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Consejo de Estado revisará tutela de la Universidad de Cartagena para resolver millonario pleito con Ecopetrol
El lío judicial viene desde 2006, cuando las partes iniciaron un proceso que incluye supuestos cobros indebidos por exportaciones de petróleo desde el Puerto de Cartagena.
En mayo de 2023 se conoció que la Universidad de Cartagena debía devolver unos 50 mil millones de pesos a Ecopetrol por cuenta de que la institución educativa recibió unos recursos por cada exportación de petróleo que se hizo desde el Puerto de Cartagena.
Sin embargo, tres meses después, hay una decisión que vuelve a darle un giro a ese largo proceso, porque el Consejo de Estado estudiará una acción de tutela en contra de ese último fallo de la Sección Cuarta y el pago de la universidad a Ecopetrol está suspendido.
Esto quiere decir que la Sección Cuarta ordenó a la Universidad de Cartagena devolver los recursos recaudados por el uso de una estampilla, pero el Consejo de Estado estudiará el caso por haber presuntamente vulnerado “sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad, cuando profirió una sentencia el 11 de mayo de 2023, en la que ordena devolverle a Ecopetrol los pagos que efectuó el 9 de abril de 2010, por valor de $22.865.515.597, y el 3 de marzo de 2010, por valor de $26.402.634.272″, dice el documento.
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El magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, de la Sección Quinta del Consejo de Estado, admitió la acción constitucional presentada, donde se considera que el fallo aludido vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la defensa y a la igualdad.
Por esa razón, el Consejo de Estado determinará si la Universidad de Cartagena tiene razón en sus argumentos, ya que aseguran que hubo irregularidades en el fallo que le dio la razón a Ecopetrol y que los obligaría a devolver una millonaria suma de dinero.
En la acción de tutela, la Universidad de Cartagena advierte que el Tribunal Administrativo de Bolívar, instancia que había tomado decisión sobre el caso, indujo en error a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al hacerle creer que el expediente judicial estaba compuesto por cerca de 800 folios, omitiendo incorporar materialmente folios esencialmente importantes para que el Consejo de Estado conociera las razones de la decisión que se había tomado con anterioridad.
“En síntesis, la omisión de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar, de remitir el expediente judicial completo para que dichas pruebas fueran conocidas y valoradas por el Consejo de Estado, vulneró el debido proceso del ente universitario e indujo a error al máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo”, señala el documento.
El Alto Tribunal también resolvió vincular como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Bolívar y a Ecopetrol. Adicionalmente, se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a fin de que, si lo considera pertinente, intervenga en la presente acción constitucional. De igual forma, el Consejo de Estado ordenó vincular como terceros de interesados a los sindicatos de la Universidad de Cartagena y al representante de los estudiantes, Daniel Hernando Herrera Blanco.
Todo este pleito inició en 2006, porque la Universidad de Cartagena interpuso una acción de cumplimiento contra Ecopetrol, para que pagara el tributo de la estampilla y que cumpliera lo dispuesto en la Ley 334 de 1996.
Según el fallo de junio, el dinero que debe devolver la Universidad de Cartagena a Ecopetrol debe hacerse con los intereses correspondientes, por lo que la cifra ascendería a los 200 mil millones de pesos; incluso, podría afectarse el funcionamiento universitario al considerar que es un monto multimillonario.
En los próximos días se conocerá qué pasará con este caso, que ya lleva 17 años en líos judiciales y el Consejo de Estado tendrá la última palabra.
