Consejo de Estado deja en manos del CNE y Comisión de Acusación la nulidad que interpuso Petro contra decisión de investigar su campaña

El Consejo de Estado decidió dar traslado a la nulidad que presentó el presidente Gustavo Petro contra la decisión que le dio competencia al Consejo Nacional Electoral para que investigue la financiación de su campaña a la Presidencia de la República.

El auto del alto tribunal explica: “Mediante el Sistema de Gestión Judicial Samai y a través de correo electrónico, el doctor Héctor Alfonso Carvajal Londoño, el 11 de septiembre de 2024, en su condición de apoderado del señor Gustavo Francisco Petro Urrego, presentó incidente de nulidad contra la decisión del 6 de agosto de 2024 de la referencia, mediante la cual la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió el conflicto positivo de competencias administrativas suscitado entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República”.

Un día después de que llegara la solicitud de nulidad, el proceso terminó en manos de un despacho que finalmente decidió correr traslado a las partes involucradas en el proceso para que se pronuncien sobre el mismo.

Por esa razón, el auto del Consejo de Estado decidió “correr traslado, por conducto de la Secretaría de la Sala, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, por el término de tres (3) días, del incidente de nulidad presentado contra la decisión del 6 de agosto 2024 mediante la cual la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado resolvió el conflicto positivo de competencias administrativas con radicado 11001-03-06-000- 2024-00343”.

La nulidad que solicitó Carvajal se dio contra la decisión que tomó la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al determinar que el Consejo de Estado (CNE) sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a los topes de financiación de la última campaña a la Presidencia de la República.

En esa decisión, el alto tribunal indicó: “Es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza”.

Con ese auto, el Consejo de Estado dejó claro que aunque el CNE puede investigar la financiación de la campaña Petro Presidente, el único que puede sancionarlo con la pérdida del cargo al presidente es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

“La decisión del presente conflicto de competencias administrativas en manera alguna afecta las competencias específicas que, por mandato constitucional, en materia penal y disciplinaria de altos servidores del Estado, corresponden al resorte privativo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, se concluye en la providencia.

Esa determinación se dio como la resolución del conflicto de competencias que tenía el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusación por los hechos relacionados con la posible violación de topes legales de gastos y aportes en la campaña del presidente Gustavo Petro.

Aunque la Sala explicó que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de imponer las sanciones administrativas contra el ganador de la campaña a la Presidencia, si se llega a comprobar alguna irregularidad, el Congreso de la República es el único que tiene competencia de aplicar una eventual pérdida del cargo, conforme lo exigen los juicios por dignidad política.

El presidente Petro ha criticado de manera vehemente que el CNE investigue las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la financiación de su campaña, a lo que el organismo electoral respondió a través de un comunicado: “Ante las reiteradas declaraciones del señor presidente de la República, que son de conocimiento general, aclara que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes”.