Consejo de Estado pone en jaque la locomotora minera

Desde que Juan Manuel Santos se posesionó como presidente en el 2010 ha manifestado que la minería es una de las locomotoras de su gobierno, que impulsaría la economía en el país.

Fue así como, siguiendo los objetivos trazados por el mandatario, en febrero y junio de 2012 el ministerio de Minas y la Agencia Nacional Minera (ANM), expidieron dos resoluciones con las cuales declararon y delimitaron las Áreas Estratégicas Mineras que tienen una extensión de más de 20 millones de hectáreas. 

Con esa decisión las empresas privadas podrían empezar procesos de licitación pública para llevar a cabo las labores de exploración y explotación de minerales a gran escala. En cierta medida, eran los documentos que faltaban para que la locomotora arrancara en forma.

Ahora, casi tres años después de haber sido expedida la resolución, el Consejo de Estado pone en jaque una de las políticas más importantes del mandatario y decide -mediante un Auto preferido en mayo- suspender provisionalmente los efectos jurídicos de las normas que crearon 516 zonas mineras en 22 departamentos del país, con una extensión de 20,4 millones de hectáreas. Una extensión que representa cerca del 20 % del territorio nacional. 

El tema terminó en el alto tribunal después de que en septiembre de 2014, el Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, una organización dedicada a la defensa del territorio, presentara una acción de nulidad en la que cuestionan la legalidad de las decisiones que tomó el Gobierno.

Según la organización, estas resoluciones no solo violaron el derecho a la consulta previa de comunidades étnicas, sino que además muchos de esos bloques mineros se superponen sobre ecosistemas estratégicos, como el Chocó biogeográfico, la Amazonía y el Macizo Colombiano.

“Queremos que se haga una política de desarrollo minero más organizada. La consulta previa no es el único argumento, esas resoluciones no tienen en cuenta  –por ejemplo- las áreas protegidas (…) La idea es una política minera que no genere conflictos sociales y ambientales. Que se haga bajo ciertos criterios y que sea acorde con los Derechos humanos”, explicó Ximena González, abogada de Tierra Digna, a Semana.com.

En su defensa, la ANM señaló que no se realizó la consulta previa debido a un concepto del Ministerio del Interior, según el cual no era necesario agotar tal procedimiento debido a que las medidas no otorgaban títulos mineros, sino establecían áreas estratégicas mineras, es decir “creaban meras expectativas”.

Olga Mélida Valle De la Hoz, consejera ponente, reafirmó la necesidad de proteger las comunidades étnicas que se pudieran ver afectadas con las medidas tomadas por la ANM y MinMinas, teniendo en cuenta que para la expedición de dichas resoluciones no se agotó la consulta previa con las comunidades.

Por otro lado, Tierra Digna asegura que con esos actos administrativos “el gobierno nacional había tomado una decisión de enorme trascendencia para el país, en tanto alteró la destinación productiva para múltiples territorios rurales, mucho de ellos con vocación agrícola y de conservación ambiental”.

Más allá de las razones jurídicas detrás de la decisión de la alta corte, esta suspensión empeora la situación actual del sector. La industria minera atraviesa un momento difícil donde se combinan las consultas previas, las preocupaciones ambientales de las comunidades, la mala percepción de la opinión pública, el impacto de la minería ilegal, la inseguridad jurídica y los bajos precios internacionales.

Estas son las zonas del territorio nacional que hacen parte de las Áreas Protegidas Mineras. Realizado por Tierra Digna.