"El cartel de la hemofilia tiene mucho que ver con el cartel de la toga": Contralor

SEMANA: ¿La Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría conformaron un bloque para combatir la corrupción. ¿Qué balance puede dar de esa iniciativa?

Edgardo Maya: El primer resultado importante es el cambio de actitud de la integración de los órganos de control con la entidad que investiga el crimen en un frente común para luchar unidos contra todas las formas de corrupción. Un buen ejemplo a seguir.

No se alcanza usted a imaginar lo importante que es esta alianza contra el indebido uso de los recursos públicos. Por ejemplo, cuatro de las investigaciones más emblemáticas de la Contraloría -Reficar, Cartel de la Hemofilia, Juegos Nacionales de Ibagué y Plan de Alimentación Escolar-, luego le sirvieron a la Fiscalía, para poner a rendir cuentas a toda clase de funcionarios ante la justicia, y a la Procuraduría para iniciar procesos de disciplinarios.

En el caso de Reficar ya fueron llamados a versión libre expresidentes de Ecopetrol y Reficar, y miembros de las juntas directivas de ambas empresas, entre otros. En el caso de los Juegos Nacionales ya van 20 capturados, entre ellos el exalcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez. Y en el caso del Cartel de la Hemofilia es aún más interesante porque las investigaciones de la Contraloría contribuyeron en buena parte a que se destapara todo el capítulo reciente de corrupción de la justicia y la política.

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SEMANA: Explíquenos eso por favor, ¿el Cartel de la Hemofilia tiene algo que ver con el cartel de la toga?

E. M.: Mucho que ver. Cuando comenzamos a poner al descubierto el cartel de la hemofilia y vimos la gravedad del tema, comenzamos a remitir pruebas la Procuraduría y a la Fiscalía. Cuando se entera el fiscal Néstor Humberto Martínez y ve ese cúmulo de hechos pavorosos, le da impulso enorme a la investigación y se dan las primeras seis capturas en Montería, todos los secretarios de Salud del exgobernador Alejandro Lyons y dos representantes de las IPS involucradas. Los capturados empiezan a hablar y es cuando Lyons se va del país a Estados Unidos. Y allá, es donde se da la famosa grabación que ha destapado el escandaloso caso que involucra a algunos magistrados y congresistas.

SEMANA: Usted presentó esta semana su informe de gestión. Si tuviera que mencionar solo tres temas, ¿En que cree que ha contribuido a esa lucha?

E. M.: Me pone usted a escoger. Le diría primero lo que hemos hecho con el SGP, que es una sigla que puede sonarle rara a muchos, pero se trata de los recursos que van a los más pobres del país para educación, salud, saneamiento básico y agua potable. Son cerca de 35 billones por año. ¡35 billones! Dos veces el valor del metro de Bogotá. Pero nunca se habían hecho auditorías con el énfasis que lo estamos haciendo en mi administración, de ahí nuestros resultados en el Programa de Alimentación Escolar, donde además del SGP, hemos mirado recursos de regalías y transferencias del Ministerio de Educación Nacional. Encontramos irregularidades en 17 departamentos. Lo mismo en los recursos de salud del SGP. En el caso del Cartel de la Hemofilia nos tocó revisar lo ya revisado para configurar hallazgos. Mientras yo sea Contralor no voy a permitir que se roben impunemente los recursos de la educación y la salud de los niños colombianos.

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SEMANA: ¿El segundo tema cuál es?

E. M.: El segundo caso, las investigaciones sobre temas energéticos: Reficar (que representa la seguridad energética del país), Electricaribe (el suministro de energía para toda la costa Caribe) y Bioenergy (el abastecimiento de biocombustibles para el interior del país). Lo interesante en estos casos es que se venían auditando de una manera diferente a cómo lo hicimos nosotros. Para decirlo de una manera sencilla: antes lo que se hacía era revisar los papeles del carro y lo que hicieron los funcionarios de la Contraloría ahora fue meterse debajo del carro. ¿Qué encontramos? En Reficar hallazgos con los cuales abrimos un proceso de responsabilidad fiscal por 17 billones de pesos, que es el más grande en la historia de Colombia. Y en Electricaribe, los subsidios que debían ser utilizados para aliviarles el pago de las cuentas de luz a 600 mil de los colombianos más pobres de la Costa Atlántica, fueron utilizados para disminuir las pérdidas de dicha empresa. Cabe anotar que en esta última investigación se utilizaron nuevas herramientas de datos (lo que se conoce como big data).

SEMANA: ¿Y el tercero?

E. M.: El tema de las regalías. Un equipo especial de la Contraloría no solo encontró nuevos elefantes blancos (en el Meta y Casanare sobretodo) sino que llegó a conclusiones interesantes de las que esperamos el gobierno tome nota: primero, que los recursos de las regalías se están gastado de manera dispersa y no en los grandes proyectos que necesitan las regiones; segundo, que los riesgos de corrupción son altos, el 85% de los contratos se hacen sin pluralidad de oferentes; y tercero, que el Fondo de Ciencia y Tecnología por 3,8 billones de pesos está en las manos equivocadas, porque los gobernadores suelen tener prioridades y urgencias diferentes a las de la Ciencia. Y estoy hablando de cualquier presupuesto sino de 33 billones en los últimos 5 años.

SEMANA: En su discurso de rendición de cuentas usted comenta el actual escándalo de la justicia y dice que no llegamos a eso "de un día para otro". Usted fue procurador y conoce de cerca la rama judicial. ¿Cómo llegamos a esto?

E. M.: Me refería a la corrupción en el país en general. Decía que la violencia que hemos padecido en todas sus formas –la de los narcos, la de los paramilitares y la de la guerrilla- ha sido el instrumento de muchos corruptos para conseguir sus fines. Que 50 años de conflicto armado, por hablar solo de las guerras más recientes, han hecho mucha mella en las instituciones. Por ejemplo, una reforma tan fundamental como la de la descentralización quedó en su momento a merced de los actores armados, sobre todo de los paramilitares, y de los políticos que los utilizaron. Y de ahí viene toda la corrupción en la alimentación y en la salud. Soy partidario de la descentralización pero el esquema diseñado lo han utilizado los corruptos para enriquecerse.

SEMANA: Prácticamente nadie cree que sea posible recuperar los dineros que el Estado pierde por cuenta de la corrupción. ¿Por qué usted dice que podrá recuperar por lo menos $1,6 billones de esos dineros? ¿Qué hace viable justo ahora esa posibilidad que antes no estuviera? ¿Dónde está esa plata?

E. M.: Estamos apretando el acelerador. Ya hemos logrado recuperar, en menos de tres años, $221.847 millones, que es casi cuatro veces más de lo que recaudó los cuatro años anteriores. Y estamos justo ahora dando una dura pelea en los juzgados para lograr el pago de $1,4 billones por parte de Saludcoop; de $174 mil millones por parte de Conalvías por el Transmilenio de la 26; y de 47 mil millones de la UAESP por el caso de las tarifas de basura. Sin duda, falta mucho por hacer... pero estamos en medio de la batalla.

SEMANA: Usted le ha metido el diente a temas que normalmente no son objeto de grandes investigaciones, por ejemplo la contratación de la alimentación escolar. ¿Cómo se articula esa corrupción del sector educativo con los otros grandes escándalos de corrupción del país?

E. M.: En este caso son feudos que tienen sus dueños. En la Costa Caribe, por ejemplo, obtuvimos información de una mujer que manejaba los hilos del PAE en La Guajira, Magdalena y Cesar. Y de otra que lo hacía en Córdoba y Sucre. El problema es que ninguna aparece en papeles. Y cada año pueden crear una nueva empresa de papel o comprar alguna con trayectoria incluida. Cambian la razón social y siguen campantes estos tránsfugas del crimen organizado. Lo que indigna es que después de denunciar en 2015 y 2016 los malos manejos, vuelven y se repiten en 2017. La pregunta es ¿qué papel juega el gobierno local de turno?

SEMANA: La opinión pública en general, más allá de la percepción que se tenga sobre la Contraloría, no entiende muy bien por qué se destapa tanto escándalo de corrupción pero al final da la sensación de que las cosas siguen igual. ¿Eso se puede cambiar?

E. M.: Destapar escándalos de corrupción produce un efecto contraproducente en la opinión pública: la gente tiende a sumergirse en la desesperanza y a pensar en que esto no tiene remedio. Pero más allá del impacto emocional, sin duda es mejor destapar la corrupción. El hecho de que hoy se conozcan más escándalos, no quiere decir necesariamente que hay más corrupción que antes. Yo pienso que podemos estar viviendo el comienzo de una era en la que ya no se tolerará más la corrupción. Lo importante es que la corrupción comienza a ser castigada como nunca antes y esos castigos deben servir como ejemplo. Hoy muchos corruptos están en la cárcel, destituidos y sancionados fiscalmente y vienen más, estamos en el arranque. Esto cambia o cambia.

SEMANA: Contralor, ¿Qué deben hacer las 10 entidades públicas que usted calificó de “ineficientes” para salir de esa vergonzante lista? ¿Eso puede también traducirse en corrupción?

E. M.: La calificación de “ineficientes” corresponde más que a la entidad completa, a sus oficinas de Control Interno. El Control Interno de las entidades públicas es fundamental para poder proteger los recursos de todos los colombianos. Y en particular si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional en un fallo del año pasado, le quito a la Contraloría General el control de advertencia y dijo que el control previo tenían que ejercerlo las oficinas de control interno, las superintendencias etc, pues que lo hagan. No vamos a dar más espera pues tienen que incorporarse en esta lucha o de no vamos a comenzar a denunciarlos como cómplices de los desmanes que encontremos y que ellos hayan podido evitar.

SEMANA: ¿De qué forma está auditando los recursos del posconflicto y, hasta la fecha, qué situación se ha encontrado?

E. M.: El posconflicto exige inversiones por $129,5 billones durante los próximos 10 años. Y por eso, así como tenemos una unidad especial para el control de regalías, que ha dado muy buenos resultados, ya montamos toda la estructura de una nueva unidad para que haga el control de los recursos del postconflicto. Funcionará con un equipo especializado enfocado exclusivamente en este tema en una gran alianza con la estructura de vigilancia actual de la Contraloria.

SEMANA: ¿Cómo luchar contra grandes transnacionales de la corrupción como Odebrecht y qué tanta es la colaboración de la Contraloría con otras jurisdicciones?

E. M.: Yo he dicho que así como existe la muerte política para los congresistas y demás servidores públicos, debe aplicarse una especie de muerte contractual. Estas compañías deben salir del país y debe prohibirse contratar con ellas.

SEMANA: ¿Se deberían acabar las contralorías regionales? ¿Por qué?

E. M.: Desde antes de llegar a Contraloría y cuando ejercía la Procuraduría estuve de acuerdo con la propuesta que hacía un referéndum de acabar con las contralorías departamentales y municipales. Antes de mi elección como contralor lo dije y ahora que ejerzo el cargo lo reitero. En Colombia hay 63 contralorías: 32 contraloría departamentales, 30 municipales y distritales y la Contraloría General de la República. Cada una haciendo lo que le parece y sin rendir cuentas a nadie. Esto no ocurre en ningún país serio del mundo y no puede seguir así. Tiene que haber una sola Contraloría. El presidente Santos con quien he hablado del tema ha estado de acuerdo. Vamos a hacer un estudio sobre todo el sistema de control fiscal, que atraviesa por una crisis pues no le entrega los resultados que la sociedad colombiana espera y que les cuesta anualmente 800 mil millones de pesos, para darles argumentos a los legisladores para hacer esa reforma que es cada vez más urgente.

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SEMANA: ¿Es posible, como dicen varios sectores políticos y económicos, establecer pliegos únicos en algunos sectores de contratación para evitar ‘amiguismos’ y casos de corrupción? ¿En qué casos podría hacerse?

E. M.: Pero claro que sí. Y ya los aprobó el congreso a pesar de la oprobiosa oposición de la Federación Colombiana de Municipios. Es uno de los golpes más grandes que se la ha dado al partido político más poderoso de Colombia que es el de los contratistas. Y desde luego aclaro que no todo los contratistas son corruptos. Los carteles de la corrupción se han especializado en hacer pliegos de licitación a la medida. Simulan hacer un concurso abierto y trasparente, pero en realidad es una pantomima porque ponen requisitos que solo pueden cumplir los contratistas que sirven para sus intereses particulares. Precisamente con la Procuraduría fuimos insistentes a favor de la ley que obliga a usar este tipo de pliegos estandarizados porque no es posible que el 87% de los procesos de contratación en los municipios no los utilicen. Puede que sea difícil ser optimistas, pero decisiones como estas son las que nos tienen que animar a que las cosas tienen que cambiar en este país.