Consejo de Estado decide si revive el caso que involucra a los hijos de Uribe

Los últimos días han sido más que movidos para el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia. Se hizo pública la medida de aseguramiento que dictó en su contra la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que le adelanta por fraude procesal en actuación penal y soborno de testigos. Y después, a consecuencia de aquello, el mismo Uribe Veléz confirmó lo que se venía rumorando desde días atrás: renunció al Senado con el objetivo de que sea la justicia ordinaria quien lo investigue y juzgue en vez de los magistrados de la Corte. Y ahora, este miércoles (19 de agosto), el Consejo de Estado decidirá sobre una acción popular que alega un aparente favorecimiento a los hermanos Jerónimo y Tomás Uribe Moreno en la declaratoria de unos terrenos de su propiedad como zona franca.

Vea lo que piensa Tomás Uribe Moreno del retiro de la política de su padre.

Los hechos se refieren a la Zona Franca de Occidente, ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, e involucran los lotes San Laureano y El Paraíso, cuyos dueños son los Uribe Moreno. Adquiridos mediante una fiducia en 2006, año en que su papá consiguió un apabullante resultado en las urnas que confirmó su reelección como primer mandatario, dos años más tarde serían declarados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) como Zona Franca Permanente. El valor comercial de los predios creció más de 90 veces con esta declaratoria y despertó suspicacias alrededor de la transparencia de las decisiones.

Las dudas sólo irían en aumento cuando se hizo público que los hijos de Uribe Vélez vendieron unos terrenos aledaños a la nueva zona franca a una sociedad llamada Inversiones ALC, cuyos socios son familiares de Álvaro Rozo Castellanos, quien para entonces fungía como alcalde electo de Mosquera. La oficina del burgomaestre local fue la que dio la bendición de zona franca a los terrenos en cuestión, lo cual catapultó por las nubes su valor comercial.

Además, el valor bajo de la transacción entre el ya exalcalde y los hijos del exmandatario fue otro punto que llamó la atención. Se insinuó que Rozo Castellanos y los suyos recibieron estas tierras como pago por previos favorecimientos que el alcalde realizó a los Uribe Moreno a través de resoluciones adminsitrativas que facilitaron la eventual conversión de sus lotes en zona franca.

Es necesario añadir que Yenny Rozo Zambrano, una de las socias de Inversiones ALC e hija de Álvaro Rozo Castellanos, es sería quien entraría al Senado para reemplazar al expresidente Uribe Veléz después de que la detención domiciliaria impuesta por la Corte Suprema de Jusiticia quedara en firme.

La sucesión de acusaciones llevó en 2011 a Felipe Zuleta Lleras a interponer una acción colectiva que pretendía la protección del derecho a la moralidad pública que, según él, se violentó con la autorización y puesta en marcha de la Zona Franca de Occidente. 

Zuleta Lleras pedía echar para atrás la decisión ya que consideraba que los Uribe Moreno fueron favorecidos por ser hijos del entonces presidente. La acción se emprendió en contra de la Dian, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y los ministerios de Hacienda; Comercio, Industria y Turismo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció del fallo en primera instancia y en sentencia de septiembre de ese mismo año negó las pretenciones de la acción popular.

Vea el mensaje de Álvaro Uribe Vélez a su familia en medio de la prisión domiciliaria.

"Lo cierto es que no se modificaron los usos del suelo de esa parte del territorio del municipio, que demuestre indubitablemente dicho favorecimiento que se predica en la demanda, porque el uso previsto desde el año 2000 no era otro que el industrial, fecha para el cual el doctor Álvaro Uribe Vélez no era presidente de la República de Colombia y ninguna injerencia pudo ejercerse a condición de una magistratura inexistente" afirmó el Tribunal en su providencia que posteriormente sería objeto de impugnación.

El asunto parecía quedar en el olvido, ya han transcurrido casi nueve años, pero podría revivir por cuenta del Consejo de Estado. La Sala Plena de esta alta corte estudiará nuevamente la acción popular y determinará si revoca la determinación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca o no.

Si bien Jerónimo y Tomás Uribe Moreno no son partes del proceso —Felipe Zuleta Llera actúa en calidad de demandante y los demandados son la Dian, la Comisión Intersectorial de Zonas Francas y los ministerios de Hacienda; Comercio, Industria y Turismo—, lo que decidan los magistrados les afectará inevitablemente. Adicionalmente, coincide con un momento sin precedentes en la historia del país y que tiene como principal protagonista a su padre.