Congreso, un balance agridulce

Había bajas expectativas frente a la legislatura que se inició en julio de este año. En el radar no aparecía una agenda clara de los partidos ni del Gobierno. Así transcurrieron los últimos meses en el Capitolio, con pocos proyectos aprobados y con los congresistas más concentrados en conseguir votos para las elecciones regionales que en sacar adelante sus iniciativas.

Pero como suele suceder en vísperas de la Navidad, el Congreso encendió motores antes de las vacaciones. Sin duda, el Gobierno se llevó el mejor éxito en lo que va de la legislatura al lograr la aprobación de la reforma tributaria, o Ley de Crecimiento Económico. Lo hizo con tanta holgura que no necesitó la conciliación entre la Cámara y el Senado.

El éxito de la reforma demostró varias cosas. Primero, reafirmó que del gabinete, solo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tiene músculo político en el Congreso. Logró sacar adelante una ley de financiamiento que tumbó la Corte Constitucional por un error de trámite. Y después sacó adelante la reforma tributaria con el mismo espíritu y algunas adiciones, como otorgar tres días sin IVA al año y devolverle una parte de este impuesto al 20 por ciento de la población más pobre del país. Lo consiguió justo en momentos en que los ciudadanos inconformes se han hecho sentir en las calles.

El Gobierno no ha demostrado manejo en el Congreso, pero en las comisiones económicas, Carrasquilla ha comprobado que tiene el sartén por el mango. Hay que recordar que también quedó aprobado el presupuesto de rentas de 2020.

Asimismo, la reforma tributaria dejó claro que es posible sacar adelante proyectos impopulares sin tener representación política. Sin embargo, esto requiere mucho mayor esfuerzo, buscar voto por voto y afianzar la relación con los independientes. En este caso, Cambio Radical resultó determinante. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras alineó a su bancada y todo funcionó.

Con el Partido Liberal hubo una situación distinta. El expresidente César Gaviria, jefe único del partido, se convirtió en el palo en la rueda de esta reforma. No solo la llamó “peligrosa”, sino que denunció que el Gobierno encontró una manera disimulada de dar mermelada en las comisiones económicas. No obstante, la bancada liberal, muy disciplinada, asistió a los debates y votó negativamente, aunque no desbarató el quorum.

Las mayorías siguen siendo esquivas al Gobierno en el Congreso. La fórmula de Carrasquilla no funciona para las demás iniciativas con igual éxito. Pero la oposición tampoco la tiene fácil: no lograron sacar adelante los 40 proyectos de ley que acordaron como bancada.

Para dimensionar lo que ocurre, Congreso Visible hizo las cuentas de lo que va de la legislatura. En total radicaron 520 proyectos de ley y actos legislativos, y de ellos solo 262 salieron publicados y 168 tuvieron ponencia, pero nunca los debatieron. Esto permite ver que si bien la cantidad de proyectos radicados en cada legislatura desborda la capacidad del Congreso, la mayoría duerme el sueño de los justos.

A la hora de hacer las cuentas, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se mostró optimista. “Se expidieron 11 normas de iniciativa o apoyo directo del Gobierno. Se aprobó el Presupuesto General de la Nación, la reforma de la Ley de Regalías, la primera vuelta de la cadena perpetua. El balance ha sido muy bueno y me siento muy satisfecha”, aseguró en la madrugada del viernes, luego de aprobada la reforma tributaria.

A juzgar por los números, conforma un buen resultado que de 13 proyectos de iniciativa gubernamental, 11 hayan salido a flote. De todos modos, en el Capitolio no han dejado de decir que este es un “Gobierno sin agenda, que vuelve propios los proyectos parlamentarios, por ejemplo, los de regalías y anticorrupción”, como contó un congresista.

En los últimos días también salieron adelante diversos proyectos anticorrupción. Una buena noticia tanto para el Gobierno como para la oposición, porque en las calles la ciudadanía ha pedido resultados concretos para combatir este flagelo. De hecho, varios congresistas han advertido que en estos tiempos es tan impopular votar en contra que se sienten obligados a hacerlo, por miedo a quedar en la picota pública.

El proyecto más emblemático del paquete anticorrupción está listo para sanción presidencial. Se trata de la eliminación del beneficio de casa por cárcel para los condenados por corrupción, y la extensión de inhabilidades cuando directivos o representantes legales de empresas incurren en ese tipo de prácticas. Lo aprobaron en medio de un tenso debate político y jurídico en la Cámara, por la decisión de la representante María José Pizarro (Decentes) de levantar la sesión por falta de quorum, una medida que el uribismo calificó de “jugadita”. Minutos después, Carlos Cuenca, el presidente de la Cámara, reanudó la sesión y votaron. El Gobierno dio un parte de tranquilidad, pero el fantasma de un vicio de procedimiento no ha desaparecido del todo.

También está listo para sanción presidencial el proyecto que obliga a los servidores públicos elegidos por voto popular a publicar su declaración de renta. Así, en parte, se compensa que cuatro proyectos del paquete de anticorrupción se hundieron, y que los congresistas hayan fracasado en el plan de reducirse su propio sueldo.

Aunque estuvo en la cuerda floja, el proyecto que busca la cadena perpetua para los violadores de niños se salvó a último minuto. Lo aprobaron en cuarto debate, y ahora le resta una segunda vuelta por tratarse de una reforma constitucional. Este proyecto fue la bandera del Gobierno y de la mayoría de los partidos el 20 de julio. Durante la instalación del Congreso, el presidente Iván Duque lo radicó y lo impulsó. Así que si se hubiera hundido, el golpe habría sido simbólico para un Congreso que le apuesta a pocas causas conjuntas.

Sin duda, el acontecimiento político de este año en el Congreso llegó con la moción de censura al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por la muerte de menores en un bombardeo a las disidencias de las Farc en Caquetá. En todo caso, hubo un error de cálculo político al votar la moción después de la renuncia de Botero, porque por falta de quorum no consiguieron los votos necesarios para enviar el mensaje simbólico que querían. Pero el golpe político liderado por el senador Roy Barreras, de La U, tuvo una innegable contundencia.

Igualmente, en el Congreso el bloque propaz sigue tratando de contener los esfuerzos del uribismo por introducir cambios de fondo en el acuerdo de La Habana. Dieron la batalla más reciente por la prórroga por diez años de la Ley de Víctimas, que logró pasar a la Comisión Primera del Senado tras un largo debate en Cámara y denuncias sobre supuesta dilación. En 2020, el Gobierno planea presentar con mensaje de urgencia un proyecto para prorrogar esta ley, pero con modificaciones para “darle robustez”. Hasta el momento no hay mayores detalles sobre cómo lo harán y, sin duda, será un tema álgido el próximo año.

Ahora que la temporada electoral ya pasó, en el próximo trimestre deberían comenzar los debates duros en el Congreso, y los partidos y el Gobierno se la jugarán por las grandes iniciativas que el país requiere. Lo que ocurra dependerá en gran medida de lo que pase en la calle. El paro nacional promete continuar en 2020 contra cualquier reforma laboral y pensional. Al aprobar la reforma tributaria, los congresistas demostraron que no necesariamente legislan al ritmo de los cacerolazos. Pero no pueden desoír sus clamores del todo.

El riesgo es que ante la presión social, el Congreso siga sin apostarle a reformas de gran calado y se limite a sacar iniciativas que no generen mayor rechazo ante la opinión pública.