Conozca los incentivos económicos para las empresas en Bogotá que contraten pospenados

El pasado 20 de septiembre la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico firmaron el Decreto 399 de 2022. A través del programa “Empleo incluyente” se promueve la contratación de las personas con dificultades para conseguir empleo entre las que se encuentran las personas que estuvieron privadas de la libertad. Las empresas que deseen acceder a estas bonificaciones deben cumplir ciertos requisitos como estar ubicadas en la capital y estar formalizadas.

Los incentivos van desde los 600,000 pesos si las organizaciones contratan personas por seis meses y aumentan a 1,200,000 pesos cuando quedan vinculadas por un año. Además, en el caso de que contraten mujeres, jóvenes y personas trans pospenadas, el beneficio para las empresas puede aumentar hasta los 4′800.000 pesos de acuerdo a la duración del contrato. Para Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico, esta iniciativa evita la reincidencia, contribuye al mejoramiento social y económico tanto del país como el de Bogotá.

Según Johana Bahamón, presidenta de la Fundación Acción Interna y una de las impulsoras de esta iniciativa, “las personas que recuperan la libertad se convierten en los más vulnerables de los vulnerables”. Afirma que su pasado judicial les impide acceder a servicios básicos del sistema financiero como crear una cuenta de ahorros y otros obstáculos que dificultan su día a día. “Cerrar brechas de equidad es fundamental para consolidar una sociedad más justa”.

Asimismo, agrega que es necesario que haya una participación activa del sector empresarial para vincular laboralmente a las personas que han cumplido su pena y se de una resocialización efectiva.

Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para julio del presente año la tasa de desempleo en Bogotá fue del 12,9 por ciento, lo que significa que más de 400.000 personas buscan empleo. Por lo cual, la firma de este Decreto es clave para garantizar una fuente de subsistencia para las personas que cumplieron sus penas en prisión, entre otras poblaciones vulnerables; y fomentar marcos regulatorios más incluyentes y equitativos que mejoren su calidad de vida.

Esta iniciativa va de la mano con la Ley de Segundas Oportunidades, aprobada en la Cámara de Representantes, y la cual favorece a las empresas que vinculen a personas que salieron de la cárcel tras cumplir su condena.

Este beneficio reduce los pagos de parafiscales, en específico, para los descuentos de cajas de compensación familiar de estas compañías. Por su parte, Johana Bahamón, quien también promovió esta iniciativa, destacó que la sanción de esta ley por parte del Congreso es un primer paso para asistir de mejor manera a la población pospenada.