Contra la sociedad

Daniel Pecaut, director de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y uno de los colombianólogos más reconocidos, acaba de publicar su último libro "Guerra contra la sociedad" en el que presenta una serie de ensayos sobre los fenómenos de violencia que estremecen a Colombia desde hace 20 años. La tésis de Pecaut consiste en afirmar que no se puede hablar de una guerra civil colombiana sino de una guerra absurda contra la población civil.



Este libro reúne cierto número de artículos publicados durante los años recientes, en revistas francesas o colombianas, sobre el contexto y los rasgos particulares de los fenómenos de violencia" que estremecen a Colombia desde hace veinte años.



Algunos tratan sobre los factores que han permitido la difusión de estos fenómenos; otros se refieren a las interacciones entre los múltiples actores armados, los más recientes están relacionados con las formas de reacción de la población en las regiones donde se encuentra sometida a las estrategias de intimidación o de terror instauradas por dichos actores armados.



Como ocurre a menudo en la mayor parte de las obras que recopilan artículos, algunos temas reaparecen en diversos capítulos. Aspiro a que estas repeticiones no sean una molestia para los lectores, de quienes, por el contrario, espero que sean sensibles al hecho de que los mismos presupuestos subtienden constantemente mi investigación.





Resumo brevemente estos presupuestos.



Siempre he marcado una distancia con los trabajos que imputan a "causas" precisas, estructurales o no, el desarrollo de los fenómenos de violencia. No solamente porque las llamadas causas constituyen un número ilimitado, sino porque su verdadero alcance está relacionado con el hecho de que se inscriban en las lógicas de acción de determinados protagonistas organizados. Dicho de otra manera, si bien las causas están allí, disponibles (se trate de la miseria, de las inequidades o de las carencias del Estado), es necesario que unos actores se apropien y se sirvan de ellas para legitimar sus acciones de tal manera que situaciones consideradas hasta un determinado momento como "normales" se conviertan de repente en insoportables. Las causas son, pues, ampliamente, el producto de los discursos y de los actos de los que las invocan. Por lo demás, en Colombia las causas mencionadas han variado a lo largo de los años, desde las reglas del Frente Nacional hasta el neoliberalismo o las fumigaciones, pasando por las desigualdades sociales, etc. Por esta razón sostengo que al cabo de un cierto tiempo ya no tiene sentido referirse a un contexto inicial. Los fenómenos de violencia producen un nuevo contexto, a partir del cual hay que ir comprendiendo el carácter que estos fenómenos van revistiendo progresivamente. Hago, sin embargo, una excepción con el auge de la economía de la droga, a la cual atribuyo de manera permanente un papel primordial en el desarrollo de la violencia y en el debilitamiento de las instituciones. Sin embargo, el impacto de la economía de la droga no es separable de la manera como es aprovechado por diversos sectores y de la respuesta institucional que se produce ante cada nuevo entorno.



Siempre he tratado de escapar a una lectura demasiado coyuntural, independientemente de que la coyuntura se defina por el desarrollo de los acontecimientos o por las censuras políticas institucionales, por ejemplo la sucesión de los mandatos presidenciales. Siempre me ha parecido que la dinámica de los fenómenos de violencia escapa al control de las instituciones y obedece a tendencias duraderas. Hay cierta paradoja en querer analizarla a partir de los avatares políticos, cuando lo que observamos es que tiende a expresarse cada vez más a través de lógicas estratégicas, fundadas en el uso de la fuerza y el control de la población, las cuales, a los ojos de vastos sectores de la sociedad, despojan de cualquier tipo de pertinencia a los referentes políticos.



He puesto el acento sobre las interacciones estratégicas entre los múltiples protagonistas de la violencia. Estas interacciones obedecen muy poco a una lógica clausewitziana. No nos encontramos frente a dos ejércitos regulares dependientes de dos Estados, sino frente a protagonistas irregulares que buscan apropiarse por todos los medios de los recursos de poder" más diversos: económicos, territoriales, etc. Lo que Clausewitz llama "fricciones", y que son los efectos no esperados provocados por el combate—las sorpresas inherentes a todo combate, el desencadenamiento de las pasiones y de los odios, todo lo que diferencia la guerra real" de la guerra teórica"—, no dejan de ser para él más que elementos secundarios al lado de los cálculos estratégicos. En una guerra irregular, como la que afecta a Colombia, las fricciones se encuentran, por el contrario, en el corazón de los permanentes arreglos estratégicos y terminan por conferir al combate el aspecto prosaico que resalto en muchos pasajes del libro. No hay necesidad de precisar que este aspecto no excluye la dimensión del terror y la atrocidad; todo lo contrario: los dos rasgos van juntos. Sin embargo, en un momento en que la atención de los observadores se concentra casi exclusivamente en el enfrentamiento "político" entre los principales campos, también es conveniente recordar que otros protagonistas, desde los narcotraficantes hasta las diversas bandas urbanas, interfieren de manera permanente en el desarrollo de este conflicto.



He tratado de mostrar que la estrategia de los principales actores armados, está ligada cada vez menos a los problemas sociales y a las reivindicaciones de las poblaciones locales. Hace ya mucho tiempo que los movimientos sociales autónomos se dislocaron o fueron instrumentalizados por estos actores. Por el contrario, las estrategias de estos actores conducen a dar primacía a la dimensión propiamente militar. Ésta es la razón por la cual los habitantes, por fuera de ciertas zonas, cuando no se ven obligados a huir, son condenados a la sumisión, la cual conlleva la dislocación de las referencias espaciales, temporales e identitarias. En este sentido, la lógica de los actores armados y las lógicas de los habitantes van, muy a menudo, en sentido contrario la una de la otra.



No es necesario alargarme demasiado en estos diversos temas, ya que son abordados más ampliamente en las diversas partes de este libro.



Creo necesario, en cambio, justificar el título de la obra, que retoma una fórmula que había utilizado inicialmente en artículos publicados en el diario [e Monde y en la revista Problemes d Amérigue latine. Dirigido a un público poco informado de los acontecimientos colombianos, yo afirmaba que Colombia no conocía una "guerra civil", sino más bien una "guerra contra la sociedad".



Pero ocurre que la fórmula ha tenido cierto eco en Colombia; ha sido recogida en discursos oficiales y ha sido objeto, por lo demás, de discusiones en la pluma de universitarios en ciertos periódicos colombianos. Creo, pues, conveniente insistir en ella. Si bien en algún caso puede ser necesario matizarla, sigo pensando que expresa una característica esencial de la situación colombiana actual.



¿Cuales son los argumentos para poner en duda la idea de guerra civil?



Durante mucho tiempo, la actividad de los grupos armados revolucionarios fue ampliamente periférica y no alcanzaba a convertirse en motivo de inquietud para el régimen. Hablar, como se hace muy a menudo en este tiempo, de una "guerra civil que dura más de 35 anos" constituye una manera de dar consistencia al relato legendario y retrospectivo que las guerrillas pretenden imponer. Conviene siempre recordar que en los años sesenta, con excepción de algunos núcleos en zonas de colonización, la población campesina, aún marcada con el traumatisrno de La Violencia, adhiere muy poco a las perspectivas de la lucha armada, y las EARC, más que un proyecto verdadero de conquista del poder, lo que asumen es la lucha contra las injusticias cometidas a esos núcleos campesinos, durante y después de La Violencia; es de recordar que muchos tildaban a las FARC de "mamertas", en ese momento.





Aún en los años ochenta y comienzos de los noventa, difícilmente de afirmar que se trata de una cuestión de "guerra" y menos aún d~9efra civil». Sería suficiente con evocar las protestas que se presentan cuando un gobierno osa utilizar este término, bien sea el de Barco cuando anunció "la guerra contra el narcotráfico" o bien sea el de Gaviria cuando proclamó la "guerra integral" contra los grupos insurgentes. Hay muchos que siguen convencidos de que el conflicto se ~e resolver por medio de transacciones que, tanto como la violencia, hacen parte de la tradición colombiana, y no sin razón, ya que las ~ negociaciones han acompañado casi constantemente el desarrollo del conflicto y tuvieron como resultado los acuerdos de 1990-1991 con el M-19, el EPL, el Quintín Lame, y posteriormente, con otros grupos armados de menor importancia.



El hecho de que gobiernos sucesivos hayan conservado, a pesar de los enfrentamientos, su adhesión a la democracia y afirmado su voluntad de reforzar el Estado de derecho, no es ajeno a la negativa de reconocer una situación de guerra. No podemos ignorar, obviamente, los múltiples dispositivos de excepción, entre ellos el famoso Estatuto de Seguridad, ni la incapacidad del Estado para aplicar los principios en los que se sustenta, como lo testimonia la impunidad tan extendida. Menos aún podemos dejar de mencionar la tolerancia, cuando no la complicidad, de sectores de las Fuerzas Armadas, de las élites económicas y de la clase política frente a la creación de grupos de autodefensa y a los asesinatos de los oponentes. El exterminio de la Unión Patriótica, de los dirigentes sindicales y de los defensores de los derechos humanos constituye una trama vergonzosa. Sin embargo, tanto la adopción de la Constitución de 1991, como la reactivación de la negociación por parte del gobierno Pastrana, significan el mantenimiento de un proyecto simultáneo de consolidación democrática y de búsqueda de una solución negociada.



La expansión del narcotráfico es el punto de partida de la caída de Colombia en una situación de violencia generalizada, con efectos sobre la lucha armada, la crisis institucional (cuyo indicador más manifiesto es la corrupción), la desorganización del tejido social. Esta expansión no ha producido la aparición de un punto de referencia central de división, como sería el caso en una guerra civil, sino más bien una amplia desorganización social que favorece toda clase de violencias. Los protagonistas que se benefician de los efectos de la difusión de la economía de la droga son tan diversos, y las interferencias entre ellos tan complejas, que nos encontramos lejos de asistir al nacimiento de dos campos opuestos.



Pero el aspecto determinante para rechazar la idea de una guerra civil es obviamente la actitud de la población frente a los actores armados y la de los actores armados frente a la población.



Existen, sin lugar a dudas, sectores de la población que apoyan a uno u otro de los protagonistas armados debido a la protección que brindan a sus actividades económicas, al orden local que instauran o, simplemente, a la simpatía que sus objetivos políticos inspiran. Pero sólo se trata de fenómenos locales, que están lejos de significar necesariamente una adhesión a los fines políticos de los actores armados. Además, muchos sectores sólo han reaccionado tardíamente bien sea porque sacaban partido de la violencia o bien porque consideraban que la violencia no tenía nada de inédita, sin que por esto apoyaran directamente a estos actores.



La situación cada vez más extendida en las zonas del conflicto consiste, de hecho, en la existencia de unas poblaciones obligadas a plegarse a la fuerza o a huir. En el plano nacional se ha reforzado por diversos medios una opinión que busca expresar el rechazo de la violencia y de los que recurren a ella como recurso estratégico. Una sociedad civil organizada ha surgido y, más allá de sus desacuerdos, la tendencia es a desautorizar claramente a los actores armados. Cada vez es más difícil encontrar personas que estén esperando con gusto el éxito de uno u otro campo.



Los actores armados, por su parte, fuertes a causa de los recursos económicos que manejan, han seguido dando prioridad, como ya lo he afirmado, a los fines propiamente militares sobre la representación de las demandas de las poblaciones. Y la realización de estos fines militares pasa cada vez más por el uso del terror contra estas poblaciones. Los centenares de miles de desplazados son una buena expresión de este hecho.



Amplios sectores de la población se encuentran efectivamente en condición de rehenes; cuando no lo están por las organizaciones armadas políticas, lo están por las bandas de los barrios. Los secuestros, una práctica propia de las guerrillas y de la delincuencia común que no existe a esta escala en ninguna otra guerra civil, constituyen el símbolo de esa situación, experimentada como tal por casi toda la población.



Todo esto es lo que me ha llevado a hablar de 'guerra contra la sociedad". Mientras más crecen los enfrentamientos, más se afectan los más vulnerables y, como siempre ocurre, más se acentúa su miseria y se agudizan sus desigualdades.



A estos argumentos y a esta formulación algunos replican, y no sin razón, que lo que se califica de guerra civil en otros lugares del mundo no presenta características tan diferentes.



No todas las guerras civiles dan lugar, en efecto, a una división Uamigo-enemigo" que atraviese a toda la población. Lo que puede ser verdadero en el caso de la guerra de España o, más recientemente aún, en el de Bosnia-Herzegovina o en el de Ruanda, no necesariamente lo es en el caso de muchos conflictos africanos con características fluidas e inestables. Muchas de las guerras civiles del periodo de la guerra fría sólo se han podido descifrar como una pugna alrededor de un eje muy definido gracias a la injerencia de los dos bloques. El fin de la guerra fría ha favorecido muchas veces la aparición en estas guerras civiles de divisiones mucho más imprecisas, regionales, "neoétnicas", etc. Incluso cuando se puede constatar la presencia del principio "amigo-enemigo" es ingenuo creer que responde siempre a un antagonismo preexistente en el seno de la sociedad: las poblaciones musulmanas y serbo-ortodoxas coexistieron durante largo tiempo en Bosnia pacíficamente y, contrariamente a los esquemas simplistas, los hutus y los tutsis no mantenían un odio "étnico" permanente. La acción de grupos en armas y el terror que difundieron fueron los que lograron imponer la división total y terminaron por convertirla en división "natural", como si hubiera existido "desde siempre".



Numerosas son, por lo demás, las guerras civiles que, a lo largo de su desarrollo, sólo comprometen a minorías y encuentran una oposición abierta o discreta de la mayor parte de la población. Con el transcurso del tiempo, los apoyos tienden a menudo a desvanecerse. En 1991, en Argelia, sectores muy diversos simpatizaban con el FIS, como lo demuestra el resultado de las elecciones anuladas; pero estas simpatías se diluyeron con la continuación de la lucha armada.



No hay nada de original tampoco en que las guerras civiles tomen a la población civil como objetivo. También en este caso se puede sustentar que se trata de una tendencia cada ve' más marcada en el seno de los conflictos recientes. Cada vez es más difícil distinguir entre las poblaciones que son tomadas como rehenes y las poblaciones que apoyan a los grupos armados. Los habitantes, de hecho, son muy a menudo arrastrados en los conflictos porque tienen que defender su propio pellejo.



El enfrentamiento colombiano está lejos de ser el único en el que la estrategia de los sectores armados pasa primero por el control de los recursos económicos locales. Es suficiente con evocar a este propósito el ejemplo de Angola, donde uno de los bandos obtiene su capacidad militar del dominio que ejerce sobre la producción de diamante, y el otro, del que ejerce sobre la producción petrolera; o, mejor aún, el ejemplo del antiguo Zaire, donde los múltiples protagonistas se reparten la producción minera del país. Para estos "empresarios de la guerra", objetivos políticos y económicos, acumulación de poder y prácticas sistemáticas de extorsión se encuentran indisolublemente mezclados. De la misma manera, casi en todas partes los grupos armados reclutan niños y adolescentes, para los cuales la guerra constituye un mercado de trabajo al mismo tiempo que el acceso a un mundo organizado y que son, tal vez, los que aceptan más fácilmente poner sus vidas en juego.



No es, pues! solamente Colombia el único lugar donde el contenido ideológico inicial del conflicto parece diluirse en algunas ocasiones debido a la mezcla de múltiples dimensiones y a la irrupción de otros fenómenos de violencia, que carecen de un sentido político; o donde la realización los objetivos políticos de los protagonistas armados se vale de recursos como someter a su tutela los poderes locales o poner las lógicas de "protección", que no son muy diferentes a las de las lógicas mafiosas. ¿Será necesario insistir en que todas las guerras tienen sus beneficiarios? De todas formas, los motivos políticos no siempre desaparecen.



Existe, sin embargo, un rasgo que distingue el enfrentamiento colombiano de muchas otras guerras civiles de la actualidad: el hecho de que no se puede hablar de un hundimiento del Estado. En muchos conflictos africanos (Sudán, Sierra Leona y, una vez más, el antiguo Zaire o Angola) la dislocación del Estado, reducido a no ser más que un actor entre otros, alimenta la generalización de la guerra. En Colombia el Estado sin duda no ejerce su autoridad sobre grandes porciones del territorio. Ya he mencionado la complicidad de ciertos sectores militares o políticos con los grupos de autodefensa, la intensidad de la corrupción o la ineficacia del aparato judicial. No obstante, las reglas del derecho no han perdido totalmente su validez, una parte de las instituciones continúa funcionando y un esfuerzo por modernizar las Fuerzas Armadas y reducir sus abusos se encuentra en marcha en este momento. El enfrentamiento armado, por lo demás, se mantiene en las zonas rurales y no ha alcanzado todavía las ciudades. Hay espacios urbanos, como Bogotá, donde se han impulsado políticas públicas eficaces orientadas a cambiar las condiciones de vida.



Se puede constatar, sin embargo, que el conflicto colombiano presenta muchas similitudes con lo que en otros lugares se considera una guerra civil. Es innegable que ya está presente en él un buen número de los componentes de una guerra civil. Muchos de los desarrollos recientes llevan a pensar que ha llegado un momento en que el conflicto puede caer perfectamente en una situación de esta naturaleza.



El conflicto armado, en efecto, asume mayores dimensiones cada vez más. Las FARC han demostrado desde 1995 que pueden infligir reveses importantes a las Fuerzas Armadas. Estas últimas han probado desde entonces que, dotadas de mejores medios de observación, pueden infligir por su lado duros golpes a las guerrillas. Sin embargo, son las autodefensas las que han mostrado mayor capacidad para amenazar los bastiones más sólidos de las guerrillas. Esto quiere decir que gana terreno la guerra irregular, que es el preámbulo del deslizamiento hacia la guerra civil. En muchas regiones esta última se encuentra ya presente, en efecto.



La degradación de las prácticas de la guerra favorece la guerra civil. Las atrocidades realizadas por los actores armados, las masacres sistemáticas en el caso de los paramilitares, la destrucción de pueblos, los asesinatos y los secuestros en el caso de las guerrillas, inducen progresivamente, en el plano local sobre todo, pero no solamente allí, la división de la sociedad y la difusión del clima de guerra. Poco importa que la población sea arrastrada a su pesar: el resultado está allí, es decir, la población se encuentra inscrita en las lógicas de la guerra.



Múltiples signos hacen temer una polarización creciente de una parte de la sociedad colombiana que ha manifestado siempre su escepticismo con las soluciones autoritarias; pero un porcentaje importante de la opinión parece experimentar ahora simpatía con las autodefensas. A la inversa, el Plan Colombia, con sus disposiciones militares y su programa de fumigación, al igual que la crisis económica y social, podría llevar a que otros sectores, a nombre del nacionalismo o del desespero, se inclinen a favor de las guerrillas o, en todo caso, ofrezcan '~ a estas últimas un apoyo político más amplio del que disponen hoyen día.



Finalmente, el estancamiento actual del proceso de negociación podría traer consecuencias desastrosas. Nunca las guerrillas volverán a encontrar condiciones tan propicias para llegar a acuerdos que recojan algunas de sus reinvidicaciones de cambio social. Si no se concreta algún paso hacia resultados sustanciales, un número cada vez mayor de sectores sociales podría adherir a la búsqueda de una solución por la fuerza, salida bastante ilusoria, en mi concepto. Tal evolución sólo traería como consecuencia el fortalecimiento de los grupos más opuestos a la modernización del país y, lejos de permitir el restablecimiento de la paz, desembocaría en una guerra más sangrienta e interminable.



`Constato perfectamente todos estos riesgos; sin embargo, sigo hace una "guerra contra la sociedad". Incluso si el conflicto toma cada vez más las características de una guerra civil, yo no dejaría de pensar, a riesgo de utilizar una expresión contradictoria, que ésta se desarrolla contra la mayor parte de la sociedad.



Los argumentos que he presentado líneas atrás contra la idea de guerra civil no pierden, me parece, su validez. Es posible que franjas cada vez más considerable de la población sean arrastradas a la guerra. No obstante, lo repito, considero que sólo una minoría acepta esta perspectiva—una minoría aún más ínfima quiere en realidad el triunfo d~ uno u otro bando—, porque la gran mayoría sólo aspira al restablecimiento de la paz.



La acogida que se ofrece a los programas de convivencia, el diseño de planes regionales de desarrollo y de paz, los esfuerzos de numerosas comunidades por organizarse con el fin de sustraerse a la violencia constituyen un testimonio de la resistencia de vastos sectores frente a la guerra. Los elementos de una cultura democrática, las expresiones electorales en favor de nuevas fórmulas políticas, las afirmaciones múltiples de la "sociedad civil" constituyen igualmente frenos al peligro de una guerra civil.



Para evitar el deslizamiento hacia esta última, falta todavía un elemento: una toma de conciencia por parte de las élites políticas de la urgencia de unirse alrededor de un plan de reforzamiento de las instituciones en todos los niveles, nacionales o regionales y, sin hacerla depender de los avatares de las negociaciones, una decisión efectiva de llevar a cabo transformaciones sociales, sin las cuales sería vano esperar un renacimiento de la confianza en la política y en el futuro.



Si sigo hablando de "guerra contra la sociedad" se debe también, no lo oculto, a un sentimiento personal. No soy hegeliano y no creo que la situación actual se pueda leer como una "astucia de la historia" que permitirá a Colombia encaminarse hacia una sociedad más equitativa y un régimen más democrático. Por lo demás, no creo que exista una especie de "cultura política" colombiana que predisponga a los colombianos a optar por la violencia. Veo por todas partes, incluso en las zonas de enfrentamiento, esfuerzos e iniciativas de toda índole por escapar a la guerra y por tratar de construir, a pesar de la violencia, formas nuevas de solidaridad y de participación ciudadana.



Desde hace varias décadas, Colombia oscila permanentemente entre dos tendencias: por una parte, la democratización de la sociedad y la consolidación de una cultura de la tolerancia; por otra, la fragmentación de los intereses, el rechazo de toda forma de regulación institucional y la violencia. Esta dicotomía no ha desaparecido. Frente a los que sólo creen en la guerra, hay muchos otros, más numerosos aún, que se esfuerzan por crear formas de sociabilidad pacíficas y por resistir a los embates del conflicto. Y, por la fuerza de las cosas, hay otros a los que sólo les queda el recurso de pasar de un lado a otro en función de las circunstancias.



No sé qué tendencia terminará imponiéndose. Pero estoy convencido de que la prolongación de la guerra sólo producirá perdedores, y Colombia, país que frecuento desde hace treinta y cinco años, no merece lo que le ocurre.



DANIEL PÉCAUT

12 de abril de 2001



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