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Consejo Gremial, preocupado por la invasión de tierras y el decreto de movilización campesina; esto le dijo al Gobierno Petro
Además, le pidió generar consensos y evitar decisiones que generen polarización.
Este 12 de septiembre, el Consejo Gremial —que agrupa a los gremios representativos de los sectores industrial, servicios, agropecuario, financiero y comercial— expresó su incertidumbre al Gobierno del presidente Gustavo Petro debido a la problemática de invasión de tierras y a dos proyectos de decreto que han generado debate los últimos días: el que reglamenta el artículo 61 del PND y el que promueve la movilización campesina.
“El Consejo Gremial Nacional manifiesta su preocupación frente a la invasión de tierras en el territorio colombiano y las medidas reglamentarias que busca implementar el Gobierno Nacional”, afirmó en la misiva.
En cuanto a la invasión de tierras, el Consejo Gremial afirmó que se está vulnerando el derecho a la propiedad privada y, consecuencia de esta problemática, se está atentando contra la generación de empleo, por ejemplo.
“Como representantes del sector empresarial y productivo del país, vemos con preocupación la creciente invasión de tierras que distintas comunidades vienen realizando de forma ilegal, transgrediendo el derecho a la propiedad privada de las personas que ostentan la titularidad legítima del inmueble. Estos hechos de violencia atentan contra la vida, el empleo, la iniciativa empresarial, la propiedad privada, el bienestar de la población y el progreso del país”, expuso en el comunicado.
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En cuanto a los dos proyectos de decreto que han generado polémica, el Consejo Gremial advirtió que pueden ir en contravía de la paz por la que apuesta el Gobierno Petro y, por el contrario, aumentar el ambiente de polarización que ha marcado a Colombia en los últimos tiempos.
“Desde el Consejo Gremial Nacional hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura y al Gobierno Nacional para que las medidas de carácter reglamentario sean expedidas conforme al orden constitucional y legal, y estén encaminadas a proteger y salvaguardar el bienestar de toda la población. Al respecto, los proyectos de decreto que se publicaron para comentarios generan inseguridad jurídica, y pueden ocasionar mayor polarización en detrimento de la paz y estabilidad social en los territorios”, sustentó.
“El proyecto de decreto que elimina las garantías judiciales a la extinción de dominio y reglamenta el artículo 61 del PND, convierte el proceso en “administrativo” y a discreción de la Agencia Nacional de Tierras, sin intervención de la rama judicial”, agregó.
Por otro lado, el proyecto de decreto que promueve la movilización agraria, que según la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, se trata de un mecanismo que reglamenta la conformación de los comités municipales para la reforma agraria, espacios para escuchar al campesinado y fomentar sus espacios de participación; también está generando incertidumbre.
“Lo que queremos es generar un proceso de participación y movilización que ya existe, pero hacerlo de manera articulada con las instancias públicas del Gobierno Nacional, que nos permita fluir con una mayor eficacia a las demandas sociales y a las priorizaciones en materia de reforma agraria”, detalló la ministra días atrás.
Lo que teme el Consejo Gremial es que la movilización agraria promovida mediante el decreto genere inestabilidad en los territorios.
“Paralelamente, el proyecto de decreto cuyo propósito es la promoción de la movilización campesina por la defensa de las conquistas sociales, económicas y políticas de las comunidades, contribuye a generar inestabilidad política en las regiones y carece de elementos que permitan al Gobierno Nacional prevenir la instrumentalización de dichas movilizaciones para afectar el orden público”, advirtió el documento.
“Invitamos al Gobierno Nacional a que promueva acciones que generen consensos y eviten la expedición de decisiones que profundicen la polarización y puedan generar inseguridad jurídica. Reiteramos nuestro compromiso en las acciones tendientes a reivindicar los derechos de todos los colombianos en donde se garantice una vida digna, la reducción de brechas sociales y económicas, y se garantice la igualdad en el acceso de oportunidades, bienes y servicios para todos los ciudadanos”, concluyó.