Continúa polémica por invasión de tierras, en esta oportunidad es un predio de la Fuerza Aérea de Colombia

Esta semana estuvo circulando en las redes sociales videos en los que algunos pobladores de la vereda Rodayero del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, denuncian atropellos de funcionarios de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), todo en medio de la lucha por un terreno en el que algunos manifiestan han vivido durante décadas.

“Muy seguramente a mí me van a matar, mi nombre es Jefferson Murillo, soy líder social de la vereda Rayadero, del municipio de Puerto Salgar. Esta es la historia de resiliencia, más de 50 familias campesinas que han sido amenazadas por el general Juan Jaime Martínez Sossa comandante de la Fuerza Aérea”, se escucha en uno de los videos.

El hombre acompaña su denuncia con unos videos en los que aparecen uniformados de la Fuerza Área cargando colchones de la población que está dentro del terreno, e incluso se ve un hombre atado a un árbol, al parecer por la misma comunidad, como estrategia para evitar el desalojo.

Frente a lo anterior, la Fuerza Aérea Colombia salió a desmentir los señalamientos indicando que el denunciante en realidad está injuriando, por lo cual tomarán acciones jurídicas en su contra. “La Institución rechaza los videos con contenidos injuriosos y malintencionados que recientemente se han difundido en redes sociales por parte del señor Yefferson Murillo, sobre supuestas violaciones a los Derechos Humanos que presuntamente comenten integrantes de la Fuerza Aérea Colombiana, por cuanto mencionadas violaciones no han ocurrido, y por ende, se encuentra en curso acciones penales en contra del ciudadano que ha intentado deslegitimar el correcto actuar de la FAC”, dijo la entidad en medio de un comunicado.

Aclaran que el predio ubicado en el municipio de Puerto Salgar es propiedad del Ministerio de Defensa Nacional a cargo de la Fuerza Aérea Colombiana y que el Comando Aéreo de Combate n. ° 1 se encuentra realizando las actuaciones que la Constitución y la ley le permiten, por la ocupación irregular e ilegal de dos áreas de terreno del predio denominado Isla Rayaderos.

La disputa por el terreno invadido se ha dado desde hace varios años, de hecho se registra un proceso policivo en 2020 con fallo de primera instancia a favor de la FAC el 13 de noviembre de ese año, ratificado mediante fallo de segunda instancia el 09 de noviembre de 2021, en el cual se ordenó restituir efectivamente a favor de “la nación - Ministerio de Defensa Nacional el predio irregularmente ocupado, restitución que se llevó a cabo el 19 de febrero del año en curso, con acompañamiento de la Personería Municipal de Puerto Salgar – Cundinamarca”, indican.

Luego del proceso cursado se realizó otra actividad policiva el pasado jueves 22 de septiembre, en el marco de la audiencia de que trata el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, dentro de la misma, la FAC asegura que se escuchó a cada una de las partes (Ministerio de Defensa Nacional a través de su apoderado y al Señor Yeferson Murillo a través de su apoderado); en la misma se solicitaron las pruebas pertinentes y se argumentaron los hechos y las pretensiones de cada parte. La audiencia se suspendió para citar a los testigos, aportar las pruebas que se indicaron en la audiencia y poder llevar a cabo la inspección del lugar, programándose nueva fecha.

Desde la entidad militar manifiestan que todos los procesos que han cursado con las autoridades competentes son en pro de obtener “la restitución del área del predio ocupada de forma irregular por quien no ostenta la titularidad del derecho de dominio del mismo, y no a intereses particulares como erróneamente se ha manifestado en uno de los videos que circula en redes sociales”.

Por otro lado, advierten que la población que se instaló en el terreno está en peligro, pues el sector presenta riesgo de inundación no mitigable, según lo informado por el Comité de Gestión del Riesgo de la Alcaldía Municipal de Puerto Salgar, con lo cual, no solo se estaba haciendo ocupación de hecho de un bien fiscal dedicado a la Defensa y Seguridad de la Nación, sino que además se pone en riesgo la vida y seguridad de estas personas.