JUSTICIA

Muerte política para el senador de La U Carlos Enrique Soto

Así lo decidió el Consejo de Estado al estudiar la demanda que lo señalaba de pagarle viajes a un asesor que no realizó labores propias del cargo. El viajero era el hijo de su compañera.

28 de marzo de 2017

Los viajes a Canadá y Panamá de parte de Juan David Giraldo Saldarriaga acaban de llevar a que el Consejo de Estado imponga su más drástica sanción política. 

El alto tribunal decretó la muerte política para el senador del partido de la U Carlos Enrique Soto Jaramillo, al considerar que el parlamentario destinó de manera indebida recursos públicos e incurrió en tráfico de influencias.    

Puede leer: Consejo de Estado decreta pérdida de investidura a gobernador de Norte de Santander

Según pudo determinar el Consejo de Estado, el senador autorizó dos viajes a Giraldo: el primero fue del 2 al 7 de julio del 2012 a Panamá, y el segundo entre el primero y 12 de noviembre del 2013 a Toronto (Canadá). 

Estos 18 días no pudieron ser justificados por la defensa; no estaban dentro de las funciones que recaían sobre el joven, ni tampoco tuvieron la debida autorización por parte del Congreso. Según el fallo, con ponencia del magistrado de la Sección Segunda Rafael Francisco Suárez Vargas, el asesor recibió la totalidad de su salario por días durante los cuales no laboró.

En consecuencia, el estudiante de la Universidad de Los Andes terminó admitiendo su responsabilidad y restituyendo el dinero. Sin embargo, los cuestionamientos del Consejo de Estado se centraron en el senador Soto, quien sin importar que existiera un claro conflicto de intereses integró a su Unidad de Trabajo Legislativo a Giraldo, que es hijo de su compañera. 

Le recomendamos: Un camino a la resurrección de quienes sufrieron ‘muerte política‘

"Es un mensaje claro a mantener la transparencia de la instituciones en un país que clama a gritos que se den respuestas judiciales al flagelo de la corrupción. El Congreso está en deuda de brindar esta transparencia", indicó el demandante Pablo Bustos, representante de la Red de Veedurías Ciudadanas. 

La Ley 5ª de 1992, dice el Consejo de Estado, es clara en advertir que a los legisladores les corresponde emitir una certificación del cumplimiento de las labores de los empleados de su UTL y, con base en esta, se paga el salario de los servidores.

Sin embargo, esta certificación no se emitió, así como también quedó demostrado que Giraldo estudiaba dos carreras en jornada diurna, en el tiempo en que supuestamente laboraba en la UTL. De esta manera, el senador Soto, el risaraldense que llegó a ser codirector del partido de la U, perdió su investidura por incurrir en una conducta que a todas luces resultó siendo irregular. 

Puede leer: El magistrado Verde que investigará la campaña Santos 2010