Ya quedó fuera de la Contraloría, Consejo de Estado confirmó nulidad de la elección de Carlos Rodríguez

El Consejo de Estado acaba de confirmar la nulidad de la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como contralor general de la República, para el período 2022-2026. En la decisión, tomada por la Sección Quinta, se determinó que existieron acreditadas y muy considerables irregularidades en el proceso de su elección por el Congreso de la República.

El Alto Tribunal negó de plano, por extemporánea, la recusación que había sido interpuesta por el abogado de Rodríguez Becerra contra la magistrada de la Sección Quinta, de asuntos electorales, Rocío Araújo. Según alegaba el abogado, la magistrada había tenido una intervención importante en el proceso por haber sido ponente de una de las demandas que se formularon en contra del contralor y porque su hermana, María Juliana Araújo Oñate, trabajaba en la Contraloría.

Sobre esto último, el Consejo de Estado señala que, según los documentos aportados por el recusante, la renuncia presentada por María Juliana Araújo Oñate a su cargo en la Contraloría General de la República fue aceptada el 11 de octubre de 2022 y la primera actuación de la magistrada Rocío Araújo Oñate en este caso se produjo el 21 de octubre de ese mismo año, es decir, cuando ya su hermana no laboraba en esa entidad.

El Consejo de Estado también negó las solicitudes de aclaración del fallo solicitadas por el Contralor y otros accionantes, con lo cual el queda fuera del cargo.

Rodríguez Becerra fue elegido el 18 de agosto de 2022 con 260 votos de los 296 congresistas que estuvieron presentes en la sesión. Sin embargo, inmediatamente su elección fue demandada por la congresista Jennifer Pedraza. El contralor no alcanzó a estar diez meses en el cargo.

En el fallo, de 82 páginas, se advierte que en el trámite de elección se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018, por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación.

“Se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales de su desarrollo, por lo que está demostrado que estuvo viciado por el desconocimiento e infracción de normas superiores”, precisa la decisión judicial. Frente a esta decisión, el Congreso deberá rehacer todo el proceso para elegir a un nuevo contralor general “para lo que resta del período constitucional”.

Los tres pecados en la elección del contralor

En este sentido, se consideró que la Resolución 003, emitida el 3 de agosto de 2022 por la Mesa Directiva del Congreso de la República, introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección, los cuales fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander, en la primera fase de la elección. Por lo tanto, se afectó la objetividad y legalidad del proceso electoral. Además, se desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida.

Se explicó que, aunque el Congreso de la República invocó como sustento los pronunciamientos judiciales proferidos en el marco de una acción de tutela y una acción popular, se estableció que aquellas solo dispusieron la conformación de una segunda lista de elegibles, pero no de una tercera –como ocurrió en este caso– ni mucho menos de la variación de la convocatoria inicial del proceso. Además, en el marco de acciones populares no pueden adoptarse decisiones de tipo electoral por prohibición expresa del artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se recordó que la jurisprudencia de la Corporación ha sido clara al establecer que, conforme la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018, la convocatoria constituye la ley de este tipo de procesos, por lo que no pueden cambiarse las reglas establecidas, sin justificación, y mucho menos cuando ya se han practicado las pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, que fue lo que ocurrió en este caso.

Adicionalmente, se encontró que la sesión plenaria en que Rodríguez Becerra resultó elegido no fue convocada con la antelación establecida en la ley. En suma, se declaró la nulidad de su elección y se ordenó rehacer todo el proceso de selección a partir de la convocatoria, incluso con el fin de designar contralor general de la República para lo que resta del período constitucional.

“Violaron la ley para que ocupara el primer puesto”: Cristian Avendaño, uno de los congresistas que demandó la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez

SEMANA: ¿por qué el Consejo de Estado decide anular la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez?

Cristian Avendaño (C. A.): advertimos durante el proceso de elección los vicios de procedimiento con los cuales sustentamos la demanda de nulidad. ¿Qué pasó? Este proceso fue realizado entre el Congreso anterior y el actual. El Congreso anterior dejó una lista de elegibles, pero a esa lista le interpusieron dos acciones jurídicas por no cumplir con la paridad de género. Para subsanar el error, Roy Barreras, como presidente del Congreso, se ideó una metodología, pero en realidad cometió peores vicios de procedimiento.

Lo que hicieron –y es el argumento principal con el cual el Consejo de Estado nos da la razón– fue inventarse una nueva etapa que no está contemplada en la ley que ampara el proceso de elección del contralor. Lo que hubo fue una violación de la ley de parte de la mesa del Congreso. Se inventaron una nueva etapa, metieron una entrevista en el pleno del Congreso. A esa entrevista, que se daba en realidad a través de una subcomisión, le dieron un puntaje y la ley no lo permite.

SEMANA: ¿con el fin de cambiar el orden de la lista de elegibles?

C. A.: sí. Esa lista cambia por completo y es un vicio de trámite. Se inventan puntajes que sacaron del bolsillo y con eso pusieron al señor Carlos Hernán Rodríguez en primer puesto. Lo alertamos en todas las fases y por eso interpusimos la demanda de nulidad.

SEMANA: ¿qué motivó a la mesa directiva del Congreso a alterar el orden de la lista?

C. A.: hubo una buena cantidad de razones que no son vicios de procedimiento, sino malas conductas en el Congreso para la elección. Creo que es un error que en el Congreso las bancadas se reúnan, de manera parcializada, con unos sí y otros no, para tomar decisiones en torno a la elección.

Hubo presiones de unos partidos y otros para que votaran por uno o por otro. Aquí fundamentalmente lo que tiene que quedar claro es que la elección se hace por méritos y en realidad aquí el mérito no fue lo que primó, sino que había muchos movimientos políticos. El Congreso es político y por eso no estamos de acuerdo con que este organismo sea quien elija el contralor.

Aparte de eso, violaron la ley para conformar esa lista de elegibles con el fin de dejar al señor Carlos Hernán Rodríguez en el primer puesto. Al contralor sí le fue muy bien en la prueba de conocimiento, pero estaba como en la posición seis. La entrevista generó un cambio en la lista de elegibles.

SEMANA: la representante Jennifer Pedraza, quien también participó en la demanda, dice que la finalidad de estas irregularidades era que el Gobierno tuviera un contralor de bolsillo. ¿Qué opina?

C. A.: no puedo afirmarlo, pero sí había acuerdos para que él fuera el contralor. Estaba muy cerrada la votación a última hora entre la candidata de Felipe Córdoba y Rodríguez.

Roy Barreras lleva mucho tiempo en el Congreso como para no saber que esa etapa no estaba contemplada en la ley. ¿Por qué, a pesar de las alertas, ocurre esto? A uno le deja muchas dudas si era una pretensión política del Gobierno o no.

SEMANA: ¿qué significa esta decisión del Consejo de Estado para el actual Congreso?

C. A.: es un hecho histórico, no había pasado. A pesar de que considerábamos que teníamos todos los elementos para tumbar al contralor por vicios de procedimiento, no esperábamos que pasara. Es un mensaje político contundente y de respeto por la ley y los procedimientos. Cuando hay un acuerdo de voluntades políticas se cree que se puede pasar por encima de la ley. Había que cumplir el procedimiento legal y el Congreso lo violó.

Una vez se conoció la decisión del Consejo de Estado, Carlos Rodríguez señaló que contra los méritos que posee para ocupar el cargo no existe ningún reproche y que no se le pueden achacar los errores en la conformación de las listas.

“Lo que me está pasando a mí es injusto, es injusto porque me presenté a un concurso, me sometí a las reglas y ocupé el primer puesto. Siempre me sometí a las reglas y lo único que he ganado con eso fue que, primero me excluyeran de la lista de 10 de manera arbitraria, tener que acudir a un mecanismo judicial para que me incluyan, y ahora, cuando por terceras actuaciones se cometen irregularidades yo soy el que resulto cuestionado, eso no es justo¨, dijo.