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Contraloría advierte sobre proceso de licitación de pasaportes: “Probabilidad de parálisis o intermitencia en la expedición incrementó”
De acuerdo con la entidad, la parálisis o intermitencia puede darse tanto en el territorio nacional como en el exterior.
La Contraloría General de la República lanzó una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores debido al “inminente riesgo” detectado en torno al proceso licitatorio suspendido de suministro, formalización y distribución de pasaportes.
En un pronunciamiento dirigido al secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar, el vicecontralor en funciones de contralor general, Carlos Mario Zuluaga, instó a tomar medidas inmediatas para prevenir la “parálisis o intermitencia” en la expedición de pasaportes tanto a nivel nacional como internacional.
La Contraloría advirtió que, debido a las recientes acciones de la administración, “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.
“Se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”, dijo Zuluaga.
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La advertencia surgió como resultado de un informe de seguimiento realizado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras. Se resaltó la aparente contradicción entre dos hitos ocurridos el 31 de julio de 2023: el informe del Comité Evaluador recomendando la adjudicación de la licitación y la emisión de la Resolución número 5778 suspendiendo el proceso.
El proceso licitatorio se mantiene suspendido sin una justificación clara y, como resultado, se presentan riesgos significativos para la prestación del servicio público de expedición de pasaportes, un servicio esencial que garantiza derechos fundamentales, indicó el organismo de control. El valor estimado del contrato asciende a $ 599.651′582.571, financiados por el Presupuesto General de la Nación.
La Contraloría enfatizó la necesidad de tomar medidas oportunas y aplicar los recursos legales disponibles para evitar posibles pérdidas de recursos públicos y garantizar la culminación exitosa del proceso licitatorio en cumplimiento del objetivo de contratación, que es de alto impacto social.
¿Qué pasa con la licitación para expedir pasaportes?
El canciller Álvaro Leyva ha gastado más tiempo en el cargo intentando apagar incendios de la cartera que trabajando en la diplomacia del país. Una “pequeña” discusión sobre cómo se garantizaría la elaboración de pasaportes en Colombia a través de una licitación, se le convirtió en un escándalo por cuenta de las dudas que existen sobre el proceso.
Aunque la Cancillería ha intentado demostrar que el proceso cuenta con todas las garantías, lo cierto es que cada vez aparecen más peros a la licitación y todos los oferentes concluyen que el ministro Álvaro Leyva estaría favoreciendo a la empresa Thomas Greg & Sons, que lleva más de 15 años con ese contrato.
Después de suspender el proceso y reanudarlo con unos supuestos cambios, los oferentes insisten en que la Cancillería no hizo modificaciones de fondo y así como están las cosas, la única empresa que podrá cumplir con todos los requisitos es Thomas Greg & Sons, lo que en Colombia se llamaría un pliego sastre o hecho a la medida.
Por esa razón, próximamente se conocerá el número de empresas que finalmente competirán por la millonaria licitación, ya que algunas han pensado que es mejor desistir “ante la evidente falta de garantías por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Esta adjudicación será la primera bajo la administración de Álvaro Leyva y ha sido una de las más cuestionadas del Gobierno Petro al superar el medio billón de pesos con una duración de 36 meses para elaborar los pasaportes en Colombia.
El asunto de fondo es que en el proceso hay empresas de varios países que han pedido modificar las condiciones de la licitación que, supuestamente, favorecen únicamente a Thomas Greg & Sons y no ha tenido resultado dicha petición.
El pasado 5 de julio la Cancillería anunció la reactivación del proceso de licitación y señaló que se habían hecho las modificaciones de fondo al pliego final, pero lo cierto es Thomas Greg sigue teniendo ventaja sobre las demás empresas.
Cabe recordar que, aunque este proceso ha generado polémica desde que se abrió, la Cancillería solo se pronunció hasta que la Procuraduría General de la Nación le puso la lupa al tema.
El pasado 19 de mayo, el procurador delegado segundo para la Vigilancia de la Función Pública, Fernando Grillo, advirtió que el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la selección del contrato, no había respondido a una serie de observaciones realizadas por el Ministerio Público, las cuales se referían al pliego de licitación y las condiciones de participación.
El procurador Grillo enfatizó en que “el proceso de suministro y personalización de pasaportes debe llevarse a cabo con los más altos estándares de seguridad y calidad, considerando que este documento no solo tiene implicaciones directas en la protección de la identidad y la integridad de los ciudadanos, sino que también es una herramienta fundamental para garantizar la seguridad nacional, el control y la circulación migratoria”.
Por esa razón, el Ministerio afirmó que la suspensión se dio “con la finalidad de dar aplicación de los principios inherentes a la contratación estatal, se considera necesaria la suspensión de los términos del presente proceso de selección, con la finalidad de analizar el conjunto de observaciones allegadas en contraste con las condiciones previamente conocidas por la Entidad, de manera que se posibilite el término suficiente para realizar las indagaciones técnicas especializadas a que haya lugar, así como la socialización de las mismas con distintos entes estatales que resultan competentes, conforme la complejidad y relevancia del proceso, así como el impacto en la seguridad nacional”.
