El morro de Gaira ya no será más una propiedad privada

Gaira, la pequeña isla rocosa que está ubicada a un kilómetro de las playas de Rodadero, en Santa Marta (Magdalena), volverá a ser de dominio público gracias a un trascendental fallo del Consejo de Estado. (También le puede interesar: Consejo de Estado ordena recuperar áreas invadidas en las Islas del Rosario)

Con ponencia del magistrado Hernán Andrade, la Sección Tercera del alto tribunal declaró nula una resolución por medio de la cual el Incora había reconocido el terreno como baldío y había adjudicado su posesión a un particular que lo había rentado desde 1966.

Cuando se habla de Gaira, en el interior del país es común pensar en el establecimiento comercial propiedad de Carlos Vives donde muchos famosos pasan ratos de esparcimiento en el norte de Bogotá.

Pocos, aparte de los samarios, saben que se trata de un morro o pequeña isla ubicada en la bahía de Santa Marta que desde hace ya medio siglo está en manos de particulares.

Un hombre con visión empresarial legalizó su derecho a ejercer la posesión sobre el morro en 1966. En ese entonces, celebró un contrato de arrendamiento con el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora).

Según ese convenio, ese ciudadano se comprometía a pagar un canon anual de arrendamiento de 1.800 pesos durante 10 años, al cabo de los cuales devolvería el dominio de la tierra.

Allí fue construido un muelle y años más tarde empezó a funcionar un club náutico. Al arrendatario le fue tan bien con el usufructo de esos terrenos, que acordó con las autoridades una renovación del contrato, que en 1975 fue extendido hasta 1986.

Como la posesión que este particular ejercía sobre Gaira implicaba que tenía una obligación de devolverla al control de la Nación, pensó que podría tener derechos sobre ella al considerar que se trataba de una tierra baldía que el Estado estaría obligado a entregarle.

Y así lo consiguió. A través de una resolución del Incora fechada en 1979, ese organismo le adjudicó el morro, teniendo en cuenta que llevaba más de 20 años explotándolo, como lo imponía la legislación de ese entonces.

Años más tarde, la Procuraduría se opuso a la adjudicación por considerar que se trataba de terrenos públicos que no pueden ser sometidos al control de los privados de manera definitiva. Por eso interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, con el anhelo de que ese organismo anulara la entrega de los derechos sobre el morro.

Como esa corporación rechazó la acción por considerar que el caso ya había prescrito, la Procuraduría lo intentó una vez más ante el Consejo de Estado. Doce años después, ese alto tribunal revocó el fallo y le dio la razón al Ministerio Público.

Según esa corporación, el organismo de control tenía razón al reconocer la pequeña isla como un bien público. Por eso mismo, la posibilidad de recuperarlo quedaba abierta sin importar desde hace cuánto tiempo se hubieran tomado esas decisiones.

Al final, la corporación anuló la polémica decisión que se tomó hace 37 años y les devolvió a los samarios y a los colombianos la posibilidad de volver a disfrutar libremente del acceso al morro de Gaira, pues canceló la matrícula inmobiliaria que, por décadas, mantuvo privatizada la pequeña isla. (Le recomendamos: Un Rosario de problemas).