Cónsul de Colombia en Madrid, a responder por líos en contrato de la Cumbre de las Américas

Hace 6 años, cuando finalizó la Cumbre de las Américas en Cartagena, María Margarita Salas recibió el reconocimiento por la organización del evento que congregó a los más poderosos del continente. Con el paso del tiempo, esa gestión que le valió aplausos la puso en el foco de los entes de control. Ahora, mientras se desempeña como cónsul de Colombia en Madrid, tendrá que empezar a responderle a la Procuraduría. El ente le formuló cargos al considerar que la funcionaria no ejerció la vigilancia que le correspondía sobre la millonaria contratación del evento.

Primero, las autoridades encontraron un posible detrimento superior a los 4.000 millones en la contratación de la Cumbre. Esos hallazgos se produjeron en una auditoria del 2012, cuando ella aún se desempeñaba como secretaria general del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un año después, en diciembre de 2013, el entonces presidente Juan Manuel Santos la designó como cónsul de Colombia en Madrid.

En 2017, cuando los cuestionamientos por los contratos de la Cumbre de las Américas parecían lejanos, emergió la figura de Roberto Prieto como una de las fichas claves del escándalo de Odebrecht en Colombia, al reconocer la entrada de dineros de la corrupta multinacional a la campaña presidencial de Santos, de la que él fue parte. Por cuenta de esos hechos, los contratos de Marketmedios, la empresa a la que Prieto estaba vinculada, quedaron bajo la lupa. Y entre esos estaba el de la logística de la Cumbre de las Américas.

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SEMANA conoció la decisión que acaba de tomar la Procuraduría, en la que le formula cargos a Salas porque, dice el ente, actuó con "negligencia y descuido" a la hora de vigilar un contrato de 52.000 millones de pesos. Y ese era su deber, según el ente disciplinario, pues se desempañaba como secretaria general y representante del Fondo Rotario del Ministerio de Relaciones Exteriores, el que entregó el contrato, y además porque fue designada como coordinadora de la Cumbre.

Por esas supuestas irregularidades, la Procuraduría también le formula cargos "por culpa gravísima" a Alexánder Potdevin Gutiérrez, el funcionario encargado de la supervisión directa del contrato de la logística.

El 29 de noviembre de 2011, el Fondo Rotario suscribió un contrato con la Unión Temporal Cumbre de las Américas para la "prestación de servicio integral para desarrollar todas las actividades logísticas y operativas que se requieren para el desarrollo de la VI Cumbre de las Américas". El evento se celebraría en abril de 2012 y quedó asignado a la Unión Temporal conformada por Marketmedios, Aviatur, Gema Tours, Contactos SAS y Creativa Producciones. El convenio inicial era por 43.000 millones de pesos, que luego de una adición terminaron siendo 52.000.

Tras la revisión de la ejecución de ese contrato, la Procuraduría encontró que las verificaciones de los gastos reportados por la Unión Temporal "no se hicieron con rigor". Hallaron casos en los que facturas complejas con decenas de ítems eran avaladas en cuestión de horas, "siendo prácticamente imposible efectuar el cotejo y la revisión de los servicios prestados".

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Además, una auditoría había advertido que en 19 actividades reportadas por el contratista para organizar la cumbre, se reportaron valores superiores a los que debían ser pagados por el Ministerio. Aún así, esos valores inflados en 4.169 millones de pesos fueron aprobados por el supervisor del contrato. Finalmente, antes de que el contrato se liquidara, el Ministerio y la Unión Temporal subsanaron esas diferencias. Aún con todas esas inconsistencias, los reportes internos apuntaban a que la ejecución del contrato había sido "buena".

Durante su defensa ante la Procuraduría, Salas argumentó que ni su cargo ni su condición de coordinadora de la Cumbre de las Américas implicaban que se ocupara de funciones tan específicas como la ejecución del contrato. Y menos en un nivel de detalle como la facturación, que fue donde aparecieron las irregularidades. Para la defensa de la cónsul, "no se puede predicar una relación de causa y efecto entre sus deberes y los hechos que pudieren llegar a ser objeto de reproche disciplinario".

Sin embargo, la Procuraduría no acogió esos argumentos, y reiteró que Salas sí estaba obligada a supervisar el contrato. "Al parecer su comportamiento fue descuidado y negligente, razón por la cual la desatención sustancial de sus deberes funcionales pudo impactar el principio de economía que rige la función pública". Ahora la funcionaria tendrá que defenderse a la distancia, mientras está a cargo del consulado en Madrid.