Las nueve críticas del Consejo Territorial sobre los planes de Peñalosa

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la hoja de ruta para saber cómo se usará el suelo de una ciudad por los próximos 12 años.  Esta norma es muy importante porque con base en ella tanto el gobierno como el sector privado pueden construir en la ciudad. En Bogotá, a través de este se contemplan obras como el metro, vías de acceso, expansión de la capital, qué se puede o no construir en las reservas naturales, entre otras.

Hace un mes el Distrito presentó su propuesta para Bogotá. Y el Consejo Territorial de Planeación Distrital (CTPD), una de las principales autoridades en urbanismo, acaba de dar un concepto negativo sobre el proyecto argumentando, básicamente, que el plan propuesto no se adecúa a las cifras recién conocidas del censo. Aunque su análisis no es definitivo, sí influye en las decisiones que puede tomar el Concejo de Bogotá, que es el que tiene la última palabra sobre el POT. ¿Cuáles son las razones por las que le dicen no al POT de Peñalosa?

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1) Se construirán más viviendas de las que se necesitan     

La Secretaría de Planeación estimó que para los próximos 12 años se deben construir 834.000 viviendas. Sin embargo, el CTDP asegura que el POT  presenta “una disconformidad entre la realidad los hechos demográficos del censo 2018 con respecto al crecimiento poblacional”. Con esto, según ellos, se podría presentar una inversión pública inadecuada, además de generar daños graves en términos económicos, ambientales y sociales.

“Consideramos que la Secretaría Distrital de Planeación proyecta con una metodología incorrecta el número de hogares esperados hasta 2031. Cabe anotar que esta cifra ha sufrido variaciones en las diferentes exposiciones de la secretaría, durante el proceso de socialización del POT, y el último dato señalado triplica las estimaciones más razonables”, dice el documento firmado por Roberto Pombo, presidente del CTDP. Agregan que no es necesaria la expansión urbana hacia el norte, el occidente y el sur de la ciudad, particularmente en Ciudad Río, Ciudad Tunjuelo, Lagos de Torca y Ciudad Usme.

El CTDP asegura que proyectos urbanos de las ciudadelas (al norte) Lagos de Torca; (al sur) Lagos del Tunjuelo y (al occidente) Ciudad Río que desarrolla el gobierno distrital van en contra del proceso de densificación que necesita la ciudad. Es decir, va en contra de aprovechar el espacio y de crecer hacia arriba en los edificios para no utilizar más superficie del suelo bogotano.  

2) Se disminuye la equidad

Según el CTPD este POT “disminuye la equidad territorial y, por tanto, afecta la calidad de vida de la mayoría de los pobladores de la ciudad”. Para el Consejo no se incluye a la población informal, la inversión se concentra en el centro y se deja de lado a las periferias. “El sur de la ciudad sigue adoptando las actividades comerciales, económicas e industriales de alto impacto, manteniendo una inequitativa distribución de las cargas ambiental (minería, chircales, relleno sanitario, frigorífico, curtiembres, parqueaderos de SITP, entre otras). Esta estructura se cimienta en la prevalencia del interés particular sobre el general”, se lee en el documento. Además, según el Consejo no se promueve la accesibilidad e inclusión de la población con discapacidad, a las minorías étnicas, etc. Tampoco se procura mejorar los lugares donde hay más enfermedad, más delitos y más pobreza.

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3) Poca participación ciudadana

Para el Consejo Territorial no hubo un proceso de participación “incidente, democrático e incluyente” que facilitara la participación ciudadana. Según el CTPD, la Secretaría de Planeación no se tomó el trabajo de traducir los conceptos técnicos a un lenguaje más coloquial para que la ciudadanía pudiera comprender de qué se trata el nuevo POT.

Agregan que uno de los temas sobre los que más se ha presentado inconformidad de parte de la ciudadanía se refiere a la implementación de grandes proyectos urbanos como la Alameda Entre Parques, el Proyecto Ciudad Usme (Decreto 252 de 2007), Lagos del Tunjuelo y Lagos de Torca, que no han sido aprobados y validados por la ciudadanía. “Algunos de estos se han adoptado por decreto de la administración distrital y fueron incluidos en el POT, evitando los procesos efectivos de participación por los ciudadanos interesados”, dicen.

4) Preocupación por el ambiente

Entre otras cosas, al Consejo le preocupa que se presenta a la reserva Thomas Van Der Hammen y el POMCA del río Bogotá como zonas de expansión urbana, lo cual plantea choques entre los intereses inmobiliarios y el cuidado del ambiente. Agregan que los megaproyectos en Ciudad Norte, Ciudad Usme, Ciudad Río, Ciudad Lagos del Tunjuelo van por encima de los espacios de protección y de acuerdos comunes entre los demás municipios. Y que estas acciones privilegian la urbanización sobre los efectos negativos de la sobrepoblación y ocupación en zonas regionales, sin considerar los efectos en los ecosistemas.

En lo referente a los megaproyectos con impacto regional (Ampliación y operación del Aeropuerto El Dorado, Relleno Sanitario Doña Juana, entre otros) el Consejo Territorial dice que es fundamental que en el POT se incluya toda la información legal y estratégica que permita la planificación con todos los sectores que pueden verse afectados por la no concertación en la utilización de los terrenos para los usos debidos. 

5) Preocupación sobre qué hacer con el cambio climático

Para el Consejo Territorial es necesario que se incluya y priorice la construcción del metro subterráneo dentro de las medidas para la mitigación del cambio climático y como un elemento clave para cumplir los compromisos internacionales en cambio climático para el 2030.

Agregan que se debe respetar la ronda de los humedales para que ésta no se artificialice con obras de infraestructura dura: alamedas, plazoletas, luminarias y la construcción de ciclo rutas. Así mismo se debe respetar las rondas hídricas y sus nacimientos para no llevarle los residuos de la construcción y demolición, conforme al (Artículo 171, Acuerdo de la Revisión General del POT para Bogotá D.C.) como está previsto para el río Bogotá.

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6) Afectación a empresarios y residentes

El CTPD asegura que aunque el POT para Bogotá establece tres tipos de áreas para actividades industriales, ninguna protege la industria bogotana ante los grandes proyectos de renovación urbana, planes parciales o proyectos de la red de transporte público masivo, “lo que podría significar un traslado de estas empresas de un lugar a otro, siendo inviable financieramente. Un ejemplo de esto es que las zonas más centrales donde se desarrollan actividades de manufactura como Puente Aranda, Montevideo y otras están destinadas a convertirse en aglomeraciones de vivienda”.

Por eso exigen que en el POT se especifiquen las indemnizaciones correspondientes a las empresas que deban trasladarse por modificaciones en el uso del suelo, cubriendo los costos de adquisición del lugar nuevo de traslado y adaptación de la planta, lucro cesante, costo de indemnizaciones a los trabajadores que no quieran moverse, entre otros.

7) ¿Dónde quedan los campesinos?

El Consejo reclama un modelo de ordenamiento fundamentado en enfoques de gobierno que trasciendan la lectura urbana de lo rural, que reconozca procesos sociales, culturales y ambientales que constituyen los modos de vida campesina presentes en los territorios.

8) No se privilegia a los más vulnerables

El CTPD asegura que este POT " privilegia poblaciones vulnerables, ni las incluye, ni afectan la equidad, ni la justicia social y tampoco reconocen las territorialidades vulnerables que han sido reconocidas e incorporadas en la Visión de Ciudad y región construida por el Consejo”. Agregan que no se consideran los Determinantes de los Planes “que constituyen normas de superior jerarquía” relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos naturales así como las políticas, directrices y regulaciones (...) sobre patrimonio cultural, incluyendo el histórico, artístico y arquitectónico.

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9) A veces va en contra de la Constitución política

El Consejo encontró además “inconsistencias, discrepancias e incongruencias profundas entre lo propuesto por la Administración Distrital y lo establecido en la Constitución Política”. Para realizar proyectos de crecimiento como Ciudad Arrayanes, Ciudad Conejera, Ciudad Encenillos y Ciudad Río, “la Administración Distrital intenta dejar sin efectos jurídicos no solo cuatro resoluciones del Ministerio del Medio Ambiente y una Resolución de la CAR, sino también la Sentencia del Consejo de Estado de 2006, que ratifica la legalidad de estos cinco Actos Administrativos”. Además, “para justificar el cambio de uso del suelo rural a suelo de expansión urbana en el Borde Norte y desarrollar los proyectos territoriales de crecimiento la administración distrital utiliza cifras poblacionales diferentes respecto a los datos del censo del DANE de 2018”.

Según el análisis jurídico del Consejo Territorial no se respetan, entre otras, el Principio de Progresividad y no regresión, ni el Principio de Precaución, ni menos principios constitucionales y legales, que defienden derechos fundamentales, económicos, sociales y colectivos, para permitir futuras urbanizaciones en áreas protegidas legalmente como por ejemplo el valle aluvial del Río Bogotá, Campo Verde, ecosistemas de humedales, el Bosque Subxerofítico, la Reserva Forestal Thomas van der Hammen, la Franja de Adecuación en los Cerros Orientales, entre otros, favoreciendo intereses de gremios particulares.

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Concluyen exhortando a la Administración Distrital para que en breve plazo realice las modificaciones necesarias y convenientes para someterlo nuevamente a suconsideración.

La Secretaría de Planeación respondió que no hubo un consenso sobre el concepto emitido por el CTPD: “En plenaria realizada el pasado 29 de julio de 2019, de 89 consejeros activos y habilitados para votar, 34 no asistieron es decir el 38 por ciento, 19 se abstuvieron expresamente de votar, equivalente al 21 por ciento. Lo que denota que no hubo unanimidad y, aún más, si tenemos en cuenta que el CTPD está conformado por 100 miembros”. Sin embargo, estudiarán con lo plasmado, tanto en el concepto oficial como en las comunicaciones emitidas por diferentes consejeros, en beneficio de la ciudadanía.