Consejo Gremial denuncia que bloqueos han causado pérdidas de 6,1 billones de pesos

Una vez más, el Consejo Gremial Nacional (CGN) expresó su respaldo al Gobierno nacional y la orden del presidente Iván Duque de levantar los bloqueos en varias vías del país.

La semana pasada, el gremio que reúne a los sectores económicos más importantes de Colombia pidió levantar los bloqueos que afectan la libre circulación por carreteras y pidió el uso de la fuerza para lograrlo.

Ahora, este sábado por medio de una carta, el CGN le comunicó al presidente Duque su apoyo e indicaron que los bloqueos no están sujetos “a ningún tipo de negociación con los dirigentes del paro”, pues indican que “conforme a l establecido en el Código Penal colombiano, constituyen un delito (Artículo 353A C.P.), ya que atentan contra el orden público, la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y el derecho al trabajo”.

El gremio también denuncia que estas acciones en el marco del paro nacional “han ocasionado las pérdidas económicas estimadas en más de 6.1 billones de pesos, lo cual tiene efectos trasversales sobre el tejido empresarial, el aparato productivo y, sobre todo, el empleo formal de los colombianos”.

En el documento conocido por SEMANA, y firmado por Julián Domínguez Rivera, presidente del Consejo Gremial Nacional, la organización respalda “la decisión de utilizar los instrumentos jurídicos con que cuenta el Estado para garantizar el orden público y los derechos fundamentales, entre ellos acudir a la figura de Asistencia Militar para atender los graves hechos de violencia, vandalismo, alteración a la seguridad, libre movilización y obstrucción de las actividades del aparato productivo producidos con ocasión de los bloqueos”.

El pronunciamiento del CGN se da tras cumplirse más de un mes desde que inició el paro nacional en Colombia convocado por las centrales obreras y los sindicatos, en que un factor dominante han sido los bloqueos viales que han puesto en jaque a las empresas del país y también el abastecimiento básico de las regiones.

Tras la extensión de estas acciones de bloqueo, el Consejo Gremial solicitó al Gobierno de Iván Duque utilizar las vías legales para que se judicialice a las personas o representantes legales que motivan los bloqueos en Colombia.

De esta manera, reiteran su llamado de los últimos días para que cesen los bloqueos. El sector empresarial e industrial representado en esta agremiación sumó a sus argumentos que este tipo de protestas no hacen parte del ejercicio legítimo del derecho a las manifestaciones sociales, pues “sus acciones generan violencia e inseguridad, atentan contra la vida y el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, y “daño a la propiedad privada y a los bienes públicos”.

En el texto, se señala que son respetuosos de la protección de los derechos de los colombianos y que como empresarios siguen haciendo “grandes esfuerzos para sostener sus empresas en medio de la actual coyuntura”, manifestando su preocupación por los riesgos que sufre el mercado laboral, pues los más de 2.000 bloqueos presentados en un mes de paro nacional han debilitado el tejido empresarial.

En un comunicado conocido el fin de semana pasado, el CGN indicó que “estos bloqueos afectan la actividad productiva y, por ende, el recaudo tributario de la nación y de los municipios, perjudicando el gasto social, la sostenibilidad de las finanzas públicas y la recuperación económica del país [...] Es imperativo que, para el desarrollo de las conversaciones entre el Gobierno nacional y los integrantes del Comité del Paro, no solo se generen las garantías para las manifestaciones pacíficas sino también para la movilidad de todos los colombianos. El levantamiento de los bloqueos debe ser una condición para poder avanzar en dichas conversaciones”.

Por otro lado, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas, Acopi, manifestó también su preocupación por los bloqueos y pidió que las negociaciones no avancen si estos no se levantan, tal y como lo ha pedido también el Gobierno nacional.

Según este gremio las pérdidas empresariales ya suman $3 billones de pesos, lo que inevitablemente llevará a una masacre laboral, lo que iría en contravía de los derechos que reclaman los manifestantes en las calles.