FARCPOLÍTICA
Consejo de Estado tumba destitución de Piedad Córdoba
A pesar del fallo, la dirigente no podrá reanudar su vida política por culpa de una segunda destitución que le impuso la Procuraduría.
El Consejo de Estado tumbó la destitución e inhabilidad de 18 años que le impuso la Procuraduría a Piedad Córdoba por la supuesta vinculación de la exsenadora a la llamada ‘Farcpolítica‘, un aparente contubernio entre dirigentes y guerrilleros similar al que mantuvieron congresistas y paramilitares y que nunca fue demostrado.
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Sin embargo, el sueño de la exsenadora de volver a la contienda electoral tendrá que esperar un tiempo más, pues todavía está vigente una segunda sanción disciplinaria que la relega a estar alejada de la función pública por 14 años.
Cuando el procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a Córdoba por su supuesta relación irregular con la guerrilla, muchos de los detractores del alto funcionario lo consideraron una retaliación política. Para muchos, era una decisión que desconocía muchos principios legales.
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Se desataron numerosas acciones jurídicas, entre ellas varias acciones de tutela, en las cuales se cuestionaba por qué el jefe del Ministerio Público había tenido en cuenta como pruebas en contra de Piedad, los elementos hallados en el computador que fue incautado en el campamento en el que murió Édgar Devia, alias ‘Raúl Reyes‘.
Para quienes cuestionaban el fallo ese material no podía ser utilizado como demostrativo del supuesto nexo entre la exsenadora y la guerrilla debido a que la Corte Suprema había declarado ilegales todos los elementos allí recopilados.
Con esos mismos argumentos, la excongresista liberal interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con la esperanza de que el Consejo de Estado echara para abajo esa sanción y le devolviera su derecho a ocupar cargos públicos.
La Sala Plena de la corporación le hizo caso. La mayor parte de los magistrados aceptó los argumentos del consejero William Hernández, quien juzgó ilegal la actuación de la Procuraduría por haber destituido a la dirigente a través de pruebas ilegalmente recaudadas.
La mala noticia para la demandante es que esta decisión no le ofrece la posibilidad automática de volver al seno de la función pública, pues todavía pesa sobre ella una inhabilidad pública de 14 años, que fue la sanción que la Procuraduría le impuso en el 2012.
La exsenadora espera que también en ese caso el Consejo de Estado desautorice al jefe del organismo de control disciplinario, lo que le permitiría volver a aspirar algún cargo de elección popular durante los próximos comicios.
A propósito del tema, la consejera ponente de la demanda contra esa segunda destitución, Sandra Lisset Ibarra, convocó a audiencia pública a las partes para el próximo 14 de septiembre. En la diligencia, se espera que la dirigente de izquierda explique si le donó o no 25 millones de pesos a la campaña de uno de sus asesores a la Cámara de Representantes en el 2010.
Según el organismo de control, la dirigente sí entregó esos dineros a su coequipero Ricardo Antonio Montenegro Vásquez, lo que constituye la participación indebida en política que la Procuraduría le endilgó a Piedad para sustituirla por segunda vez.
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