Contralor Carlos Hernán Rodríguez afirma que el Estado ha sido ineficaz en judicialización y reparación en proceso con los paramilitares

Un pálido balance sobre los 20 años de la implementación de Ley de Justicia y Paz, bajo la cual se desmovilizaron los paramilitares, realizó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, quien llamó la atención por el incumplimiento de los principales pilares de esta norma, que eran la búsqueda de verdad, reparación y garantías de no repetición.

“La Contraloría General de la República considera que, después de 20 años de la Ley de Justicia y Paz, la gestión del Estado colombiano ha sido ineficaz. A pesar del tiempo transcurrido, aún no se ha logrado una judicialización efectiva, una reparación integral para las víctimas ni una reintegración exitosa de los postulados”, afirmó Rodríguez.

Para el contralor, la situación es grave y, por eso, advierte que “existen incumplimientos en la eficiencia, eficacia y efectividad de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Es imperativo implementar medidas estratégicas urgentes para superar estas deficiencias en el corto plazo. Además, se enfatiza que los bienes entregados por los exparamilitares y todos los bienes en el marco de Justicia y Paz deben tener como objetivo resarcir el daño causado a los colombianos”.

El contralor Rodríguez explicó que, desde la entidad, están haciendo seguimiento, como una evaluación, que busca nutrir y orientar futuras decisiones relacionadas con nuevas negociaciones con grupos ilegales, garantizando que se aprendan las lecciones del pasado y se eviten errores similares en el futuro.

“La Contraloría General, en su calidad de órgano de control del Estado, tiene la responsabilidad de velar por la transparencia, la eficiencia y la eficacia en la gestión pública, y este análisis es un paso fundamental en el cumplimiento de ese mandato”, afirmó Rodríguez.

En materia de costo fiscal, el contralor Rodríguez afirmó que las entidades reportaron que no cuentan con centros de costos o gastos detallados a ese nivel de desagregación, lo que dificulta cualquier ejercicio de vigilancia y control a Justicia y Paz.

En cifras claras, advirtió que el “Estado Colombiano ha destinado para la operación de Justicia y Paz un total de $ 17,7 billones. Este recurso ha sido ejecutado especialmente por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, con 86,52 %; seguido por la Fiscalía General de la Nación, con 11 %; la Rama Judicial, con 2,05 %; el Ministerio de Justicia y del Derecho, con 0,24 %, y la Agencia de Reincorporación y Normalización, con 0,19 %”.

Entre las cifras hay una que resulta particularmente preocupante, y se trata de los exparas que dejaron las armas con el proceso de paz, pero después no cumplieron con sus compromisos y, seguramente, hoy forman parte de los reductos criminales.

Cerca del 64 % de estos postulados fueron excluidos del proceso (3.243 personas), en su gran mayoría porque el postulado citado a versión libre no ratifico su voluntad de acogerse al procedimiento de Justicia y Paz (83 %).