Corte Constitucional salvó al Consejo Superior de la Judicatura

Un duro golpe recibió el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, luego de que la Corte Constitucional dejara viva la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al tumbar parte del componente judicial de la reforma al equilibrio de poderes.

Con ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero, el alto tribunal declaró inconstitucional la conformación del Consejo de Gobierno Judicial, que asumiría las funciones que actualmente cumplen la Sala Administrativa del Consejo Superior, la Comisión Interinstitucional y la gerencia de la Rama Judicial.

El año pasado el Gobierno logró conquistar un objetivo que había perseguido casi desde la llegada a la Casa de Nariño de Juan Manuel Santos: conseguir la aprobación en el Congreso de una reforma judicial que permitiera la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Lo intentó en el 2011, cuando el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra presentó un primer proyecto de reforma a la Carta Política, que contenía algunos cambios en las funciones de las altas cortes y, desde luego, la supresión de la criticada entidad.

El experimento fue todo un fracaso, debido a que algunos congresistas trataron de pescar en río revuelto e incluyeron varios artículos que les permitieran superar los líos jurídicos que entonces enfrentaban ante la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Procuraduría.

Evidenciada la jugada, al presidente no le quedó otra que recurrir a un intrincado malabar jurídico que le permitió convocar nuevamente a los parlamentarios para que ellos mismos corrigieran su error y hundieran la reforma constitucional.

Tras su reelección, Santos emprendió una nueva batalla política para reformar la Rama Judicial. Lo hizo a través de la reforma al equilibrio de poderes, que a pesar de que tenía como principal propósito la eliminación de la reelección presidencial, sirvió también para que el jefe del Estado superara ese viejo e incómodo obstáculo.

Así las cosas, se estableció que el Consejo Superior de la Judicatura sería reemplazado por las funciones administrativas que asumiría la Comisión de Gobierno Judicial y por las judiciales que estarían en cabeza de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Las normas que daban origen a estas dos nuevas instituciones fueron demandadas ante la Corte Constitucional, porque supuestamente suprimían uno de los pilares de la Constitución.

Por siete votos a uno, la Corte declaró inconstitucionales parte de las funciones administrativas atribuidas a ese Consejo de Gobierno Judicial, pero dejó vivas las entregadas a la Comisión de Disciplina Judicial.

Eso quiere decir que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al menos por ahora, deberá seguir ejerciendo sus funciones, entre las cuales se contaría la elección de los candidatos a integrar la Comisión de Disciplina, frente al cual el tribunal se abstuvo de emitir un examen constitucional.

La Corte todavía está pendiente del estudio de la demanda en la que el exfiscal Eduardo Montealegre atacaba la existencia de la Comisión de Aforados, el organismo que sería el encargado de juzgar a magistrados de altas cortes, al presidente y al fiscal general, en reemplazo de la Comisión de Acusación de la Cámara.