Director de la Policía visitó a las familias de 3 jóvenes asesinados en Sucre y habló del coronel Núñez y las órdenes de captura que vienen

Este domingo 21 de agosto, el nuevo director general de la Policía Nacional, el mayor general Henry Sanabria Cely, arribó al departamento de Sucre y visitó a las tres familias de los jóvenes asesinados en el corregimiento de Chochó el pasado 25 de julio.

Durante el encuentro, el alto oficial extendió sus condolencias y aseguró que la institución trabajará para exigir justicia.

“A través de este acto de gobierno buscamos acercarnos a las familias porque no es fácil, en medio del dolor, llegar con la cabeza gacha. Pero sí queremos un acto de reconciliación”, afirmó el director general de la Policía Nacional.

Sanabria enfatizó en que una de sus principales misiones será recuperar la confianza entre la Policía y la comunidad. Para ello, anunció algunas estrategias que se contemplan implementar en aras de alcanzar ese propósito.

“La restauración de la confianza implica varias cosas. Lo primero, el acercamiento a través de la Alcaldía para lograr obtener un sitio donde podamos instalar una unidad de la Policía, una Subestación. En segundo lugar, personas con especiales cualidades para acercarse a la comunidad. Tenemos un grupo especial que hace ese tipo de trabajos. Y por supuesto, garantizar, a través de la presencia de las comunidades religiosas, ese afectuoso llamado a la reconciliación”, sostuvo el director.

Durante su paso por el corregimiento, el director general reiteró que el principal sospechoso del homicidio, el teniente coronel Benjamín Núñez, salió del país y en palabras propias dijo que “está prófugo de la justicia”.

“A través de Cartagena salió a Panamá y de allí cogió un vuelo para México. Interpol está adelantando todas las actividades pendientes para que se pueda capturar”, explicó.

Asimismo, indicó que en medio de una reunión privada con cada una de las tres familias les dio a conocer el trabajo que se viene desarrollando en conjunto con otras entidades para esclarecer lo sucedido y actuar bajo la ley.

Las autoridades tienen en su poder más de 300 pruebas que comprueban y evidencian la participación de la Policía en el asesinato. Sin embargo, hasta el momento no se han expedido las órdenes de captura y cuando se intenta buscar una explicación, las dudas permanecen en el aire.

Carlos Ibáñez, Jesús David Díaz y José Carlos Arévalo fueron señalados por la Policía de ser integrantes del Clan del Golfo y de haber asesinado al patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, de 25 años, en el municipio de Sampués.

Las declaraciones, que fueron replicadas por el entonces comandante de la Policía departamental, el coronel Carlos Andrés Correa, fueron rechazadas por los familiares de las víctimas y por la comunidad. La población mostró su indignación y se organizaron manifestaciones para exigir justicia.

El 2 de agosto se empezaron a conocer los primeros resultados. Ese día se anunció que fueron suspendidos ocho uniformados: el teniente coronel Benjamín Núñez Jaramillo, la subteniente Camila Biriticá Valencia y los patrulleros Bernardo Pontón, Diana Puerta, Leila Ávila, Jesús Bolaños, Huber Mieles y Álvaro Álvarez.

Las investigaciones escalaron de nivel y fueron asumidas por las entidades en Bogotá. Dos días después, el jueves 4 de agosto, la Dirección General de la Policía Nacional ordenó el relevo inmediato del coronel Carlos Andrés Correa Rodríguez, hasta ese momento comandante de la seccional Sucre. Todo parece indicar que el alto oficial fue engañado y solo difundió la versión entregada por sus subalternos.