Contraloría adelanta 74 procesos de responsabilidad fiscal en Atlántico; recursos públicos por $66.000 millones están bajo la lupa

La Contraloría General de la República está llevando a cabo una serie de procesos de responsabilidad fiscal en el departamento del Atlántico, con el objetivo de investigar irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de diferentes entidades y funcionarios. En total, se están adelantando 74 procesos por una cuantía de $66.043 millones.

La Gerencia Departamental de la Contraloría en el Atlántico también está llevando a cabo 64 procesos de responsabilidad fiscal por un valor de $18.268 millones. Estos procesos se destacan por diferentes actuaciones, entre las que se incluye un proceso relacionado con irregularidades en la construcción de centros de desarrollo en primera infancia, juvenil, adolescencia y adulto mayor en los municipios de Soledad, Manatí y Santo Tomás en el Atlántico. En este caso, el daño asciende a $5.016 millones.

En este caso, el proceso de responsabilidad fiscal se originó a raíz de una denuncia ciudadana que reveló una inadecuada planeación del contrato. La Contraloría encontró que los lotes dispuestos por las administraciones municipales no tenían áreas suficientes para los proyectos, algunos carecían de servicios públicos, y en algunos casos, no se obtuvo la aceptación de la comunidad. Además, según el órgano de control, no se convocaron veedurías ciudadanas para ejercer control social, y se encontró una edificación existente en un lote donde la demolición no estaba contemplada en el contrato de obra.

También detectó la Contraloría que no se cumplieron los lineamientos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para las locaciones de población de primera infancia, y no se gestionaron con anticipación los permisos ambientales y licencias de construcción, lo que obligó a la reformulación financiera de los proyectos. En este proceso, las compañías aseguradoras también están involucradas.

Los presuntos responsables fiscales incluyen a funcionarios de la Gobernación del Atlántico, la empresa contratista y las compañías aseguradoras.

Por otro lado, se están llevando a cabo otros procesos de responsabilidad fiscal en el Atlántico por irregularidades en la gestión fiscal desplegada por el Hospital Universitario CARI E.S.E. de Barranquilla en cuentas por cobrar, con un daño cuantificado en $2.404 millones.

En otro caso, se investigan irregularidades en el mejoramiento de la vía Ye de Piojó - Azucena - Autopista al mar en el Atlántico, con un daño de $1.563 millones. La Contraloría halló patologías y deficiencias en la carpeta de rodadura construida, lo que refleja debilidades en las labores de control en la ejecución de las obras.

También se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la adecuación y mejoramiento de la plaza de mercado del municipio de Luruaco en el Atlántico, con un daño de $1.258 millones. Se detectó falta de mantenimiento y subutilización de la infraestructura construida, lo que no satisface las necesidades de la comunidad.

Además, la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo está llevando a cabo ocho procesos de responsabilidad fiscal por un total de $38.109 millones. Uno de estos procesos se relaciona con irregularidades en el proyecto de vivienda ‘La Arenosa’ en Santo Tomás, Atlántico, con un daño de $2.917 millones.

Otro proceso investiga irregularidades en el proyecto de dotación de siete sedes del SENA para ofrecer programas de formación en el Atlántico, con un daño de $3.123 millones. Se detectó que los elementos contratados no fueron entregados al Sena como entidad beneficiaria del proyecto.

En total, la Contraloría General de la República está realizando una exhaustiva labor de fiscalización en el Atlántico para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos y la rendición de cuentas de las entidades y funcionarios involucrados.

Por último, la Contraloría informó que en el primer año de gestión (2022-2026) se han proferido tres fallos con responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriados por un total de $1.357 millones, afectando a entidades como el Sena, el municipio de Usiacurí y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Estos fallos destacan irregularidades en la ejecución de contratos y en la gestión de recursos públicos. Los presuntos responsables fiscales incluyen funcionarios de las entidades mencionadas y contratistas.

En el caso del Sena, tiene que ver con irregularidades en la ejecución de un contrato de 2016, suscrito entre el Sena y el Grupo Interproyectos Ltda., cuyo objeto fue la “adecuación y mejoramiento del ambiente de procesamiento de cárnicos y derivados en la sede urbana del centro para el desarrollo Agrológico y Agroindustrial del Sena Regional Atlántico”.