Consultas, referendos, revocatorias: ¿por qué no funcionan?

Los más de 11 millones de votos que recibió la consulta anticorrupción representan una victoria política para sus promotores. Aún así, fueron insuficientes y, al final, la iniciativa no logró convocar ni a un tercio del electorado colombiano. Ni siquiera con una tema que genera tanta indignación como es el saqueo de lo público, y con figuras políticas de distintos espectros y de amplia popularidad dando su apoyo.

Eso abre un interrogante. ¿Qué hace falta para que la consulta, y el resto de mecanismos de participación ciudadana, funcionen? El plebiscito, la consulta, el referendo, la revocatoia del mandato, el cabildo abierto fueron creados con la Constitución de 1991, como forma de ampliar la democracia colombiana más allá del día de la elección del presidente o el Congreso. Pero tuvieron que pasar 20 años para que realmente empezaran a ser usados como pretendía la Carta.

Las razones, explican los analistas, pasan desde el atraso del sistema electoral colombiano hasta el clientelismo, las maquinarias y la misma ética de los ciudadanos. En su primer periodo presidencial, Juan Manuel Santos promovió una reforma de ley que hizo más flexibles los mecanismos de participación en trámites y exigencias: cambió los umbrales y modificó la cantidad de firmas necesarias para ponerlos en marcha.

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Desde entonces, arrancó una oleada de su uso. Las consultas mineras que se han adelantado en 5 municipios, y que representan el mayor éxito en términos de participación; también varios intentos de revocatoria de mandatos que se presentaron en 2017, el mismo plebiscito de la paz y la consulta anticorrupación surgieron tras esa reforma.

Sin embargo, para algunos, el trámite sigue siendo una barrera. Camilo Romero, el gobernador de Nariño que intentó promover la implementación de la revocatoria del Congreso en 2013, explica que "estas consultas todavía parecen muy apegadas a dinámicas del siglo anterior. Debería ser mucho más sencilla la participación de la ciudadanía. Esto de recoger firma a firma, esto de acudir a las urnas es arcaico. Habría que hacer un esfuerzo gigantesco con la tecnología para que estos mecanismos sean mucho más expeditos".

Convocar las urnas ya es una proeza, como lo han mostrado todos los intentos de revocatoria. Pero incluso cuando se logra, la participación es baja. En el plebiscito por la paz, la abstención fue del 62% frente al 44% de las elecciones que la precedieron (las regionales de 2015), y el 53% de las que lo sucedieron (las legislativas de este año). Esta vez, apenas 2 meses después de las elecciones presidenciales con la menor abstención en 40 años, ese registro en la consulta superó el 60%.

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La explicación, para los analistas, pasa por la falta de las maquinarias. "Detrás de las elecciones de alcaldía, concejo o presidente hay un poder real que es el gobierno con el que usted puede luego beneficiar a muchos sectores. Con el mecanismo de participación no. Nadie va a repartir puestos y contratos porque pasó el umbral en una consulta. Mientras en una campaña hay donantes que aportan dinero en estos mecanismos no. Nadie tiene un interés específico que proteger", explica Juan Fernando Londoño, exviceministro del Interior que trabajó en la reforma de los mecanismos durante el gobierno Santos.

"No hay el despliegue de logística. Solo a punta de discurso y de ideas, un político no logra que un cuiudadano le vote. En muchas partes del país los políticos aceptan que es necesario casi que subirlos al bus para que voten", explica Camilo Vargas, de la Misión de Observación Electoral (MOE).

Incluso contando con el apoyo político, las iniciativas se han quedado cortas. En el referendo de 2003, Álvaro Uribe, quien entonces contaba con una alta popularidad y con amplios respaldos políticos, solo logró pasar el umbral en una de sus 15 propuestas del referendo con el que pretendía impulsar varios cambios a la Constitución. El resto obtuvieron menos del 25% de los votos del censo electoral. A su sucedor, Juan Manuel Santos, tampoco le funcionó tener a buena parte de los partidos y los caciques electorales de su lado en el plebiscito del 2016.

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Eso revelaría una asociación directa del sufragante entre su voto y el beneficio inmediato que recibe. "Cuando usted vota por candidatos o interéses particulares que tienen una motivación de grupos de interés al menos, si no son de interéses particulares. Son distintas. En esta hay un interés común, un interés general. Apenas estamos apenas entrando en esa cultura democrática que implica no solo movilizarse a votar por candidatos sino votar por interéses colectivos de toda la ciudadanía.", dice Romero.

Por eso, para Londoño, que los mecanismos funcionen pasa por el incentivo al votante, y eso es lo que hay que cambiar. Si el ciudadano no lo ve con claridad, no entiende cuál es el favor directo que recibirá, no vota. "En los países donde mejor funcionan los mecanismos de participación es donde hay voto obligatorio porque los incentivos cambian totalmente. Cuando un alcalde lo van a revocar sabe que la abstención juega a su favor. Entonces su estrategia no es defender su obra de gobierno sino evitar que la gente vaya a votar. Ahí hay un elemento estructural que impide que los mecanismos de participación cumplan su papel".

Los analistas coinciden en que, pese a que las herramientas que pueden empoderar a la ciudadanía no han despegado, no se debe pensar en abolirlos sino en robustecerlos. La consulta, que estuvo a unos cuantos de miles de votos de alcanzar su umbral, pordía ser una primera muestra. Para Londoño, es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, con hitos como el Brexit o el intento de referendo independentista de Cataluña. "Si algo tiene futuro debe ser la participación de la ciudadanía. Nada nace aprendido, esto tendrá que ser un proceso. La normatividad tiene que irse acomplando a estos nuevos momentos", dice Romero.