Consejo de Estado admitió demanda contra designación de alias Firu como gestor de paz

Un nuevo golpe podría sufrir el proyecto de la Paz Total impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. Esto después que el Consejo de Estado admitiera para su estudio la resolución que designó como gestores de paz a Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Leo, excomandante del Frente 36 de las Farc.

Alias Firu fue retenido por tropas del Ejército Nacional en junio pasado cuando se movilizaba en una caravana de camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la vía Medellín-Anorí. Esto pese a que en su contra existían órdenes de captura vigentes.

La demanda, presentada por Santiago Suárez Morales, también cobija a Diego Armando Vargas Betancourt, alias Boyaco; Yenser Yosony Duque, alias Oliver González, y María Alejandra Ojedo, quienes también fueron retenidos por las autoridades, pero quedaron en libertad por una polémica resolución de la Fiscalía General.

En la acción judicial se pide declarar la nulidad de la Resolución 0345 del 30 de agosto de 2024 “emitida por la Presidencia al considerar que va en contravía de la Constitución Política, el Código Penal, los códigos de procedimiento penal y administrativo, así como de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Por medio de la demanda se le pide al Consejo de Estado que tome las medidas necesarias para “garantizar la protección de los derechos de las víctimas de las disidencias de las Farc-EP, asegurando que los individuos designados como gestores de paz sean sometidos a un proceso penal justo y que cumpla con los principios de verdad, justicia y reparación”.

La Sección Primera del Consejo de Estado ya le notificó a la Presidencia de la República y al Ministerio Público para que emitan sus respectivos conceptos.

“Requerir a la autoridad demandada para que allegue dentro del término del traslado el expediente administrativo que contenta los antecedentes del acto acusado”, señala el auto que admitió la demanda.

La resolución firmada el pasado 4 de julio por la fiscal general Luz Adriana Camargo, por medio de la cual se suspendieron las órdenes de captura en contra de los comandantes de las disidencias de las Farc también fue demandada ante el Consejo de Estado por ir en contravía de la Constitución y de las funciones del Estado que le ordenan proteger la vida e integridad de todos los habitantes de Colombia.

“La suspensión de las órdenes de captura contra líderes de disidencias armadas implica un riesgo significativo para la seguridad nacional, ya que estos individuos están vinculados a actividades criminales y subversivas que amenazan la estabilidad del Estado y la paz social”, señala uno de los apartes de la demanda.

En este sentido, se señaló la extrema gravedad que representa el no capturar a los cabecillas de las Farc conocidos como Yeison Alexis Ojeda Gilón, Wenser Yosony Duque, Juan Antonio Agudelo Salazar, Cándido Zambony Castillo, Henry Leonardo Carrillo Rivera y Erlinson Echavarría Escobar, quienes tienen varios procesos por una infinidad de acciones delictivas en contra de la población civil, firmantes del Acuerdo de Paz y agentes de la fuerza pública.

“Esta decisión genera graves preocupaciones desde el punto de vista de la legalidad y la constitucionalidad, especialmente en relación con la seguridad nacional y la protección a las víctimas del Acuerdo de Paz”, agrega la demanda al advertir que los fines de la resolución son totalmente contrarios a la legislación colombiana.