Cinco millones de firmas, primer reto de la cruzada contra la corrupción

Durante su gobierno, el presidente Julio César Turbay se hizo tristemente célebre con la frase “hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones”. Sin duda, se convirtió en una de las mayores salidas en falso que se le recuerde a un presidente colombiano. Independientemente de si la corrupción puede ser eliminada en su totalidad o no, los mandatarios, en sus declaraciones públicas, no pueden ser tan realistas. La meta de la corrupción para los inquilinos de la Casa de Nariño tiene que ser eliminarla, no reducirla "a sus justas proporciones".

Han pasado más de 30 años después de aquella frase y en Colombia la corrupción se campea por el sector público y el privado sin que nada ni nadie la detenga. Quizás, en la última década, casos como el del carrusel de la contratación en Bogotá, los primos Nule, Reficar y el escándalo por el pago de sobornos de la brasileña Odebrecht para hacerse con la contratación de importantes obras de infraestructura, como la Ruta del Sol, han demostrado que la corrupción desbordó sus justas proporciones y sigue siendo pan de cada día del acontecer nacional.

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Pero estos episodios también parecen ser la gota que rebosó la copa. Por lo menos, han empezado a despertar la idea de que la verdadera lucha política, una vez resuelto el conflicto armado con las FARC, será el combate contra la corrupción. Claudia López, senadora y precandidata presidencial, fue la primera en invitar a una coalición política y ciudadana contra la corrupción. Jorge Robledo, senador y precandidato del Polo, fue el primero en unirse. Es probable que en el 2018 el discurso contra la corrupción deje de ser un guion preestablecido de quienes aspiran a llegar a la Casa de Nariño y se convierta en la principal bandera que termine por inclinar la balanza de las elecciones presidenciales.

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Falta un año y medio para la campaña política, pero el partido Alianza Verde decidió madrugarle a esta cruzada y salir a las calles en busca de respaldo.

Este martes, los congresistas Claudia López, Jorge Iván Ospina, Antonio Navarro, Angélica Lozano y Rodrigo Romero, y el concejal Antonio Sanguino, presidente del partido, se inscribieron en la Registraduría como integrantes del Comité Promotor para la Consulta Nacional Anticorrupción. Pretenden convocar a los ciudadanos a las urnas para que por esa vía se establezca una serie de medidas tendientes a evitar la corrupción y a castigar conductas de políticos y contratistas que hayan defraudado los recursos públicos.

Para convocar la consulta popular, los Verdes deberán recoger, en los próximos seis meses, mínimo cinco millones de firmas para que la organización electoral apruebe la consulta. De prosperar esta primera fase, a las urnas deberán acudir 11 millones de personas, y lo que allí se decida con el voto deberá ser de obligatorio cumplimiento. A tal punto que si el Congreso no expide las normas aprobadas por los ciudadanos, el presidente de la República tendría la obligación de adoptarlas por la vía de los decretos.

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“Ya terminamos la guerra, ahora nuestra gran prioridad debe ser domesticar a la clase política y acabar con su corrupción. Para lograrlo es importante que nos unamos en esta Consulta para demostrarles que somos mayoría los que estamos cansados de la politiquería, de la mermelada y de los acuerdos por debajo de la mesa. Tenemos que obligar al próximo gobierno y al próximo Congreso a que adopten medidas indispensables para derrotar este mar de corrupción en el que estamos”, explicó Claudia López en la Registraduría.

La decisión de salir a las calles a emprender esta cruzada contra la corrupción fue motivada por los numerosos intentos de proyectos de ley y reformas constitucionales que pretenden acabar las viejas prácticas del ejercicio de la política y la contratación pública, estrechamente relacionados, pero que han fracasado sistemáticamente en el Congreso por falta de voluntad política de sus miembros. “Este es un país terriblemente desigual, por eso es necesario obligar a los políticos a que respondan y sean transparentes con el país. Si el Congreso no es capaz de hacerlo, el pueblo con esta consulta le dará un mandato directo al presidente”, confesó Angélica Lozano.

“La Consulta popular Anticorrupción es la más importante a realizar. Con ella evitaríamos que los corruptos sigan apoderándose del dinero de la salud pública y por ende, que perdamos más vidas por esta grave situación”, indicó el senador Jorge Iván Ospina.  

El Comité promotor tendrá seis meses para recoger los cinco millones de firmas para convocar la consulta. En ella se pondrán a consideración de los ciudadanos las siguientes siete medidas:  

1. Establecer un límite de máximo tres períodos para los elegidos en corporaciones de elección popular.

2. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.

3. Obligar a los Congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa de manera periódica y detallada.

4. Obligar a que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y Nacional se desglosen y prioricen en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y su contratación. 

5. Terminar los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin ningún tipo de indemnización.

6. Aquellas personas condenadas por corrupción deberán pagar la pena en la cárcel sin reclusión especial.

7. Fijar un tope de 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes como máxima asignación mensual de los Congresistas y altos funcionarios del Estado.