Consejo Gremial le pide a la Fiscalía tomar acciones judiciales para frenar los cierres viales

Más o menos una hora antes de que el Gobierno y el Comité Nacional del Paro retomaran las conversaciones que habían comenzado la tarde del domingo 16 de mayo, el Consejo Gremial Nacional publicó una carta en la que se pronuncia sobre los diálogos.

El texto arranca definiendo como un “avance” la primera reunión entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, que duró poco más de tres horas.

Las conversaciones continuarán el lunes 17 a las 2:00 p. m., pues el Gobierno había pedido tiempo para analizar los 19 puntos del documento entregado por el Comité, titulado “Garantías para el ejercicio de la protesta”.

En el segundo punto de la carta, el Consejo Gremial Nacional afirma que el diálogo nacional con los sectores sociales y económicos permitirá establecer acuerdos que fortalezcan los trabajos que viene haciendo el país para atender las necesidades de las millones de familias colombianas que viven en condición de vulnerabilidad.

Se buscará la mejor manera de atender sus necesidades básicas, y de generar más oportunidades educativas y laborales para los jóvenes.

Como tercer punto, el Consejo dijo rechazar que el Comité del Paro continúe con los bloqueos que afectan dramáticamente varias zonas del país, pues impiden el abastecimiento de alimentos y de medicamentos, y generan pérdidas de puestos de trabajo.

Por ello, respaldan la solicitud hecha por el Gobierno el pasado 16 de mayo, de suspender los bloqueos y dejar atrás las acciones de vandalismo y violencia que han provocado caos en varias ciudades del país. Esas vías de hecho “son contrarias al mínimo respeto por los derechos fundamentales de los colombianos, como la salud, el trabajo y la movilidad,” dicen. Y añaden: “El objetivo primordial debe ser propender por acciones que beneficien a toda la población, y que garanticen sus derechos”.

Casi finalizando la carta, el Consejo invita a la Fiscalía, a los organismos judiciales y a los entes de control a que, en el marco de sus competencias, tomen acciones judiciales, administrativas, penales y fiscales frente a los cierres de las carreteras del país y los demás hechos violentos que han marcado la agenda nacional de las últimas dos semanas, y que se alejan del tipo de protesta amparada por la Constitución.

Como último punto, afirmaron que desde el sector privado seguirán contribuyendo con propuestas y acciones que consoliden el diálogo, y le permitan al país avanzar en sus indicadores de bienestar social y de reactivación económica.