Contraloría advierte que continúan “bloqueos institucionales” en la destinación presupuestal para las víctimas de desplazamiento forzado

Carlos Mario Zuluaga, vicecontralor en funciones de contralor general, intervino en una sesión técnica de la Sala Especial Seguimiento de la Corte Constitucional a la Sentencia T-025 de 2004, que se centra en la protección de los derechos de personas en situación de desplazamiento forzado. En esta sesión, se abordaron dos temas fundamentales: el presupuesto y la coordinación entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales.

En cuanto al presupuesto, se destacó que persisten bloqueos institucionales identificados por la Corte Constitucional en el auto de seguimiento 373 de 2016. Estos incluyen la falta de coordinación efectiva entre diferentes entidades estatales responsables de la política pública de desplazamiento forzado, la asignación de funciones y responsabilidades difusas, y la insuficiencia de recursos y capacidad institucional para cumplir con las obligaciones legales y constitucionales.

“Existe un profundo grado de desarticulación o ausencia de coordinación entre las distintas entidades estatales a cargo o con obligaciones en la política pública de desplazamiento forzado. La asignación de funciones y responsabilidades en cabeza de las distintas entidades es difusa. Además, la apropiación de recursos, o la capacidad institucional destinada a atender los componentes de una política, de cara a sus obligaciones legales y constitucionales, resulta insuficiente”, señaló Zuluaga.

El vicecontralor Zuluaga presentó cifras y conclusiones del ‘Décimo Informe de Seguimiento a la Implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras’, señalando que los recursos asignados para la población desplazada entre 2012 y 2022, así como los programados para 2023, continúan siendo insuficientes. Destacó la necesidad de un mayor esfuerzo fiscal por parte del Gobierno nacional para abordar esta problemática.

“Si bien, los recursos ejecutados por el Gobierno nacional y reportados en su informe por $159,3 billones, han superado las estimaciones de recursos del gobierno nacional realizadas en los Conpes 3712 de 2011 y 4031 de 2021, el cálculo de la CGR, sobre los universos identificados indica que, para ejecutar solo 8 medidas contempladas en la Ley con aplicación exclusiva para población desplazada en los próximos 9 años, se requerirían alrededor de $192,1 billones de 2023. Estas medidas no incluyen la prestación del servicio universal de salud y educación ni las medidas que se comparten con la población víctima de otros hechos victimizantes”, añadió.

Zuluaga subrayó la importancia de revisar y ajustar la aplicación de las medidas contempladas en la Ley 1448 de 2011 para la población desplazada, mejorar la coordinación entre las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas (SNARIV), establecer una ruta para la reparación integral de las víctimas y buscar nuevas fuentes de financiamiento para garantizar la atención y reparación de todas las víctimas de desplazamiento forzado.

En cuanto a la coordinación entre la Nación y los territorios, se destacaron varias dificultades identificadas en el Décimo Informe al Congreso de la República. Esto incluye, según Zuluaga, la falta de oportunidad en los resultados de las mediciones de indicadores de coordinación, la inexistencia de planes específicos de acompañamiento técnico para las entidades territoriales afectadas y la necesidad de mejorar la interoperabilidad de los sistemas de información utilizados para el seguimiento de la política pública a nivel territorial.

El vicecontralor también expresó su preocupación por la falta de avances concretos en las acciones planteadas por el Gobierno Nacional y la necesidad de revisar la asignación de recursos en territorios con graves afectaciones por el conflicto armado.

“Para la Contraloría es preocupante, la falta de avances concretos y los rezagos relacionados sobre las acciones planteadas por el Gobierno Nacional. La propuesta de presentar un plan de trabajo consolidado a 30 de noviembre, no permitirá su análisis por parte de todos los actores, perdiendo la oportunidad de mejora que es precisamente el fin último de estas sesiones técnicas”, enfatizó.