Consejo Gremial del Cauca alerta sobre posibles expropiaciones por cambios en procesos de extinción de dominio: “ANT actuaría como juez”

Por medio de un comunicado, el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca ha manifestado una creciente preocupación en el sector agrícola y productivo del departamento respecto a un proyecto de decreto que busca regular el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Según el comunicado, el articulado actual del borrador de proyecto plantea disminuir las garantías de los propietarios en los procesos de extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica de las tierras.

Los gremios y empresas del Cauca, reunidos en el Consejo Gremial y Empresarial, han realizado un llamado al Ministerio de Agricultura para que revise y modifique este proyecto de decreto. Argumentan que el actual texto del decreto podría “poner en riesgo” el derecho a la propiedad privada al transferir la responsabilidad de los procesos de extinción de dominio de los jueces de la República a funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

“Hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura para que modifique el proyecto de decreto reglamentario del artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo, debido a que el articulado actual del decreto pone en riesgo el derecho constitucional a la propiedad privada al dejar en manos de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras procesos de extinción de dominio por incumplimiento de la función social o ecológica, los cuales hoy son atendidos por Jueces de la República”, señalan en el comunicado donde exponen sus argumentos.

En la misiva, los gremios y empresas también expresan su preocupación por el hecho de que la ANT, una entidad encargada de metas relacionadas con la compra y entrega de tierras en el marco de la Reforma Rural Integral, podría tomar decisiones sobre la extinción de dominio con base en criterios “poco claros” en el marco normativo del borrador de decreto. Esto, en opinión del Consejo Gremial, podría llevar a que la ANT “actúe como juez y parte” en los procesos, lo que “vulneraría el debido proceso y los derechos de los propietarios”.

Además, el comunicado señala que los propietarios afectados enfrentarían una “carga”, según lo propuesto en el texto del decreto. Esto podría resultar en la venta obligada de sus propiedades a un “precio inferior” al avalúo comercial, sin recibir compensación alguna, afirman.

“De esta forma, la ANT entraría a actuar como juez y parte en los procesos de extinción de dominio, vulnerando el debido proceso a los propietarios, sobre los cuales, además, recae la carga de la prueba de acuerdo con el texto proyectado en el decreto. Esto, en la práctica, significará que propietarios de todo el país se enfrentarán a vender de forma obligada, por un precio inferior al avalúo comercial, so pena de perder sus predios sin compensación alguna”, enfatizan.

De acuerdo con el Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, “comprenden” la importancia de impulsar el desarrollo y la productividad del campo colombiano, especialmente en un departamento con un alto potencial agrícola como el Cauca; sin embargo, advierten que esta iniciativa “no debe resultar en la pérdida de derechos fundamentales de los propietarios”.

“Comprendemos la iniciativa del Gobierno Nacional de impulsar el campo colombiano y promover su productividad, especialmente desde el Cauca, departamento con un gran potencial agrícola que no ha sido debidamente aprovechado por falta de infraestructura, asistencia técnica y desarrollo. La debilidad histórica del Estado en este departamento, que no ha permitido que las condiciones para el desarrollo y la productividad se den, no puede llevar a que los propietarios sean castigados con la extinción del dominio sobre sus predios. Es por esto que alertamos a la opinión pública, a los medios de comunicación y a los organismos de control sobre este proyecto de decreto y el exabrupto constitucional que contiene”, añaden en el comunicado.

En este contexto, alertan a la opinión pública, medios de comunicación y organismos de control sobre el contenido y posibles implicaciones del proyecto de decreto en cuestión. El gremio destaca la “paradoja” entre este proyecto y la reciente creación de la jurisdicción agraria, cuyo propósito es precisamente garantizar “procesos judiciales justos” en los conflictos agrarios y de tierras.

“Expresamos que resulta paradójico este proyecto de decreto, teniendo en cuenta que el propósito de la reciente creación de la jurisdicción agraria, aprobada por el Congreso de la República en junio pasado, fue precisamente que esta entidad se encargara de tramitar por vía judicial los procesos agrarios, evitando así que el Gobierno Nacional, por medio de la Agencia Nacional de Tierras, se convierta en juez y parte en la definición de los conflictos agrarios y de tierras en el país”, finalizaron la misiva.