Nación
Contraloría advierte falta de recursos para víctimas del conflicto: “Siguen siendo insuficientes para cumplirles a 9 millones de víctimas”
Para el organismo de control, existen “grandes brechas” de asignación de recursos por parte de las entidades territoriales en relación con el número de víctimas presentes en los territorios.
La Contraloría General de la República aseguró que los recursos destinados a cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) resultan insuficientes para más de 9 millones de colombianos registrados en el Registro Único de Víctimas.
En la presentación conjunta del Décimo Informe de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y los Onceavos Informes de Seguimiento a Decretos Leyes Étnicos, la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Mesa Nacional de Víctimas y Comisionados de los pueblos étnicos advirtieron sobre la necesidad de mayores recursos para atender a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Según la Contraloría, entre 2023 y 2031, se requerirían alrededor de $ 252,4 billones constantes de 2023 para cumplir las medidas de asistencia, atención y reparación de las víctimas. Esto no incluye el costo de las sentencias de restitución de tierras ni los recursos necesarios para las entidades territoriales. Adicionalmente, se estima que se necesitarían $ 124,1 billones adicionales para la cobertura de educación y salud.
Los recursos requeridos para medidas específicas son los siguientes:
- Indemnización individual y colectiva: $ 84,2 billones.
- Vivienda: $ 71,8 billones.
- Generación de ingresos: $ 19,4 billones.
- Subsistencia mínima: $ 17,3 billones.
- Retornos y reubicaciones: $ 12,1 billones.
La Contraloría destacó la necesidad de mejorar la ejecución de los recursos disponibles tanto a nivel nacional como territorial, dado el rezago en la ejecución de recursos de inversión en 2022. A nivel nacional, aseguró, hubo un rezago en la ejecución de $ 732.100 millones y $ 420.819 millones correspondieron a productos o servicios no recibidos. A nivel territorial, estos datos alcanzaron $ 329.477 millones y $ 670.936 millones, respectivamente.
El análisis también señaló “brechas en la asignación de recursos” por parte de las entidades territoriales en relación con el número de víctimas presentes en los territorios. En algunos departamentos, la relación es muy baja, como $ 68 por víctima en Boyacá y $3 mil en Chocó.
La vivienda adecuada para víctimas de desplazamiento forzado también resulta insuficiente, detalló el órgano de control. A pesar de haber asignado subsidios para vivienda urbana y rural, existen 1.205.718 hogares pendientes de atención.
La población víctima registra altos niveles de pobreza y pobreza extrema. Se requiere, de acuerdo con la Contraloría, una política de generación de ingresos específica para esta población, dada la baja ejecución de recursos para generación de ingresos y la necesidad de reducir las tasas de pobreza monetaria y extrema.
En relación con los Decretos Leyes Étnicos, la Contraloría destacó la necesidad de ajustar el documento Conpes 4031 de 2021 para incluir el detalle de la financiación de las medidas para los pueblos étnicos y los universos pendientes de atención.
De igual forma, la Contraloría General hizo un llamado al Gobierno nacional para realizar un costeo detallado de los recursos necesarios para dar cumplimiento a los Decretos Leyes destinados a los pueblos indígenas, afrocolombianos y gitanos víctimas del conflicto armado.
Asimismo, reiteró la importancia de mejorar la atención y reparación integral de las víctimas en Colombia, ya que en 2022 se evidenciaron hallazgos fiscales con posible detrimento patrimonial por valor de $ 23.960 millones, que están siendo investigados.
El informe también resaltó la preocupante situación de crisis humanitaria en Colombia, especialmente relacionada con los desplazamientos forzados. Durante el 2022, se documentaron 129 episodios de desplazamiento masivo que impactaron a 56.558 personas, además de 47 casos de confinamiento que afectaron a 41.106 individuos.
La Comisión señaló un aumento del 32,5 % en los homicidios de líderes y defensores de derechos humanos comparado con el año anterior. Además, enfatizó las dificultades que enfrentan las comunidades desplazadas para ejercer su derecho al retorno y la reubicación.
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