¿Contra el crimen perfecto?: la lucha de una fiscal por demostrar que su padre fue asesinado

La noche del miércoles 31 de enero de 2018 fue ingresado a la Unidad Básica del Instituto de Medicina Legal de Medellín el cuerpo de José Vicente Sierra Meza, trasladado desde su finca en Girardota horas después de su fallecimiento. Esta, que puede ser vista como la muerte de una persona mayor debido a múltiples problemas de salud, podría ser un caso más de negligencia y corrupción en las instituciones de justicia del país. Es que, a pesar de las evidencias y que los forenses determinaron que murió por causas violentas, no ha habido poder humano que logre que la investigación del crimen avance.

En la sospechosa muerte parece haber un interés económico de fondo, porque en sus 86 años de vida y después de mucho trabajo, según narran sus familiares, José Vicente logró acumular un buen número de propiedades, entre las que se cuentan fincas, locales y apartamentos en el departamento de Antioquia; además de un millonario capital, cuantificado en ahorros y títulos valores, como resultado de sus negocios.

En el caso, según Patricia María Sierra Vásquez, hija de José Vicente, “está seriamente comprometida” Blanca Stella Rendón de Aristizábal, quien fue la compañera sentimental de la víctima durante muchos años, después de que este se separara de Carlota Vásquez, su esposa y madre de sus cuatro hijos, hace 40 años. Sin embargo, a pesar de las pruebas que señala tener, aún la justicia no ha tomado decisiones definitivas en el caso.

La hija señala que su padre toda la vida había manifestado que nunca iba a hacer un testamento “para evitar que lo mataran”, sorpresivamente y tiempo después de sufrir un accidente cerebro vascular, en agosto de 2016 “Stella lo hizo firmar un testamento en el que le dejaba la cuarta parte de su patrimonio para libre disposición” y la finca de Girardota, “que adquirió muchos años antes de conocerla”.

Según los hijos, la relación de José Vicente con Blanca Stella fue normal, con momentos malos y buenos, pero que esto cambió radicalmente después de la firma de ese documento. “Empezó atentar contra la vida de nuestro padre, lo maltrataba física y psicológicamente, le decía cuándo que cuándo se iba morir y que no veía la hora que eso pasara para poder disfrutar lo que le dejaba y lo mortificaba amenazándolo que lo iba a llevar a un asilo”, dicen, con base en los que les contaban los empleados de la finca.

Otra de las cosas de las que señalan a Blanca Stella es de haber metido a José Vicente a un asilo en Medellín en contra de su voluntad, en julio de 2017. Ese, dicen fue el detonante de todos los problemas de salud porque lo sumió en una depresión profunda, al punto que tuvo que ser remitido a una clínica. Debido a este episodio quedó dependiente de oxígeno y de la insulina.

Luego el 26 de diciembre, a la familia le llegó la información que, supuestamente, Stella “estaba diciendo que iba a llevar un médico que hay en Medellín que le inyecta morfina a la gente hasta que la mata”, se trataría de un reconocido doctor de la ciudad que suele dar entrevistas sobre este tema en diferentes partes.

Para Patricia, quien, coincidencialmente, es la fiscal 179 seccional de Medellín, existen todas las evidencias necesarias para probar que la muerte de su padre no fue debido a sus problemas de salud. Entre sus argumentos reseña múltiples episodios de violencia intrafamiliar y sospechas de que a José Vicente “le venían dando cosas raras”.

Por eso, con base en todos esos antecedentes, a finales del mes de diciembre de 2017, Patricia fue hasta la finca y lo halló en muy mal estado, con signos de maltrato. Al hacer el reclamo, los trabajadores le contaron que estaba siendo víctima de agresiones por parte de Stella. “Le quitaba el oxígeno” y “lo amenazaba con volver a meterlo en un asilo”, dijeron. Así como antes se había enterado que “le daba grandes dosis de Sinogan para mantenerlo dormido”.

Alarmada, Patricia fue a poner el denuncio en la comisaría de Girardota, para que le protegieran la vida a José Vicente, pero allí le dijeron que no se trataba de una urgencia y que la trabajadora social encargada de hacer visitas para verificar esos caos estaba de vacaciones.

La familia dice que tenían muchas pruebas del maltrato a que era sometido José Vicente, entre estos las capturas de pantalla de los mensajes que les enviaban los trabajadores de la finca, en los que contaban que le quitaba el oxígeno. Luego, el concepto del director de la clínica de Bello, donde estuvo internado, que le sugería al juez tomar muestras de orina, cabello, uñas y sangre porque sospechaba que le podían “estar dando cosas”.

Solo hasta el 16 de enero las autoridades lograron notificar a Stella de la tutela, en la clínica. Sin embargo, el juez del caso fallo en primera instancia y dijo que “todo los que la denunciante hace pretender ver cómo cierto no lo es, que José Vicente no corre peligro y que todo obedece a un problema familiar y económico”. Patricia impugnó la tutela y esta pasó a segunda instancia, pero también fue declarada improcedente, según Patricia “sin practicar una sola prueba y sin valorar las aportadas”.

Diez días antes de la muerte, preocupada y para lograr que le permitieran verlo Patricia llegó hasta la finca acompañada de dos policías, que obligaron a que la dejaran entrar, allí la mayordoma le contó que su padre llevaba cinco días con hemorragias y que nadie lo había llevado al médico, como si lo quisieran dejar morir. Finalmente tuvo que ser trasladado a una clínica en Bello, donde fue tratado varios días y fue necesario hacerle transfusiones de sangre.

Aunque en el momento de reportar la muerte y en indagatorias posteriores, Blanca Stella y la enfermera que se encargaba del cuidado de José Vicente señalaron que este había tenido problemas respiratorios, entre los principales hallazgos consignados en la necropsia están alteraciones traumáticas como un “hematoma paravertebral anterior a nivel de la séptima vertebral cervical”, fractura de esta misma vértebra en la “sección medular completa y lesión vascular a ese nivel”, “hemotórax izquierdo de aproximadamente 200 mililitros” y que no se observaron signos externos de violencia.

Por lo que, en opinión de la médica forense que elaboró el informe, los hallazgos permiten concluir que la muerte de José Vicente fue causada por un “trauma raquimedular a nivel cervical que ocasiona choque neurogénico” y que, aunque se desconoce el mecanismo que causó el trauma, “este tipo de lesiones se han relacionado a situaciones en las que se presenta una extensión forzada con algún grado de rotación en la columna cervical”. De lo que se puede concluir, en términos castizos, que hay muchas posibilidades de que haya sido desnucado de forma intencional.

En el momento hay cinco procesos abiertos contra Blanca Stella, por homicidio, por violencia intrafamiliar, por hurto calificado y falsedad –al ser señalada de cobrar unos títulos valores-, por simulación de investidura señalada de hacer firmar a los mayordomos documentos en blanco y, el último, acusada de hurtar pertenencias de un apartamento de José Vicente.

En el camino Patricia, según relata, ha encontrado de todo, desde un asistente de la Fiscalía que escondió el dictamen de Medicina Legal, pasando por jueces que no practicaron pruebas, hasta la pérdida de folios que ella mismo anexó a los procesos. Y esto le ha traído algún tipo de persecución laboral. “Hasta llegaron a alterar las estadísticas del trabajo y me iban a echar de la Fiscalía”, cuenta.

Por eso, aunque hace parte del sistema judicial colombiano, no le tiembla la voz para afirmar que en el caso de su papá “ha habido plata de por medio” y que “las decisiones hasta ahora han sido corruptas”, porqué 3 años y 3 meses después de la muerte con tantas evidencias todo sigue estancado. “Sé a qué me expongo al decir esto, pero la justicia de este país asquea”, concluye.

SEMANA intentó comunicarse con la Blanca Stella Rendón vía telefónica, pero no fue posible. Este jueves, Patricia recibió un informe en el que se le notifica que los procesos del homicidio de José Vicente, de violencia intrafamiliar, de hurto y de simulación de investidura o cargo, fueron reasignados a Fiscalías de Bogotá.