Continúa la limpieza de derrame de crudo de Ecopetrol en una quebrada de Santander

Ecopetrol informó que ya se encuentra realizando labores de limpieza de la quebrada en la vereda La Vizcaína, del municipio de Chuchurí, Santander, que resultó afectada con un derrame de crudo.

De acuerdo con Blu Radio, un comando de incidentes de Ecopetrol se encuentra trabajando en la recolección del crudo que cayó en el bajo inundable de la quebrada.

Para hacer este trabajo, Ecopetrol dispuso de tres cuadrillas de limpieza, cuatro barreras mecánicas, dos camiones de vacío y tanques de almacenamiento, según informó la emisora.

Igualmente, Álvaro Cortes, gerente encargado de Operaciones de Mares de Ecopetrol, informó que el incidente se debió a que se rebosó el sistema de recolección de aguas aceitosas tras las fuertes lluvias que se han presentado en inmediaciones de la estación Satélite del campo de producción Lisama.

Los fluidos del sistema de recolección de aguas aceitosas quedaron confinados en un bajo inundable de aproximadamente 400 metros cuadrados de diámetro”, aseguró Cortes, según documentó la emisora.

Igualmente, Cortés aseguró que Ecopetrol formó un equipo para realizar las investigaciones que determinen las cusas por las cuales se presentó el rebosamiento y de qué manera se atiende el incidente y su seguimiento.

Igualmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) abrió una investigación por el derrame en el departamento de Santander.

ONU insta al Gobierno de Perú a responder por derrame de petróleo en Callao

Una misión de expertos de Naciones Unidas ha analizado el impacto del vertido de crudo a mediados del mes de enero frente a las costas de Perú y ha instado a las autoridades del país a que respondan a las necesidades de la población más afectada por el incidente.

Desde el organismo han puesto de manifiesto que, hasta la fecha, no se han llevado a cabo evaluaciones de perjuicios ni análisis de las necesidades que pueda tener la población de la zona.

“Se recomienda realizar cuanto antes un análisis de necesidades de la población afectada que garantice la puesta en marcha de mecanismos de comunicación y participación de las comunidades en los planes de asistencia y de recuperación socioeconómica”, recalcó la misión de la ONU.

En este punto, resaltó que es responsabilidad del Estado poner en marcha vías de comunicación con la población para conocer el impacto que ha tenido sobre su día a día el vertido de petróleo, con el fin de que esto influya en la implementación de soluciones a los problemas sociales, asegurando también “altos índices de transparencia”.

Esta misión de Naciones Unidas se ha desplegado sobre el terreno a petición del propio Gobierno de Perú, que solicitó una evaluación del impacto socioambiental del vertido, y pidió que se asesorara a las autoridades en la gestión y coordinación de la respuesta al incidente.

Finalmente, el grupo de la ONU remarcó que el derrame de petróleo sobre las costas podría tener un efecto negativo a largo plazo en especies de mariscos y conchas, por lo que recomendó implementar un plan de monitoreo ambiental para establecer un calendario para la reapertura segura de las playas y el consumo de mariscos de la zona.

Unos 18.000 metros cuadrados de playa han sido afectados por el vertido de petróleo, una situación que, según defendió la empresa petrolera responsable, Repsol, fue causada por un “fenómeno marítimo imprevisible” a raíz del tsunami causado por la erupción de un volcán en una isla de Tonga.

La caída de 6.000 barriles de crudo al mar ocurrió el pasado sábado 15 de enero, cuando un carguero de la petrolera española Repsol, que transportaba 695.000 barriles, se vio sacudido por un oleaje mayor al esperado, el cual a su vez se atribuye a la erupción volcánica que ocurrió en Tonga.

Los representantes de Repsol niegan su responsabilidad y dicen no haber sido advertidos por las autoridades marítimas del posible mayor oleaje, mientras que el Gobierno peruano considera que la petrolera debía tener un plan de contingencia, como lo tienen sus colegas, para atender este tipo de situaciones y que no lo implementó.

Como resultado, desde el 23 de enero las autoridades declararon emergencia ambiental por 90 días en la zona marina costera de Lima, así como un “Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo” para la atención de la emergencia. La decisión se basa en el impacto significativo del derrame sobre el ecosistema marino costero, el cual tiene una alta diversidad biológica (fauna silvestre y recursos hidrobiológicos), así como por un alto riesgo para la salud pública.