitir el texto del acto legislativo para que el presidente lo promulgue. Santos lo dio por aprobado con base en un concepto del Consejo de Estado, pero Cepeda tiene engavetado el proyecto, que hace parte de la implementación de los acuerdos de paz.

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Pero no es el único. La última rebelíón del Congreso se produjo esta semana, cuando el Senado y la Cámara de Representantes rechazaron las objeciones que el presidente Santos le hizo a la ley que reduce del 12 al 4% la cotización de los pensionados al sistema de salud.

Aunque Santos había prometido esta reducción a la población jubilada en la campaña en la que se reeligió, se bajó de esa promesa cuando el Congreso aprobó el proyecto, que para más señas, había sido presentado por el opositor Polo Democrático.

Santos argumentó razones de “inconstitucionalidad e inconveniencia” para no sancionar la iniciativa, y aseguró que el proyecto ponía en riesgo “la garantía del derecho a la salud de 4,4 millones de afiliados y el esquema de subsidios cruzados que hoy beneficia a una buena parte de la población”.

En el informe de objeciones que le envió al Congreso, la presidencia señaló que la exención tributaria contemplada en la ley no solo carecía del aval del Gobierno,  sino que violaba los principios de equidad y progresividad en materia tributaria, así como los de solidaridad y progresividad de la seguridad social.

“El proyecto propone una modificación a la carga impositiva de un grupo específico de contribuyentes, omitiendo analizar su capacidad contributiva, la progresividad del sistema de salud, y la capacidad contributiva del resto de contribuyentes que pertenecen al sistema”, se lee en el informe.

“Se violan los principios de solidaridad y progresividad en la seguridad social en la medida en que la iniciativa disminuye las fuentes de recursos en beneficio de un grupo específico de aportantes, lo que dificulta la ampliación de cobertura de servicios, la prestación del servicio de salud de afiliados y rompe con el esquema de subsidios cruzados que sustenta el sistema de salud”, agrega el informe.

La semana pasada fue el Senado, ahora fue la Cámara de representantes la que también rechazó las objeciones. En consecuencia, la ley que Juan Manuel Santos no quería  sancionar pasará de la Casa de Nariño al Palacio de Justicia, donde la Corte Constitucional será la encargada de dirimir esta nueva discordia entre el Ejecutivo y el Legislativo.