Los indestructibles de la Judicatura

Pareciera como si nada pudiera derrotarlos. La semana pasada el país político se conmocionó con la sentencia de la Corte Constitucional que no permitió acabar con la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El fallo parecía confirmar lo que en la Justicia siempre han creído. Esa alta corte, creada por la Constitución de 1991 para gerenciar la rama, parece indestructible. La decisión además generó otra consecuencia, esta sí insólita ante una Judicatura que ha indignado al país por su inoperancia y politiquería: que tras el fallo, los seis magistrados que integran esa corporación son más poderosos que antes.

La sentencia de la Corte Constitucional habría podido generar un complejo efecto dominó. La reforma de equilibrio de poderes tenía en el aspecto judicial dos componentes fundamentales: el reemplazo de la Judicatura y la creación de una Comisión de Aforados. Apenas se hizo pública la decisión de la corte, en el Congreso muchos salieron a criticar tajantemente el fallo pues en un principio se creyó que ambos puntos se caían. La principal molestia era que los magistrados se habían autodenominado ‘intocables’. Esto porque argumentaron que el Congreso no tenía competencia para modificar la estruc tura de la Judicatura como había hecho el equilibrio de poderes, en especial porque el nuevo modelo atentaba contra la autonomía de la Rama Judicial.

Sin embargo, cuando se publicó el comunicado de la Corte Constitucional, una cosa quedó clara: no había tal efecto dominó. El problema radicaba en que una de las funciones de la Comisión de Gobierno Judicial, que era el órgano que reemplazaba a la sala administrativa, era elegir a los magistrados que juzgarán a los aforados. Como ellos se habían caído, muchos interpretaron que ahora nadie podría conformar esa nueva supercorte. El fallo, sin embargo, planteó otra alternativa. Todas las funciones que iba a tener esa comisión ahora estarán a cargo de la Judicatura.

Ese nuevo escenario deja a los seis magistrados que conforman esa entidad con un inmenso poder. La Comisión de Aforados es el principal caballo de batalla en la cúpula de la Justicia. Se planteó como una especie de supertribunal ético con la capacidad de investigar y sancionar a todos los magistrados y al fiscal general. El principal motor de ese nuevo organismo era que por cuenta de la absoluta inoperancia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, todos ellos hasta ahora han gozado de total impunidad.

Después de casi un año de enormes controversias el Congreso aprobó esa nueva comisión, aunque esta todavía no tiene asegurado su futuro. En la Corte Constitucional se tramita la demanda de Eduardo Montealegre, quien asegura que la nueva figura contraría los principios constitucionales y tuvo vicios de forma. El alto tribunal tendrá que decidir antes del 13 de julio si acepta los argumentos del exfiscal e impide el nacimiento de la Comisión de Aforados o por lo contrario le da vía libre.

Si esto último sucede, la conformación de la Comisión de Aforados quedará en manos de la Judicatura. En este momento integran el alto tribunal seis magistrados: Agustín Suárez, Gloria Stella López, Martha Lucía Olano de Noguera, Néstor Raúl Correa, Max Alejandro Flórez y Édgar Carlos Sanabria. El presidente de la Judicatura, Agustín Suarez, admite ese papel histórico que tendrán este año. “El fallo de la Corte Constitucional es un reconocimiento a esta sala al habernos confiado misiones que antes no teníamos”, señala.

Los seis tendrán que liderar un proceso que no será nada fácil. Su responsabilidad es hacer las listas para los integrantes de esa nueva Comisión de Aforados. Y también para los del Consejo de Disciplina Judicial, otro nuevo organismo que reemplazará a la sala disciplinaria de la Judicatura, que el fallo de la corte no revivió. Para ambos procesos tienen que hacer unas convocatorias públicas que garanticen que primarán el mérito y la experiencia. De allí saldrán los posibles superjueces que tendrán el poder de juzgar a todos sus colegas. Tienen que enviar las listas al Congreso, que tomará la decisión final. Desde ya se anticipa que esta será una de las elecciones más importantes de este año en el Estado.

En este momento también se tramita en el Congreso una ley que deberá precisar las funciones y competencias del nuevo organismo. Allí hay una especie de carrera contra el tiempo. Si el gobierno, en especial el ministro Juan Fernando Cristo que ha liderado el equilibrio de poderes, no logra pasar ese proyecto, es muy probable que el nacimiento de la nueva corte tenga problemas. Por esta razón, el gobierno envió un mensaje de urgencia que ha permitido debatir el tema conjuntamente en Senado y Cámara.

La Comisión de Aforados puede ser el punto más valioso en juego de la reforma a la justicia que implicó el equilibrio de poderes. El fallo de la Corte Constitucional de la semana pasada generó reacciones muy álgidas que demuestran que difícilmente la opinión pública aceptará que se caiga este nuevo organismo. Eso reforzaría la idea promovida por congresistas como Viviane Morales, Claudia López, Horacio Serpa y Armando Benedetti sobre el hecho de que ya no queda otro camino que una constituyente para poder reformar la justicia.

Por eso, la tarea de estos seis magistrados no será fácil. Tendrán que liderar un proceso complejo que reclaman los colombianos para darle transparencia a la justicia. Pero deberán hacer todo eso en contra de los deseos de las demás cortes y la Fiscalía actual, si la Corte Suprema no decide pronto quién reemplazará a Montealegre.

La Judicatura tiene con qué llevar adelante ese proceso. Por un lado, porque la sala administrativa ha estado casi siempre exenta de polémicas. La mala fama que tiene se debe en cierto modo a una injusticia pues el carrusel de pensiones y los excesos en el uso de la tutela, que escandalizaron a los colombianos, sucedieron más bien en la sala disciplinaria. Y a esta sí la tumbó la Corte Constitucional.

Por otro lado, en los últimos años se ha revolucionado la forma como se hacen los nombramientos en la Justicia. Ahora los procesos son públicos, se inscribe cualquier abogado que cumpla los requisitos y se realizan audiencias abiertas para escuchar a los aspirantes. Así, se han superado los problemas que existían cuando la Corte Suprema y el Consejo de Estado tenían tantas vacantes que no alcanzaban el quorum necesario para muchas decisiones.

Los meses que vienen no serán fáciles. Muchos temas grandes están en juego en el alto poder judicial, comenzando por la elección del nuevo fiscal general. La conformación de estos dos nuevos organismos, sin embargo, no es menos importante. Ojalá el país también le ponga la lupa.