Constructora Meco se pronuncia tras millonaria sanción interpuesta por Supersociedades

En la mañana de este viernes, 25 de agosto, la Superintendencia de Sociedades confirmó la sanción en contra de la Constructora Meco S.A., Sucursal Colombia, que consiste en una millonaria multa por la transgresión al Régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, por parte de la sucursal. La decisión fue tomada después de resolver los recursos de reposición y apelación que había interpuesto la compañía.

La entidad confirmó la resolución sancionatoria en la que se constató que la sucursal no dio cumplimiento a las disposiciones previstas en el Capítulo X de la Circular Básica Jurídica y ordenó al Representante Legal leer la resolución en la próxima reunión de la junta directiva o máximo órgano social dejando constancia expresa en el acta respectiva.

Tras conocerse la decisión, la constructora emitió un comunicado en el que señaló que siempre ha estado comprometida con las obligaciones legales y, por ello, acatará la sanción que tiene un valor de 30.403.300 pesos colombianos.

Asimismo, la compañía indicó que cuenta con un sistema Sagrilaft que está aprobado y activo desde el mes de mayo de 2018, explicando que el mismo es revisado y adaptado constantemente para cumplir con las normativas y mejorarlo de acuerdo con las prácticas y recomendaciones internacionales para el Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

“En las visitas de revisión realizadas por la Superintendencia, se atendieron sugerencias y recomendaciones relacionadas con la forma y literalidad de los documentos que componen nuestro sistema”, dice el comunicado.

En ese sentido, la Constructora Meco recalcó que respeta las observaciones realizadas por Supersociedades frente a la literalidad que deben tener los documentos para, de esta forma, alinearse a la normativa colombiana.

Por último, en la misiva, la empresa sostuvo que se encuentra a disposición de atender las diligencias informativas de los terceros de interés que quieran comprobar el fondo y la efectividad de sus sistemas.

Es de recordar que Meco en 2021 tuvo un billón de pesos en contratos en Colombia. Durante los últimos años, Meco tomó fuerza en Latinoamérica por los contratos firmados en Panamá, Costa Rica y Colombia. También ha sido polémica la manera en que, presuntamente, se habrían conseguido esos contratos.

En septiembre de 2017 estuvo involucrada en uno de los escándalos de corrupción más grandes de Panamá, el Blue Apple (manzana azul), como se conoció, en el que servidores públicos, hijos de expresidentes y empresarios formaban parte de una red que garantizaba la adjudicación de contratos a cambio de coimas.

En diciembre de ese año, Carlos Cerdas, al verse con el agua hasta el cuello por la información que tenían las autoridades y para evitar que lo condenaran por el delito de cohecho, decidió hablar y se presentó como un colaborador eficaz, es decir, prendió el ventilador y salpicó a varios funcionarios panameños del más alto nivel. Confesó haber pagado sobornos para agilizar trámites y desembolsos.

Luego de firmar un principio de oportunidad, la Procuraduría General de Panamá decidió el 16 de marzo de 2018 “no formular cargos en contra del señor Carlos Enrique Cerdas Araya”.

Lo que parecía estar apaciguándose en Panamá empezaba a tomar fuerza en Costa Rica. Desde 2017, la Constructora Meco empezó a firmar millonarios contratos junto con Mélida Solís, la cabeza de la Constructora H. Solís. El Ministerio Público de Costa Rica confirmó que a partir de ese año recibió denuncias anónimas de las trampas y alianzas ilegales de estas compañías para adquirir los contratos, pero solo en 2019 abrieron una investigación contra ellas.

Tras dos años de indagaciones, luego de revisar 150 gigas de llamadas telefónicas, en las que se evidencia una extraña cercanía entre los representantes de Meco con funcionarios de alto nivel del Ministerio de Obras Públicas de Costa Rica, 60 fiscales adelantaron las investigaciones y realizaron 52 allanamientos. Encontraron material probatorio que podría demostrar su responsabilidad en presuntos hechos de corrupción en contrataciones administrativas, de servicio, mantenimiento de vías, construcción de carreteras y de infraestructura pública. Servicios muy similares a los que presta hace varios años en Colombia.