Judicial
Consejo de Estado define el futuro de los hipopótamos de Pablo Escobar
En 2022, el alto tribunal admitió una demanda que pide excluirlos de la lista de especies invasoras al considerar que se desconoce la ley que prohíbe el maltrato animal en Colombia. Este viernes se realizará una audiencia pública.
El narcotraficante Pablo escobar estaba fascinado con los hipopótamos y le pareció fácil traer desde un zoológico de Estados Unidos a su hacienda en Colombia a cuatro de estos especímenes, tres hembras y un macho, los cuales fueron abandonados tras la muerte de Escobar en 1993 por la dificultad de trasladarlos a una reserva natural.
Los hipopótamos se reprodujeron sin control alguno, escaparon de la Hacienda Nápoles y se extendieron a lo largo del río Magdalena. Hoy hay al menos unos 130 hipopótamos en el departamento del Magdalena ocasionando todo tipo de incidentes, ataques a la población, accidentes de tránsito y alteración de los ecosistemas de Colombia.
Por todo esto, y tras muchos ires y venires, el año pasado el Comité Técnico Nacional de Especies Introducidas y/o Transportadas Invasoras, liderado por el Ministerio de Ambiente, incluyó a los hipopótamos en la lista de especies invasoras. La decisión se tomó tras un informe hecho por el Instituto Humboldt y el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional, que concluyó que existió una reproducción masiva y no controlada de esta especie que pone en riesgo a la comunidad.
Con esta calificación, el Gobierno podía tomar medidas de fondo para controlar a la especie identificada y evitar su reproducción, además de otras acciones para evitar al máximo que ataquen a la población.
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Un equipo de expertos en conservación de especies trabaja en el desarrollo de una estrategia para controlar la reproducción de la especie. Hasta el momento se han evaluado tres alternativas: eutanasia, ampliamente controvertida, la reubicación en zoológicos y santuarios de animales en el extranjero, que resulta difícil por tratarse de animales que nunca han estado en su hábitat natural, y control de la fertilidad, costoso pero además logísticamente casi imposible.
Al Consejo de Estado llegó una tutela que pide reversar la decisión del Ministerio de Ambiente que declaró a los hipopótamos como una especie invasora en Colombia, argumentando que se está desconociendo la ley que declaró a los animales como seres sintientes a los que se les debe dar protección en todo el territorio nacional.
“(….) No sea posible adoptar medidas de prevención, control y manejo de la especie que le desconozcan su condición de seres sintientes y la aplicación de los principios de bienestar, protección animal y de solidaridad social” (sic), dice la demanda.
La demanda también cuestiona el hecho que fue el mismo Estado el que incurrió, durante años, en una omisión. Primero, al permitir el ingreso ilegal de los hipopótamos —que fueron traídos desde África— y la falta de control para su reproducción.
“Permitieron el ingreso ilegal de los cuatro individuos iniciales (tres hembras y un macho) y que luego de la muerte de Pablo Escobar permitieron la proliferación de la especie y su expansión territorial”, precisa la demanda radicada por el abogado Luis Domingo Gómez Maldonado.
La Procuraduría le pidió al Consejo de Estado que antes de tomar alguna decisión se lleve a cabo una audiencia pública para escuchar a expertos en el tema.
Dicha audiencia se llevará a cabo este viernes 28 de julio. El alto tribunal convocó a representantes del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, al Instituto de Estudios Ambientales de la Pontificia Universidad Javeriana, a la Facultad de Biología de la Universidad de los Andes, al Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia y a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
En el marco del debate, la Procuraduría ya insistió en mantener al hipopótamo como una especie invasora con el fin de atender la crisis ambiental que generan y proteger la vida de la comunidad que se ve reiteradamente afectadas.
Con ponencia del magistrado Oswaldo Giraldo López, el máximo tribunal de lo contencioso-administrativo le notificó al Ministerio de Ambiente, la Procuraduría General y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado que respondan a las pretensiones de la demanda y, de ser el caso, aporten evidencia sobre el caso.
