NACIÓN
Consejo de Estado ordena indemnizar al almirante (r) Arango Bacci
La decisión del Alto Tribunal le ordena a la Fiscalía ofrecer disculpas por la captura del oficial en retiro y, además, a repararlo económicamente.
SEMANA conoció este miércoles un fallo del Consejo de Estado que ordena a la Fiscalía a indemnizar al almirante (r) Arango Bacci, quien permaneció por más de 16 meses retenido en un proceso por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Arango Bacci había sido llamado en agosto de 2007 a indagatoria ante la Fiscalía en el marco de una investigación por presuntamente haber incurrido en enriquecimiento ilícito y supuesta relación con narcotráfico.
El fallo ampara a miembros de la familia del oficial en retiro y le ordena a la Fiscalía ofrecer disculpas a Arango Bacci “a través de una misiva personal (...) por la detención injusta de la que fue objeto”. Además, añade: “Dicha entidad deberá coordinar con el aquí demandante si es suficiente con que el documento le sea entregado personalmente a él o si, además, debe publicarse en las plataformas de comunicación y difusión de la entidad. Esta medida deberá cumplirse dentro del mes siguiente a la ejecutoria de la presente providencia”.
En otro aparte del fallo se explica la decisión: “La privación de la libertad provocó en este caso una afectación al buen nombre y a la dignidad del demandante Gabriel Ernesto Arango Bacci de suerte que se torna en una afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La Sala encuentra que la única forma de reparar este perjuicio es a través de una medida de reparación no pecuniaria”.
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Adicional a eso, la decisión del Consejo de Estado contempla una reparación donde se considera que el máximo de 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes se otorga cuando la persona estuvo privada de la libertad durante 18 meses y, cuando la detención fue menor, la indemnización es proporcional al tiempo de detención: “Toda vez que el señor Gabriel Ernesto Arango Bacci fue la persona privada de la libertad, se encuentra legitimado para reclamar los perjuicios derivados de la misma, al igual que se encuentran legitimados Catalina María Jiménez Isaza, Nicolás Arango Jiménez, Alejandro Arango Jiménez, Camila Arango Jiménez, Julián Arango Lora, Sylvia Elena Arango de Castellanos, Federico Ignacio Arango Bacci, toda vez que con los registros civiles de nacimiento acreditaron la relación de parentesco con la víctima directa”.
El fallo concluye: “Finalmente, la circunstancia de que el señor Gabriel Ernesto Arango Bacci, para la época en que se desempeñó como comandante del comando de San Andrés, permitió el paso de lanchas “go fast” cargadas de narcóticos al ordenar movilizar la fragata ARC Almirante Padilla, se trató de una presunta implicación que no fue corroborada para el momento en que se impuso la medida de aseguramiento y, por lo tanto, no podía considerarse como un indicio de responsabilidad. Es preciso advertir que dicha situación fue desestimada en el juicio oral, con ocasión de un dictamen pericial ordenado por la Fiscalía General de la Nación en el que se concluyó que Arango Bacci actuó como correspondía, teniendo en cuenta que recibió una información equivocada y errónea”.
En el fallo conocido por SEMANA, queda claro que la suma por la reparación será cercana a los 700 millones de pesos. Sin embargo, la defensa de Arango Bacci, encabezada por el abogado Jaime Granados, advierte que queda fijado un precedente ante este tipo de casos donde se priva a alguien de la libertad sin tener sustento.
En contexto: el proceso de demanda
En 2009, el almirante anunció que demandaría a la Nación porque, a su juicio, se le estaba violando su derecho al debido proceso. Esto ocurrió una vez Arango Bacci recuperó su libertad, como lo señala el fallo, tras haber estado al menos 16 meses retenido.
En el año 2014, el Tribunal Administrativo en primera instancia le negó sus pretensiones. En ese momento se presentó apelación por parte del abogado Jaime Granados, defensa de Arango, y ahora el Consejo de Estado a través de su sección tercera concluye que, efectivamente, el almirante (r) fue privado de su libertad de manera injusta.