POLÍTICA
Consejero de Seguridad reitera que el monopolio de las armas debe estar en manos del Estado
El consejero presidencial Rafael Guarín sentó la posición del Gobierno en medio de la polémica que se ha generado porque haya civiles armados.
Este fin de semana se volvió a generar una polémica por la presencia de civiles armados en medio de las manifestaciones.
El consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, hizo unas declaraciones con las que sentó la posición del gobierno del presidente Duque sobre el tema. Aclaró que no están de acuerdo ni legitiman estas actuaciones, y que la fuerza y el monopolio de las armas debe estar solamente en manos del Estado.
“La Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana señala el desarme general, con el fin de garantizar el monopolio de las armas en cabeza del Estado y que tenga plena vigencia el principio de exclusividad del uso de la fuerza en cabeza del Estado, conforme a la Constitución”, aseguró Guarín.
La Política de Convivencia y Seguridad Ciudadana señala el desarme general, con el fin de garantizar el monopolio de las armas en cabeza del Estado y que tenga plena vigencia el principio de exclusividad del uso de la fuerza en cabeza del Estado, conforme a la Constitución.
— Rafael Guarín (@RafaGuarin) May 31, 2021
El consejero presidencial también señaló que se deben regular las armas traumáticas. E incluso, dijo que desde la consejería se le ha propuesto al Ministerio de Defensa que se consideren técnicamente como armas de fuego para que se prohíba su venta y comercialización.
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“Las armas de fuego y las armas traumáticas son similares en sus características físicas. Además, el funcionamiento físico y químico de ambas emplean el mismo principio, el cual consta de la combustión de una sustancia química para expulsar el proyectil”, aseguró Guarín.
Por su parte, también aseguró que los uniformados que omitan controlar a civiles deben ser objeto de investigación. “No es admisible en el estado de derecho que miembros de la Policía omitan su obligación legal respecto a personas que emplean, fuera del ordenamiento jurídico, armas de fuego. Tales eventos deben ser objeto de investigación y sanción. La autoridad debe ejercerse con rigurosidad”, dijo el consejero.
Una de las mayores polémicas se dio por la presencia de ciudadanos armados en Ciudad Jardín, en Cali, contrarrestando a los vándalos que intentaban atacar a la fuerza pública. Los hechos fueron compartidos por usuarios y políticos de oposición a través de las redes sociales.
Uno de los que quedó en el ojo del huracán fue el ciudadano Andrés Escobar, a quien se le vio con un arma en las manos. Fue reconocido, además, porque se publicaron fotografías de Escobar con otros famosos e influenciadores.
Por la polémica, Escobar decidió publicar un video aclarando la situación y pidió una disculpa. “El camino no son las armas, el camino no es una guerra civil”, señaló. También mencionó que ha sido objeto de calumnias y amenazas, que le han dicho “paramilitar”, “asesino”, entre otros calificativos que rechazó.
Escobar aseguró que han hecho pública información de personas cercanas que también se han visto afectadas. Aclaró que el arma con la que se le vio era de fogueo y que con su actuar no se presentaron heridos u homicidios, sino que hizo tiros al aire para disuadir a vándalos que querían quemar el CAI de Ciudad Jardín, y que gracias a su esfuerzo y el de otros ciudadanos esto se evitó.
“Muchas personas estaban filmando, pero estaban allí con el objetivo de cambiar la historia. Son expertos en tergiversar las cosas, son expertos en crear narrativas que vayan en contra de cualquier pensamiento que ellos tengan. Son muy rápidos para desplegarse en redes sociales”, aseguró Escobar.
El ciudadano dijo que simplemente estaba defendiendo su casa y a su familia, y que por eso crearon un grupo con el que contrarrestan los ataques a la comuna. Aclara que no buscan causar daño, sino evitar que los vándalos afecten a su comunidad.
Por otro lado, en los últimos meses ha sonado la propuesta de un sector de que los civiles puedan usar armas de fuego legalmente con el argumento de defenderse en causa propia. La idea nació de la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien la compartió en un contexto similar.
Sin embargo, la idea no ha tenido mucha acogida por los riesgos que puede implicar una sociedad armada, especialmente en medio del caos que se vive en el país por cuenta del paro. Así mismo, diferentes estudios señalan que esa no es la salida más adecuada, según la experiencia de otros países en donde se ha regulado.